Asaja, COAG y UPA convocan protestas el 29 de enero en la Región de Murcia contra Mercosur y la futura PAC

La creación de un carné profesional para trabajadores agrícolas, junto con la petición de seguros agrarios que reflejen la realidad actual del campo y la simplificación de la normativa sobre sanidad vegetal y el uso de drones, forma parte de las demandas que presentarán las principales asociaciones agrarias en la jornada de protestas convocada en la Región de Murcia. Según informó el medio Europa Press, tanto Asaja, como COAG y UPA organizarán esta manifestación el 29 de enero, integrando la acción dentro de las movilizaciones estatales acordadas entre estas tres organizaciones, las cuales tendrán lugar también en otras comunidades autónomas.

De acuerdo con Europa Press, el objetivo de esta convocatoria se centra en presentar una respuesta frente a la situación que describen como crítica en el sector agrario. Las organizaciones sostienen que existen múltiples amenazas y fuentes de incertidumbre para agricultores y ganaderos, exigiendo que las Administraciones tomen medidas que favorezcan la mejora efectiva de las condiciones laborales y vitales en el sector primario. Argumentan que tanto el ámbito europeo, con la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) y los acuerdos comerciales con Mercosur, como la normativa estatal y autonómica, afectan directamente la sostenibilidad y rentabilidad del campo.

Según expresó la nota de prensa conjunta citada por Europa Press, los portavoces consideran que “sobran los motivos” para la protesta. Entre las cuestiones europeas e internacionales, destacan la reforma de la PAC y los tratados comerciales con terceros países. Por el ámbito estatal, mencionan la problemática relacionada con el acceso al agua, la burocracia, los elevados costes de producción y la falta de adaptación de los seguros agrarios. En el plano autonómico, centran sus reclamos en la Ley del Mar Menor y la Ley de la Cadena Alimentaria, subrayando su impacto en la actividad agraria local.

Dentro de las reivindicaciones prioritarias para la reforma de la PAC a partir de 2028 y hasta 2034, solicitan un presupuesto suficiente, actualizado conforme al IPC, y basado en la estructura pilar vigente. Las asociaciones agrarias también reclaman fórmulas más justas en los acuerdos comerciales internacionales. Proponen que estos se fundamenten en la reciprocidad, con la implementación de cláusulas espejo, la realización de auditorías en el origen de los productos, inspecciones en frontera y una estrategia clara para la incorporación de jóvenes en el sector.

El tema hídrico constituye otro foco central en sus demandas. Detallan la necesidad de proteger el trasvase Tajo-Segura y piden la revisión de los caudales ecológicos del alto Tajo y la aplicación de reglas de explotación del acueducto Tajo-Segura basadas en criterios técnicos. Insisten en ajustar el precio del agua a niveles que permitan mantener la competitividad en la producción de alimentos. Además, solicitan que no se cierren acuíferos según la directiva marco del agua mientras no existan alternativas viables, lo que se traduce en la exigencia de una moratoria sobre la medida.

En el ámbito de la Confederación Hidrográfica del Segura, reclaman una planificación que asegure recursos hídricos suficientes para el regadío e impulse los regadíos sociales. Europa Press cita la petición de modificar la Ley de Recuperación y Protección del Mar Menor para garantizar tanto la conservación medioambiental como la continuidad de la actividad agrícola.

A nivel regional, Asaja, COAG y UPA buscan la puesta en marcha de estrategias específicas para la protección de la ganadería y la dotación de recursos adecuados para el órgano autonómico encargado de controlar la cadena alimentaria. De acuerdo con la información recogida por Europa Press, exigen estudios sobre los costes de producción y sobre la formación de los precios agroalimentarios, así como la adaptación de la normativa sobre agricultura de precisión y la promoción de seguros que se ajusten a las características reales del campo.

En relación con los trabajadores del sector, plantean la necesidad de un carné profesional que evite reiteraciones de análisis clínicos innecesarios entre las personas que se dedican a labores agrícolas, lo que en su opinión facilitaría trámites y reduciría costos, según detalló Europa Press.

Las tres asociaciones afirman que las protestas anteriores han conseguido avances tras la negociación con los gobiernos estatal y autonómico. Por ello, animan a entidades y asociaciones rurales a sumarse en defensa de un entorno rural basado en explotaciones familiares y profesionales que, según texto difundido por Europa Press, aseguren alimentos seguros, sanos y que contribuyan al mantenimiento medioambiental.