Las bonificaciones a caseros abren otro cisma en el Gobierno: El PSOE mantiene su plan y Sumar exige dar marcha atrás

El anuncio de una recogida de firmas por parte de Sumar para solicitar la prórroga de 600.000 contratos de alquiler que vencen durante este año y la paralización de subidas en las rentas, representa uno de los más recientes capítulos en las discrepancias internas del Gobierno de coalición liderado por Pedro Sánchez. Según informó el medio, en paralelo al impulso de iniciativas parlamentarias, Sumar ha intensificado la presión contra la propuesta socialista de incentivos fiscales para los propietarios que mantengan la renta a sus inquilinos sin incrementos, lo que ha profundizado las tensiones entre ambos socios del Ejecutivo.

La decisión del PSOE de mantener una bonificación del 100% en el IRPF para los propietarios que no aumenten el alquiler generó un fuerte rechazo en Sumar, que exige la retirada total de la propuesta. El medio detalló que la formación que encabeza Yolanda Díaz tildó la iniciativa de "unilateral" y cuestionó la forma en la que se comunicó, indicando que los miembros de Sumar se enteraron casi al mismo tiempo que la prensa, justo antes de una reunión prevista para abordar políticas de vivienda. Sumar rechaza por completo explorar cualquier tipo de progresividad en la bonificación fiscal y califica como “línea roja” el mantener negociaciones sobre este instrumento con el ala socialista.

El portavoz de Vivienda de Sumar en el Congreso y diputado de Compromís, Alberto Ibáñez, señaló en declaraciones recogidas por el medio que “no hay negociación posible que sea invertir dinero público de los inquilinos para dárselo a los caseros”. Ibáñez mencionó un informe de Comisiones Obreras (CCOO) que asegura que 180.000 millones de euros se habrían destinado a medidas ineficaces, recursos que podrían haber servido para construir dos millones de viviendas públicas.

Entre las razones argumentadas por Sumar para rechazar la propuesta, el texto presentado por la coalición sostiene que los incentivos fiscales beneficiarían principalmente a quienes ya disponen de mayores ingresos y no garantizan la protección de los derechos de los inquilinos ni el control de los precios del alquiler. Sumar plantea como alternativa la prórroga automática de los contratos de arrendamiento, una medida defendida por el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, como mecanismo para evitar incrementos y congelar precios.

El medio consignó que el malestar en Sumar aumentó tras conocer la intención socialista de diferenciar entre grandes tenedores y pequeños propietarios, llevando a debates sobre el posible ajuste de la bonificación fiscal para evitar beneficiar a grandes propietarios, aunque fuentes del Gobierno han indicado que, debido a la retirada de fondos de inversión del país, este grupo ya representa una minoría.

Mientras tanto, la portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, anunció su intención de abordar la cuestión en una reunión próxima con Sánchez. La cita, enmarcada en las conversaciones abiertas sobre la posibilidad de enviar tropas a Ucrania, también acogerá el debate sobre el futuro de estas bonificaciones y la defensa de la prórroga contractual impulsada por Sumar a través de iniciativas legislativas y campañas públicas.

El conflicto en torno a la política de vivienda no es nuevo entre los socios de Gobierno. El medio reportó que Sumar ya ha promovido diversas campañas en línea para impulsar prioridades como la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas y vetar la participación de Israel en Eurovisión, sumando ahora la petición de que el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, acepte la prórroga para contratos vencidos y evite subidas de la renta que afectarían, según sus estimaciones, a 1,6 millones de personas.

Desde la perspectiva del PSOE, la propuesta de incentivos fiscales pretende frenar el alza del alquiler de forma eficaz y directa, limitando la subida de precios a alrededor de 1,6 millones de personas cuyos contratos expiran en el año 2026. El sector socialista del Ejecutivo insiste, según publicó el medio, en que esta medida forma parte de las herramientas a disposición del Gobierno central ante la negativa de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular a aplicar la ley estatal de Vivienda. Esta circunstancia, a juicio del PSOE, ha impedido una reducción de los precios y los ha llevado a considerar medios alternativos que solo requieren acción a nivel estatal.

Las críticas desde Sumar no solo se centran en la falta de acuerdo en la coalición sino en la preocupación de que la iniciativa del PSOE pueda allanar el camino para partidos conservadores como el PP y Vox hacia la presidencia de Gobierno, según han señalado dirigentes como Yolanda Díaz y Pablo Bustinduy, quienes pidieron una rectificación socialista.

Por otro lado, aunque el PSOE ha manifestado una apertura al diálogo para retocar algunos elementos de la bonificación, rechaza retirarla de la negociación y subraya su simplicidad de aplicación. Las fuentes gubernamentales citadas por el medio también recalcaron que esta estrategia permite sortear el bloqueo de las comunidades autónomas y obtener resultados inmediatos ante la urgencia de la situación de los inquilinos.

El medio también recogió las declaraciones del líder de Izquierda Unida, Antonio Maíllo, quien anticipó la necesidad del PSOE de retractarse sobre la medida, criticando que ni siquiera disponían del texto oficial del decreto cuando se comunicó la propuesta a los socios. Pese a la persistencia de posturas encontradas, se han hecho llamados a alcanzar un consenso que impida una fractura en el Ejecutivo, en un contexto donde el debate por la política de vivienda ha quedado nuevamente al centro de las tensiones internas del Gobierno.