
El proceso jurídico abierto en la Unión Europea sobre el acuerdo con Mercosur ha introducido una etapa de incertidumbre y vigilancia para los colectivos agrarios de Galicia. Según el medio Europa Press, las entidades convocantes de las protestas en Lugo, Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema, han destacado que las acciones masivas de agricultores y ganaderos en distintos puntos de España y Europa han resultado determinantes para que la Eurocámara trasladara el tratado comercial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La noticia principal es que la decisión del Parlamento Europeo de someter el acuerdo UE-Mercosur a revisión judicial suspende en la práctica la ratificación del pacto, aunque la Comisión Europea podría activar su aplicación provisional.
Los ganaderos concentrados en Lugo, que mantienen su presencia con cerca de 150 tractores en uno de los carriles de la ronda de la Muralla desde el 12 de enero, aguardan la reunión interna convocada para las 22:00 de este miércoles, tras diez días de movilizaciones, para decidir si mantienen las protestas o modifican su estrategia. De acuerdo con Europa Press, la voluntad de los manifestantes refleja tanto el cansancio acumulado por el tiempo fuera de las explotaciones como la importancia que otorgan al dictamen europeo.
Las reacciones de los representantes del sector primario gallego ante la intervención judicial son de cautela y expectativa, a la vez que recalcan la trascendencia de la consulta al TJUE. Noelia Rodríguez, presidenta de Agromuralla, subrayó en declaraciones recogidas por Europa Press que “la perspectiva jurídica es siempre muy necesaria, para todas las partes, tanto para detractores como para simpatizantes del acuerdo” y añadió que la valoración de la compatibilidad normativa por parte de un órgano independiente resulta imprescindible. La dirigente también insistió en que el trato con terceros países con regulaciones diferentes demanda un análisis legal minucioso.
El dictamen solicitado al TJUE fue aprobado en el Parlamento Europeo con 334 votos favorables, 324 en contra y 11 abstenciones, según publicó Europa Press. Esta propuesta fue impulsada por la izquierda europea. Mientras, una iniciativa similar, planteada por el grupo Patriotas por Europa desde la ultraderecha, no prosperó al sumar solo 225 votos a favor, frente a 402 en contra y 13 abstenciones.
Miguel Gómez, portavoz de los ganaderos de Maceda en la provincia de Ourense, expuso, según consignó Europa Press, que su colectivo mantiene la intención de continuar con las protestas y que analizarán internamente el rumbo de las movilizaciones. Gómez insistió en que “esto no está ganado” y valoró el voto de la Eurocámara como un paso adelante, aunque insuficiente hasta que se conozca un dictamen firme del TJUE. El portavoz hizo hincapié en la relevancia de que los ganaderos y agricultores españoles hayan salido a la calle, igualando así el empuje de movilizaciones en Francia, y afirmó que la unidad social ha permitido modificar un escenario que muchos consideraban inamovible. Gómez reclamó también una reunión directa con representantes del Ministerio de Agricultura, dando a entender que las protestas podrían trasladarse a otros espacios hasta obtener respuestas concretas, y mencionó la necesidad de abordar asuntos pendientes como la vacunación obligatoria frente a la enfermedad nodular y los planteamientos de la futura Política Agraria Común (PAC).
En paralelo, Unións Agrarias valoró públicamente la decisión comunitaria de elevar el acuerdo a una revisión legal, argumentando que “en un acuerdo tan importante como UE-Mercosur, poner el proceso bajo control jurídico no solo es razonable, es imprescindible”. El sindicato detalló que abre una fase de espera hasta que el Tribunal emita su decisión. El dictamen, recalcan en declaraciones recogidas por Europa Press, será vinculante desde el momento de su publicación y podrá frenar o condicionar la entrada en vigor del tratado. Unións Agrarias subrayó que aunque se detiene la ratificación formal, permanece la posibilidad de que el Consejo europeo decida activar una aplicación provisional de partes del acuerdo, lo que consideran una fuente de inseguridad para los sectores más vulnerables.
El sindicato agrario también llamó a que el Parlamento Europeo contemple la toma de medidas con el fin de evitar que se aplique el acuerdo con carácter provisional sin una base jurídica clara y definitiva. Según lo detallado por Europa Press, Unións Agrarias anunció que continuará su labor de interlocución con los sectores directamente afectados, indicando que su objetivo es garantizar que, de avanzar el tratado, lo haga con normas claras, mecanismos de control verificables y garantías suficientes para el sector agrario, soslayando las consignas y apostando por el trabajo permanente durante esta etapa de indefinición.
El contexto de las protestas refleja no solo la preocupación por la seguridad jurídica, sino también por el impacto que la entrada en vigor de un acuerdo como el de UE-Mercosur podría generar sobre la regulación, los estándares y la competencia en el sector primario gallego y español. Los colectivos señalan que el posible riesgo para los productores locales radica en el diferencial normativo y los desafíos de competir en igualdad de condiciones con mercados extracomunitarios. El proceso, según Europa Press, está ahora a la espera de que el máximo tribunal europeo determine la adecuación del tratado con Mercosur al Derecho comunitario, lo que definirá los siguientes pasos tanto para las instituciones como para los actores sociales implicados.
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