El Gobierno aprobará mañana una regularización extraordinaria de migrantes por decreto tras pactarlo con Podemos

Durante un acto celebrado en Madrid, la eurodiputada Irene Montero expuso que las personas extranjeras que hayan residido en España al menos cinco meses hasta el 31 de diciembre de 2025 podrán beneficiarse de una autorización provisional de residencia, siempre que aporten pruebas de su estancia, tales como empadronamiento, informes médicos u operaciones de envío de dinero. Montero explicó que esta medida será posible tras el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Podemos, facilitando un proceso regulatorio que busca, según dijo, “garantizar los derechos de estas personas frente a la violencia racista”, y recalcó que desde su formación política se vigilará que todo el procedimiento transcurra de forma ágil y eficaz.

Según informó Europa Press citando fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el Consejo de Ministros aprobará este martes, 27 de enero, una regularización extraordinaria de migrantes mediante real decreto, fruto del pacto entre el Partido Socialista Obrero Español y Podemos. El medio consignó que la decisión no requerirá el respaldo posterior del Congreso, ya que el instrumento legal elegido lo hace innecesario, lo que permitirá acortar plazos y dotar de efectos inmediatos a la disposición.

Europa Press detalló que la regularización va dirigida a extranjeros que ya viven en territorio español, y las fuentes consultadas por la agencia explicaron que el objetivo del Ejecutivo es dotar de seguridad jurídica a una situación social ya existente y garantizar el acceso a los derechos de las personas migrantes. Este proceso, que retoma la esencia de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada en años recientes, responde a una demanda social respaldada por más de 700.000 firmas. La iniciativa, aunque fue apoyada en 2024 por la mayoría de los grupos parlamentarios —310 votos a favor frente a 33 en contra, todos estos últimos pertenecientes a Vox—, permanecía estancada en la tramitación parlamentaria.

Tal como reportó Europa Press, la regularización extraordinaria contempla una autorización provisional de residencia a quienes acrediten su estancia continuada en España al menos durante cinco meses previos al 31 de diciembre de 2025, para lo cual la documentación exigida podrá incluir certificados de empadronamiento, historiales médicos o pruebas bancarias de envío de remesas. El proceso de solicitud prevé mecanismos para que la administración expida estos permisos temporales en el menor plazo posible, algo sobre lo que Montero subrayó la vigilancia de su partido para evitar demoras o trabas burocráticas.

El despliegue de esta medida se produce después de que varios colectivos sociales y plataformas ciudadanas solicitaran al Gobierno acciones jurídicas dirigidas a regularizar la situación de un elevado número de personas extranjeras, muchas de las cuales llevan años residiendo y trabajando en España sin acceso pleno a derechos y protección frente a situaciones de vulnerabilidad. Según menciona Europa Press, la propia Montero aseguró ante asistentes al acto de Madrid que el consenso alcanzado con el PSOE materializa el compromiso político de ambos partidos por abordar una realidad social que afecta a miles de familias y trabajadores extranjeros.

Europa Press explicó, a través de fuentes del Ministerio de Inclusión, que este proceso de regularización extraordinaria pretende, en palabras del Gobierno, “dar una respuesta adecuada a las situaciones de hecho ya existentes”, poniendo sobre la mesa la necesidad de reconocer y formalizar la presencia de quienes han alcanzado integración social y laboral en España. Además, la decisión de optar por un real decreto habilita al Ejecutivo para sortear el trámite legislativo normal, que podría verse demorado en la actual coyuntura parlamentaria.

Este anuncio se sitúa en el contexto de la tramitación paralizada de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada en el Congreso, cuyo texto propuso anteriormente la regularización de cientos de miles de personas extranjeras con residencia irregular. Portavoces sociales y expertos en migraciones han venido reclamando a los poderes públicos una solución a la indefinición jurídica de numerosas personas migrantes, que se traduce en vulneración de derechos y en inseguridad social y económica para los afectados.

De acuerdo con Europa Press, la eurodiputada Montero recalcó la urgencia de aprobar la medida por decreto para “garantizar derechos y dar seguridad jurídica” frente a lo que calificó como episodios de discriminación y situaciones de riesgo para la población extranjera en situación irregular. El acuerdo político alcanzado marca un nuevo capítulo dentro de la política de inmigración española y representa una de las medidas de mayor alcance de los últimos años en cuanto a regularización administrativa de extranjeros.

Otras declaraciones recogidas por Europa Press resaltan el deseo de Podemos de asegurar que el proceso no se vea contaminado por discriminaciones ni prácticas burocráticas que dilaten sus efectos, a la vez que subraya la importancia de que los permisos de residencia provisionales garanticen un acceso efectivo a la protección social y laboral de las personas que logren regularizar su situación. La medida aparece como respuesta a una demanda ciudadana impulsada por asociaciones de migrantes y respaldada por sectores de la sociedad civil, incluida la recogida de firmas presentada a las Cortes.

En el panorama político, el paso dado por el Gobierno ha generado reacciones diversas, con el rechazo explícito del grupo parlamentario Vox y la adhesión de todas las demás fuerzas a la toma en consideración de la ILP en 2024, de acuerdo con los datos compilados por Europa Press. El avance de esta medida a través de real decreto sitúa la política migratoria española ante nuevas perspectivas en materia de integración y reconocimiento de derechos, en tanto que otorga ciertos beneficios a quienes en los próximos 18 meses puedan acreditar haber vivido en territorio español bajo los requisitos especificados.