Condenados a prisión cuatro soldados acusados de una matanza de civiles en una región anglófona en 2020

La ausencia de indemnizaciones para los familiares de las víctimas constituye uno de los puntos más cuestionados tras las sentencias emitidas contra cuatro soldados cameruneses implicados en la muerte de 22 civiles, entre ellos 13 menores, en la localidad de Ngarbuh, al noroeste del país. Según recogió el medio ActuCameroun, un tribunal local determinó penas de entre cinco y diez años de prisión para los acusados. El veredicto se produce después de que el Gobierno de Camerún, meses después de los hechos ocurridos en febrero de 2020, confirmara la responsabilidad de efectivos militares en la masacre y reconociera que los sospechosos intentaron encubrir lo sucedido.

De acuerdo con ActuCameroun, los sentenciados fueron identificados como Maxwell Tana Nfor, Gilbert Haranga, Cyrille Sanding Sanding y Baba Guida. El proceso judicial se centró en su participación directa durante la operación militar en Ngarbuh, en la que se produjeron los asesinatos. El caso cobró relevancia nacional e internacional después de que Human Rights Watch (HRW) denunciara el alcance de la violencia ejercida y la falta de responsabilidad en instancias superiores de la cadena de mando. Ilaria Allegrozzi, investigadora de HRW, expresó a través de redes sociales que “los oficiales de alto rango quedaron impunes y las sentencias son insuficientes”. Añadió que “se perdió una oportunidad de rendición de cuentas” ya que, según detalló este medio, los asesinatos en Ngarbuh representan uno de los episodios más graves en el contexto del conflicto armado en las regiones anglófonas.

El abogado Sother Menkem, quien representa a las víctimas, indicó al medio británico BBC que la condena resulta “tan leve que puede calificarse de amistosa, ya que se está hablando de una masacre”, remarcando que el Código Penal de Camerún prevé condenas de diez años para delitos como asesinato e incendio. Según publicó la BBC, Menkem cuestionó la proporcionalidad de las penas en relación con la gravedad de los hechos y resaltó la ausencia de medidas de reparación para los familiares de los asesinados.

Las investigaciones oficiales, según reportó la Presidencia camerunesa en abril de 2020, acreditaron la responsabilidad del ejército en la operación que derivó en la muerte de los civiles. El comunicado oficial describió Ngarbuh como un “centro donde terroristas secesionistas se reagruparon y un polo logístico para el suministro de armas, municiones y combustible para los grupos secesionistas”. De acuerdo con dicho informe, el mayor Charles Eric Nyiangono autorizó una “misión de reconocimiento” comandada por el sargento Baba Guida. Para ejecutar la operación, Guida desplazó a tres militares y dos gendarmes que, junto a 17 miembros de un “grupo local de vigilantes”, ingresaron en el área. Conforme detalló la investigación, durante la incursión se habrían producido enfrentamientos y, en consecuencia, las muertes de los civiles.

Según consignó la Presidencia de Camerún, tras los hechos, tres de los militares, asistidos por miembros del comité local de vigilantes, intentaron borrar evidencias mediante incendios en el lugar. El propio Baba Guida elaboró un informe presentado a sus superiores en el que, según dicho medio, distorsionó los hechos de manera deliberada, lo cual condicionó la versión gubernamental inicial.

El contexto en el que se produjo la masacre está marcado por el conflicto en las regiones anglófonas de Noroeste y Suroeste, áreas que formaron parte de las antiguas colonias británicas y optaron por integrarse en el Camerún francófono. Según reportó ActuCameroun, la situación se deterioró significativamente a partir del 1 de octubre de 2017, cuando líderes separatistas proclamaron la independencia de la denominada Ambazonia. Tras la declaración unilateral, la respuesta del Gobierno incluyó operaciones de represión que han sido objeto de denuncias por parte de organizaciones de derechos humanos, atribuyendo a las fuerzas de seguridad múltiples violaciones.

En este escenario, informaron tanto Human Rights Watch como ActuCameroun, grupos armados han proliferado y el respaldo a las fuerzas separatistas, originalmente minoritario, ha crecido notablemente en los últimos años. La masacre de Ngarbuh se enmarca en la escalada de violencia y en el endurecimiento de las acciones militares, que han derivado en numerosas denuncias de abusos por parte de las organizaciones internacionales y la sociedad civil camerunesa.