La jueza propone juzgar al Real Madrid por el ruido en los conciertos del Santiago Bernabéu

La magistrada instruyó la causa por la denuncia vecinal según la cual no se permitía el uso del estadio para conciertos, dado que la licencia concedida en 2019 solo contemplaba encuentros de fútbol, y recalcó que el club y su administrador único no habían realizado estudios de prevención acústica ni aplicaron medidas efectivas para evitar la emisión de ruidos excesivos desde la remodelación del Santiago Bernabéu. Ante esta situación, la jueza ha considerado que existen indicios suficientes para citar a juicio al Real Madrid, así como a José Ángel Sánchez Periáñez, administrador único de la sociedad que gestiona el estadio, por presuntos delitos medioambientales, debido al ruido generado durante los conciertos celebrados entre abril y septiembre de 2024. Así lo detalló Europa Press tras acceder al auto judicial, en el que se da por terminada la instrucción y se inicia el procedimiento abreviado para que la Fiscalía y las acusaciones personadas preparen sus escritos y decidan si solicitan la apertura de juicio oral o archivan la causa.

De acuerdo con Europa Press, la investigación se basó en una querella presentada el 15 de julio de 2024 por la Asociación vecinal de perjudicados por el Bernabéu contra la sociedad explotadora del recinto y su administrador, responsabilizándolos de posibles delitos por la “emisión excesiva de ruidos” durante los eventos no deportivos organizados tras la remodelación del estadio. Los vecinos sostuvieron en su denuncia que el club blanco, junto con los organizadores de conciertos, vulneró reiteradamente la normativa municipal sobre niveles de ruido, y que ni la entidad ni su directiva implementaron las necesarias medidas de insonorización.

Europa Press informó que en la instrucción se solicitaron a la Policía Municipal todas las actas de medición de ruidos en torno al estadio desde el 26 de abril hasta el 15 de julio de 2024, coincidiendo con las fechas en que se celebraron los conciertos. Además, la jueza pidió informes sobre el número de llamadas y denuncias telefónicas recibidas por emergencias, que alertaban de “ruidos excesivos” asociados a dichos espectáculos.

En la querella vecinal se aportó una relación detallada de los conciertos realizados desde abril de 2024, indicando que el sonido generado por estos eventos sobrepasó la licencia urbanística, la cual obligaba a implementar soluciones para evitar molestias por ruidos al entorno. Los conciertos implicados incluyen los de Taylor Swift los días 29 y 30 de mayo, el espectáculo de Duki el 8 de junio, el de Manuel Carrasco el 3 de julio, y los de Luis Miguel el 6 y 7 de julio. Según la denuncia, en todos estos casos se habría sobrepasado el límite sonoro permitido por la normativa del Ayuntamiento de Madrid.

El medio Europa Press consignó que el Ayuntamiento abrió varios expedientes sancionadores, centrados en los promotores de los eventos, calificando los hechos como “infracciones muy graves” y aplicando multas que oscilaron aproximadamente entre 16.000 y 148.000 euros. Los vecinos consideraron insuficiente la reacción institucional, criticaron la falta de una respuesta más contundente para proteger el derecho al descanso y acusaron tanto al alcalde como a responsables de Urbanismo de haber sido conocedores y tolerantes respecto a la persistencia del ruido. En palabras de la asociación querellante “desde el primero” de los conciertos se superaron los decibelios permitidos “sin adoptarse ninguna medida en el edificio para evitar las indeseables consecuencias”.

Los escritos vecinales, recogidos por Europa Press, insisten en que para utilizar el estadio en conciertos se requería una autorización específica para cada caso, ausente en todos los eventos señalados. Complementaron su denuncia con informes periciales elaborados por ingenieros acústicos, concluyendo que la inmisión sonora a la que se expuso el entorno del estadio Santiago Bernabéu vulneró la normativa de ruido municipal.

Respecto a la actuación municipal, la asociación lamentó que la respuesta se limitara a la tramitación de expedientes y la imposición de sanciones por valores de hasta 20.000 euros, montos que, en su opinión, resultan “ridículos” dada la repercusión de las molestias sobre la población afectada.

En relación con la tramitación judicial, Europa Press relató que la jueza finalizó la instrucción considerando que, de las pruebas practicadas, “hay indicios de que en todos los conciertos se superaron los límites sonoros establecidos”, y que los responsables debieron prever y evitar la afección ambiental. Para proseguir el procedimiento, el auto concede traslado al Ministerio Fiscal y a las acusaciones particulares para que decidan si formulan acusación o solicitan el sobreseimiento.

El juzgado, no obstante, aclaró en el auto que su labor no incluye analizar la corrección de la tramitación de los expedientes sancionadores ni la idoneidad de las multas impuestas, por lo que no evaluará si esas sanciones administrativas son suficientes o si corresponde ampliar la responsabilidad a miembros del Ayuntamiento. La magistrada alude al criterio de la jurisprudencia, que excluye la atribución automática de responsabilidad penal a quienes ocupan cargos municipales por el solo hecho de su función, salvo que acrediten dominio sobre los hechos.

De este modo, tal como publicó Europa Press, la causa permanece centrada en el posible delito medioambiental cometido por el Real Madrid y su administrador, por la organización de conciertos con superación de los umbrales máximos de ruido y la ausencia de medidas de control, a la espera de la decisión del Ministerio Público y las partes personadas sobre los próximos pasos judiciales.