"Forzar la aplicación provisional del acuerdo mientras el TJUE analiza su legalidad solo contribuiría a aumentar la desconfianza del sector agrario y de los ciudadanos hacia la Unión Europea", advirtió la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja). De acuerdo con un comunicado difundido por la organización, citado por diversos medios, la entidad pidió a la Comisión Europea y al Consejo que no activen provisionalmente el tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estudia su legalidad, tal como solicitó el Parlamento Europeo.
Según detalló Asaja, el Parlamento Europeo aprobó recientemente una resolución que instó expresamente a las instituciones comunitarias a pedir un dictamen al TJUE sobre la legalidad del acuerdo comercial negociado con Mercosur, compuesto por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Esta solicitud fue resultado de una votación en la que la Cámara mostró divisiones internas, reflejando la existencia de desacuerdos tanto jurídicos como políticos respecto al tratado.
La asociación agraria insistió en que ejecutar de manera provisional el pacto, antes de conocer el fallo del TJUE, desvirtuaría una resolución democrática adoptada por el Parlamento y podría socavar la confianza del sector agrario y del conjunto de la ciudadanía hacia las instituciones europeas, según informa el comunicado citado por los medios. Asaja subrayó que el pronunciamiento de la Eurocámara no debe considerarse meramente simbólico, sino vinculante para el resto de los órganos de la Unión.
El sector agrario europeo, representado por Asaja, advirtió sobre lo que considera un riesgo para la seguridad jurídica si el acuerdo comenzara a aplicarse solo en espera del dictamen judicial. De acuerdo con la asociación citada por los medios, el debate sobre la relación comercial con los países sudamericanos ha escalado en la agenda política europea debido a la movilización del campo, incluida la convocatoria de protestas y concentraciones en sedes como Bruselas y Estrasburgo en semanas recientes.
El seguimiento en torno a la postura de la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Teresa Ribera, también genera inquietud en el sector agrícola. Según informó Asaja, las declaraciones de la funcionaria que favorecen una entrada en vigor provisional no solucionarían las dudas de tipo legal ni las preocupaciones sostenidas por productores y organizaciones agrarias.
Asaja reiteró que su demanda no pretende frenar las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Mercosur, sino garantizar un proceso que respete las garantías legales y la institucionalidad. Para la organización agrícola, corresponde al Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinar el futuro del acuerdo, sin que ello se vea condicionado por decisiones políticas anticipadas o parciales. La entidad reafirmó que cualquier paso en la activación del pacto requiere un marco de seguridad jurídica pleno y el respeto a la autonomía de las instituciones que representan a los ciudadanos europeos, según reportó la organización en su comunicado, consignado por diferentes medios.
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