La Eurocámara denunciará el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la UE

El Parlamento Europeo aprobó por una diferencia de diez votos una petición al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que evalúe la conformidad legal del acuerdo comercial alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur, medida que en los hechos congela el proceso de ratificación parlamentaria. De acuerdo con la información publicada por el medio de comunicación, la propuesta de recurrir judicialmente al máximo organismo europeo surge de amplias dudas sobre si el acuerdo cumple con la legislación comunitaria, lo cual viene generando divisiones políticas internas en el seno de la Eurocámara.

Según consignó el medio, la resolución de pedir un dictamen jurídico al TJUE se votó en el pleno del Parlamento y resultó vencedora por 334 votos favorables, frente a 324 en contra y 11 abstenciones. La iniciativa fue impulsada principalmente por los grupos de izquierda europeos, que argumentaron la falta de garantías suficientes respecto al alineamiento del tratado con el Derecho comunitario. Al mismo tiempo, se rechazó una segunda propuesta similar que había sido promovida por el grupo de ultraderecha Patriotas por Europa. Esta última recibió 225 votos a favor, 402 en contra y 13 abstenciones, mostrando los diferentes posicionamientos políticos respecto al acuerdo.

El medio indicó que, aunque el trámite parlamentario queda por el momento suspendido mientras el TJUE responde a la consulta, la aplicación provisional del acuerdo podría ser puesta en marcha por la Comisión Europea, sin la ratificación previa del Parlamento, dado el diseño institucional de la UE en materia comercial. En este contexto, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, defendió el pacto durante esa misma jornada como un hito de relevancia, tras haber viajado a Paraguay el domingo anterior para suscribir el acuerdo con los países del bloque sudamericano.

A pesar de la votación negativa del Parlamento a la ratificación, la Comisión Europea ha optado por no emitir valoraciones definitivas hasta revisar el resultado y sus posibles implicancias. El portavoz de Comercio de la Comisión, Olof Gill, se refirió a la decisión parlamentaria en conferencia de prensa, opinando que "a ojos de Bruselas, la motivación de la Eurocámara para acudir al TJUE no está justificada". Gill sostuvo que desde el Ejecutivo comunitario se han tomado medidas para responder a las inquietudes formuladas por los eurodiputados. Según detalló el medio, Bruselas considera que ha abordado los principales puntos de preocupación sobre normativas y estándares.

De acuerdo con la información dada a conocer, el paso dado por la Eurocámara implica una pausa formal del proceso político de ratificación en el Parlamento Europeo, obligando a esperar el pronunciamiento del TJUE sobre la compatibilidad legal del tratado. Fuentes legislativas consultadas por el medio explicaron que la diferencia de solo diez votos refleja la fuerte división sobre el pacto comercial, en particular respecto a sus implicancias para sectores económicos, la competencia, el desarrollo sostenible y los marcos jurídicos europeos.

El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, sobre el que versa el procedimiento, busca establecer un área de libre comercio entre ambos bloques, facilitando el acceso a mercados para bienes y servicios y estableciendo condiciones para inversiones mutuas. Sin embargo, la revisión de sus términos y su encuadre dentro de la legislación europea han enfrentado resistencia por parte de una parte de los eurodiputados y de organizaciones sociales, señaló la fuente periodística, lo que ha derivado en esta acción sin precedentes hacia el tribunal comunitario.

Mientras la Comisión Europea evalúa su posición frente a la iniciativa parlamentaria, subsisten las dudas entre los Estados miembros y las distintas fuerzas políticas sobre la idoneidad de avanzar en la aplicación provisional del tratado. Tal como reportó el medio, este proceso podría seguir adelante al margen de la ratificación legislativa, aunque este aspecto también está sujeto a debate político y legal a la espera de la decisión del TJUE.