Un reciente informe elaborado por el ECIPE calculó que posponer la entrada en vigor del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur durante 2026 podría costar a la economía europea 4.400 millones de euros en Producto Interno Bruto no generado, así como 3.000 millones de euros en exportaciones no efectuadas. Tal como publicó el medio, el Gobierno de España alertó de que cualquier mes de retraso ocasiona consecuencias económicas inmediatas sobre la competitividad de los sectores productivos nacionales, en un contexto donde destaca la importancia de aprovechar las oportunidades que ofrece el acuerdo.
España expresó su confianza en que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea respaldará la “solidez jurídica” del acuerdo con Mercosur, según informó el medio. El Ejecutivo considera que el texto, en cuanto a estructura y contenido, no presenta diferencias relevantes respecto a otros convenios comerciales ya ratificados por la Unión Europea con terceros países. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Economía consultadas por el medio, solicitar una opinión al TJUE sobre competencias y compatibilidad con los Tratados constituye un procedimiento común en negociaciones de estas características.
El gobierno lamentó la postura crítica expresada por el Parlamento Europeo ante diversos aspectos del acuerdo con Mercosur, pero subrayó que el proceso en el TJUE no supone impedimento para una entrada en vigor parcial o provisional del tratado, siempre que uno de los países miembros de Mercosur lo ratifique formalmente. Tal como detalló el medio, desde el Ministerio de Economía se enfatizó la intención de mantener la colaboración con los socios europeos y Mercosur, con el propósito de consolidar los avances y asegurar la activación del convenio en el momento actual, marcado por incertidumbres geopolíticas.
El Ministerio de Economía resaltó que la entrada en vigor del acuerdo permitiría a las empresas un aumento en las oportunidades de exportación, eliminación de obstáculos regulatorios y un efecto positivo sobre el tejido económico nacional. Según publicó el medio, una de las principales características del tratado es la eliminación de más del 90% de los aranceles aplicados a las exportaciones europeas, permitiendo un ahorro anual para las empresas de más de 4.000 millones de euros en concepto de derechos aduaneros.
El Ejecutivo insistió en que “cada mes de retraso en la entrada en vigor del acuerdo UE-Mercosur implica costes relevantes para nuestra economía y para la competitividad de nuestros sectores”. Subrayó, en diálogo con el medio, que el acuerdo representa una herramienta estratégica frente a retos comerciales globales y puede proporcionar beneficios inmediatos. Fuentes oficiales recordaron, como consignó el medio, que la puesta en marcha del tratado tan pronto como sea posible constituye una prioridad para el país, en la medida en que impacta directamente en la capacidad de las empresas españolas para acceder a nuevos mercados, competir en igualdad de condiciones y aprovechar ventajas arancelarias.
El texto del acuerdo, según informó el medio, sigue procedimientos previstos en materia de política comercial europea, lo que posibilita avanzar en procesos de ratificación de manera escalonada, respetando los cauces institucionales y legales dispuestos por la Unión. El Gobierno pretende continuar el diálogo y las negociaciones tanto con sus socios comunitarios como con los países de Mercosur para fomentar el avance en los trámites y reducir las demoras asociadas a consultas jurídicas. Además, señaló que la estabilidad y certidumbre jurídica asociadas a la resolución del TJUE resultan claves para asegurar la confianza de los actores económicos involucrados.
De acuerdo con los datos detallados por el ECIPE y recogidos por el medio, el potencial impacto económico negativo por demoras en la entrada en vigor del acuerdo se traduce en una pérdida mensual significativa no solo para el producto de la región sino también en términos de retrocesos en el volumen de exportaciones proyectado para los próximos años. El Ejecutivo reiteró la urgencia en tomar decisiones que favorezcan la apertura comercial y permitan dar respuestas rápidas a los retos de la economía global, haciendo énfasis en la importancia estratégica del acuerdo para el desarrollo del país y la Unión Europea.
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