Irán confirma la muerte de más de 3.000 personas en las protestas pero las atribuye a "incidentes terroristas"

La cifra de fallecidos a raíz de las protestas recientes en Irán ha sido difundida por primera vez de manera oficial por la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, una entidad estatal. Este organismo indicó que al menos 3.117 personas han muerto, aunque el desglose completo de identidades y circunstancias aún no se conoce, según consignó la cadena de televisión pública IRIB. En este primer balance, la fundación diferenció entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad, pero 700 de las víctimas todavía no figuran con detalles identificativos claros. El anuncio se ha dado en un contexto en el cual autoridades de Irán atribuyen este elevado número a lo que denominan "incidentes terroristas", descartando que la represión ejercida por los cuerpos de seguridad esté detrás de la mayoría de las muertes, informó IRIB y recogieron diferentes medios internacionales.

De acuerdo con lo reportado por la autoridad estatal, del total de víctimas confirmadas, 2.427 corresponden a civiles y efectivos de seguridad. Sin embargo, la ausencia de datos más precisos sobre los 700 restantes deja sin aclarar cuáles fueron las circunstancias de esos fallecimientos. El medio IRIB registró que el gobierno sostiene que la mayoría de las muertes resultaron de ataques perpetrados bajo la calificación de "acciones terroristas" y no como consecuencia directa de la actuación de las fuerzas policiales o militares en el control de las movilizaciones.

Al margen de la versión oficial, múltiples organizaciones de defensa de los derechos humanos presentaron cifras superiores a las reconocidas por el Estado. Estas entidades aseguraron, según publicó la cadena estatal y el comunicado mencionado, que el balance real supera los 4.500 muertos, y los esfuerzos de verificación continúan. Voces defensoras de los derechos humanos añadieron que sus equipos trabajan en la comprobación de otros 9.000 presuntos fallecimientos asociados a la ola de protestas, proceso dificultado por el apagón de telecomunicaciones que experimentaron varias regiones de Irán durante la crisis, según detalló IRIB.

Hasta la aparición de este informe de la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos, no existía un dato oficial sobre el alcance de la mortalidad en las manifestaciones. El reporte coincide con la presión de la comunidad internacional y de agrupaciones de derechos civiles, que desde el inicio de la represión reclamaron transparencia y acceso a información precisa sobre el saldo de víctimas resultante de la confrontación entre manifestantes y fuerzas estatales. Organizaciones no gubernamentales señaladas por IRIB sostienen que la falta de información abierta y la restricción de comunicaciones han dificultado la labor de verificación independiente, lo que sigue generando dudas sobre la magnitud del fenómeno.

El comunicado gubernamental, difundido por la televisión nacional y recogido por medios como la agencia IRIB, no incluyó detalles sobre la identidad de las víctimas más allá de la separación en civiles y personal de seguridad. Tampoco se especificaron las circunstancias en que se produjeron las muertes de los casi 700 fallecidos no identificados hasta el momento, manteniendo el hermetismo sobre los hechos concretos.

Entre las diversas fuentes citadas por IRIB, ONG internacionales dedicadas a la vigilancia en materia de derechos humanos señalaron que el apagón de las telecomunicaciones, implementado como medida de control durante las movilizaciones, impidió la recopilación exhaustiva de datos y contribuyó a la demora en la elaboración de balances independientes. Estas organizaciones indicaron que el número final de víctimas podría incrementarse a medida que se restablecen los canales de comunicación y se completan las investigaciones.

Las autoridades iraníes han insistido, según la cadena pública, en atribuir los hechos a una serie de atentados y ataques aislados en distintos puntos del país. La narrativa oficial rechaza que la actuación de las fuerzas de seguridad constituya el principal factor de mortalidad, y sigue apelando al uso de la expresión "incidentes terroristas" para definir el contexto de violencia en que ocurrieron los decesos, detalló IRIB.

Mientras tanto, defensores de los derechos humanos continúan su labor de recopilación de testimonios y verificación documental, a la espera de poder determinar con exactitud no solo el número total de muertos, sino también las circunstancias que rodearon a cada fallecimiento. La disparidad entre las cifras oficiales y las independientes resalta la opacidad y el desafío que implica el recuento de víctimas en escenarios donde el acceso a la información se ve limitado por medidas estatales, reportó IRIB.

El saldo provisional divulgado por la Fundación de Asuntos Mártires y Veteranos mantiene el debate sobre la responsabilidad institucional ante la mortalidad registrada en las protestas, y deja abierta la necesidad de un esclarecimiento más profundo conforme surjan nuevos datos y avances en las investigaciones, según informó la televisión pública iraní.