El plan de Trump en Gaza da a luz dos organismos gestores en medio de la incertidumbre sobre sus labores

El pago de una contribución de mil millones de dólares (unos 860 millones de euros) para obtener un puesto permanente dentro de la nueva Junta de Paz ha generado interrogantes sobre la transparencia y equidad del proceso impulsado desde la administración estadounidense. Esta exigencia económica, acompañada de la presencia de Donald Trump como presidente “vitalicio” del organismo y la posibilidad manifestada por el propio mandatario de que la Junta eventualmente suplante a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en algunas funciones, ha ocupado un lugar central en el debate público y político, según ha reportado Europa Press. La noticia principal gira en torno a la creación, tras un acuerdo alcanzado en octubre de 2025 entre Israel y Hamás, de dos entidades administrativas para la reconstrucción y administración de la Franja de Gaza bajo un esquema propuesto por Estados Unidos.

Europa Press detalló que el plan, impulsado por Donald Trump y respaldado por una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en noviembre de 2025, contempla el establecimiento de la Junta de Paz y un comité tecnócrata encargado de la gestión cotidiana de Gaza. Estas entidades nacen en pleno contexto de devastación originada por la ofensiva militar israelí como respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, con el objetivo explícito de contribuir a la reconstrucción, la desmilitarización y el traspaso de competencias al margen de Hamás.

En la configuración de la Junta de Paz, Trump ha incluido a figuras internacionales como el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff, su yerno Jared Kushner y el ex primer ministro británico Tony Blair. El presidente estadounidense ha extendido invitaciones a diferentes líderes mundiales; sin embargo, pocos han aceptado formar parte de la iniciativa. El medio consignó que entre los gobiernos que han aceptado la invitación se encuentran Albania, Arabia Saudí, Argentina, Armenia, Azerbaiyán, Bahréin, Bielorrusia, Bulgaria, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Hungría, Indonesia, Jordania, Kazajistán, Marruecos, Mongolia, Pakistán, Paraguay, Qatar, Turquía, Uzbekistán, Vietnam y Kosovo.

Por otro lado, algunos países han decidido no pronunciarse, como Rusia y Ucrania, mientras otros han indicado de manera explícita que rechazan sumarse a la Junta de Paz. Francia, Suecia, Noruega y España han comunicado públicamente su decisión de no sumarse, en el caso español, por “coherencia”, ya que consideran que la Junta opera al margen de la ONU y excluye a la Autoridad Palestina, según informó Europa Press.

Una de las incorporaciones más controvertidas al organismo es la del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, sobre quien pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional por acusaciones de crímenes de guerra en Gaza. Netanyahu no pudo asistir a la firma oficial en Davos, Suiza, precisamente debido a esa situación judicial, aunque ha expresado su intención de sumarse al ente, de acuerdo a lo publicado por Europa Press.

En relación al plan de reconstrucción, Jared Kushner presentó en Davos una propuesta orientada a transformar Gaza en un destino turístico en tres años, con modernos rascacielos, un puerto y un aeropuerto, así como 180 torres para fines turísticos y complejos industriales entre las áreas denominadas como “Nueva Gaza” y “Nueva Rafá”. La iniciativa contempla la generación de más de 500.000 empleos en diferentes sectores, aunque no se han dado detalles operativos ni cronogramas claros para materializar estos proyectos. Las organizaciones internacionales y agencias de la ONU han advertido sobre la prioridad de atender la aguda crisis humanitaria en la población gazatí.

Europa Press aportó que Kushner ha señalado la seguridad como el factor fundamental para la reconstrucción, y remarcó la importancia de desarmar a Hamás como condición de avance. No obstante, persisten incógnitas en temas logísticos, como el desminado del territorio y la reubicación de cientos de miles de desplazados por el conflicto, asuntos que no han recibido respuestas concretas durante las presentaciones del comité ejecutivo.

Las dudas sobre la naturaleza y el alcance del nuevo organismo se profundizan ante los anuncios de Trump sobre la potencial expansión de la Junta de Paz como “organización internacional” destinada a promover la paz en diferentes zonas de conflicto, lo que ha sido percibido por los gobiernos reticentes como un intento de restar influencia a la ONU. A esto se suma el esquema de puestos permanentes sujeto al pago de la elevada contribución económica. Fuentes de la Casa Blanca, citadas por Europa Press, afirmaron esta semana que dicho pago no es un requisito estricto para los miembros, quienes en su defecto contarían con mandatos de tres años, y aclararon que los fondos recaudados se utilizarían directamente en los esfuerzos de reconstrucción.

El proceso de transición gubernamental en Gaza tras el acuerdo requiere la colaboración de distintos actores, tal como destacaron tanto Hamás como fuentes internacionales. Hazem Qasem, portavoz de Hamás, expresó la necesidad de que la nueva Junta de Paz ejerza presión a Israel para terminar con las restricciones fronterizas y facilitar la entrada de asistencia humanitaria, además de implementar una segunda fase del acuerdo de alto el fuego. Qasem subrayó que hay preguntas pendientes sobre el compromiso real del organismo con la defensa de los derechos palestinos y advirtió contra la posibilidad de que la Junta termine priorizando la seguridad israelí.

Qasem también rechazó la incorporación de Netanyahu a la Junta, calificando de “inaceptable” la presencia de “un criminal de guerra” en referencia al primer ministro israelí, e hizo un llamado a fortalecer el diálogo entre las distintas facciones palestinas con miras a asegurar que la transición no responda únicamente a los intereses o perspectivas de Israel.

El Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG), compuesto principalmente por tecnócratas palestinos y conocido oficialmente como la instancia a cargo de la gestión civil en la Franja, se encuentra encabezado por Alí Shaath, economista y exviceministro de la Autoridad Palestina. Este órgano tiene como uno de sus objetivos fundamentales restablecer servicios públicos esenciales, que forman parte de las demandas básicas de la población de Gaza, así como promover las condiciones para una economía sostenible en el mediano plazo. Europa Press informó que el CNAG ha llamado a Israel a levantar las restricciones en los pasos fronterizos, incluido el de Rafá, cuya reapertura está prevista para la próxima semana.

Shaath firmó los principios rectores para la actuación del CNAG en las áreas de paz, democracia y justicia, y por parte de las autoridades de Gaza, bajo control de Hamás, se manifestó total disposición a realizar el traspaso de competencias. En el ámbito más amplio, persisten interrogantes sobre la dinámica real entre el CNAG y la Junta de Paz, así como sobre el alcance del papel de Shaath en la gestión de Gaza y el futuro de los territorios palestinos, ámbito en el que permanece la controversia sobre la propuesta estadounidense de avanzar hacia la creación de un Estado palestino, frente al rechazo expresado por el gobierno israelí.

La propuesta estadounidense incluye la desmilitarización de Gaza y el desarme de Hamás, como elementos clave del esquema general. No obstante, los responsables del grupo islámico han sostenido que cualquier avance requiere compromisos concretos sobre la apertura de los puntos de acceso y el respeto al alto el fuego. Además, en la estructura delineada por la nueva administración se prevé una cooperación internacional, pero queda pendiente cómo se coordinarán los esfuerzos concretos de ayuda, aplicados por las ONG, la Autoridad Palestina y la comunidad internacional bajo el nuevo sistema.

Según publicó Europa Press, la presencia de personalidades señaladas por diversos sectores como polémicas, la ambición de Trump de posicionar a la Junta de Paz como alternativa a la ONU y la incertidumbre sobre el respaldo internacional y la viabilidad práctica del plan constituyen los principales factores de debate y reticencia en torno a la iniciativa de Estados Unidos para el futuro de Gaza.