Madrid, 21 ene (EFE).- Un total de 1.981 personas fueron asesinadas en 2025, entre personal sanitario y pacientes, por ataques a instalaciones sanitarias en conflictos armados, el doble que en 2024, debido a que los estados "eluden cada vez más su obligación de respetar el derecho internacional humanitario" en conflictos, según un informe de Médicos Sin Fronteras (MSF).
El trabajo, titulado "La atención médica en el punto de mira", recoge datos que muestran que el número de personal sanitario y pacientes asesinados por esos ataques alcanzó en 2025 niveles récord, como consecuencia de "no proteger las instalaciones, al personal ni a los pacientes".
"Este cambio refleja una priorización de las necesidades militares sobre la obligación de proteger a los civiles y mitigar los daños a la población civil", denunció Erik Laan, experto en incidencia política de MSF en una nota de esta organización.
En 2025, el Sistema de Vigilancia de Ataques contra la Atención Sanitaria (SSA) de la Organización Mundial de la Salud informó de un total de 1.348 ataques contra instalaciones médicas que causaron la muerte de esas 1.981 personas (trabajadores médicos, humanitarios y pacientes). Esta cifra multiplica por dos las 944 muertes de 2024.
Sudán fue el país más afectado, con 1.620 personas asesinadas, seguido de Myanmar con 148, Palestina con 125, Siria con 41 y Ucrania con 19.
Casi diez años después de una resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que condenaba los ataques contra la asistencia sanitaria y pedía el fin de la impunidad, estos acciones militares están alcanzando niveles récord.
"Las partes beligerantes han cambiado la narrativa de los ataques por error a una justificación de que las instalaciones médicas y el personal humanitario han perdido la protección que les otorga el Derecho Internacional Humanitario (DIH)", afirmó Laan.
Algunos ataques pueden deberse, explica el informe, al aprovechamiento de ambigüedades en el derecho. En consecuencia, la carga de la responsabilidad cambia: en lugar de ser consideradas automáticamente civiles y, por lo tanto, protegidas, las comunidades y las instalaciones sanitarias ahora deben demostrar que no son objetivos militares.
La violencia contra la atención médica y humanitaria provoca el cierre de servicios médicos esenciales y la retirada de las organizaciones humanitarias, "lo que corta el acceso a la atención sanitaria a comunidades que a menudo no tienen alternativas", subrayó Raquel González, coordinadora de MSF España.
"Las personas que viven en zonas de conflicto ya se ven afectadas por la violencia, y la pérdida de la atención médica hace que sus vidas sean aún más insoportables", advirtió.
En 2024, los últimos datos disponibles de la alianza Coalición para la Protección de la Salud en los Conflictos documentaron 3.623 incidentes contra la atención sanitaria, un 15 % más que en 2023 y un 62 % más que en 2022.
Además, entre 2021 y 2025, 1.241 miembros del personal contratado a nivel local fueron asesinados, 1.006 resultaron heridos y 604 fueron secuestrados en todo el mundo.
Estos datos representan el 98 % del total de trabajadores humanitarios asesinados, el 96 % de los heridos y el 94 % de los secuestrados. EFE
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