Una jueza prohíbe al ICE utilizar gases lacrimógenos y detener a manifestantes pacíficos en Minnesota (EEUU)

Entre los episodios recientes que han generado inquietud en Minnesota, la Oficina de Seguridad Comunitaria de Minneapolis reportó que dos menores, uno de ellos un bebé de seis meses, ingresaron al hospital tras la exposición a gases lacrimógenos durante una protesta el miércoles. Esta situación se inscribe en el marco de manifestaciones que siguieron al fallecimiento de Renee Good, quien fue abatida por el agente Jonathan Ross del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Según informó Europa Press, la reacción social ante la muerte de Good impulsó la movilización de miles de personas en las calles y derivó en una intervención judicial relevante.

La jueza federal de Minnesota, Katherine Menéndez, emitió este viernes una orden judicial que limita las facultades de los empleados del ICE durante las protestas originadas tras la muerte de Good. Tal como publicó Europa Press, la magistrada prohibió la utilización de gases lacrimógenos y la detención de quienes participen de manera pacífica en estas manifestaciones. Además, estableció que los agentes están impedidos de tomar represalias contra cualquier persona involucrada en protestas pacíficas, incluidos quienes supervisan las actividades de la Operación Metro Surge, el operativo implementado en Minnesota desde el mes anterior bajo la política migratoria de la administración de Donald Trump.

El texto de la resolución judicial, difundido por Europa Press, sostiene: “Se prohíbe a los agentes federales (...): Tomar represalias contra personas que participen en protestas pacíficas y sin obstrucción, incluyendo la observación de las actividades de la Operación Metro Surge”. De igual modo, la jueza Menéndez determinó que los integrantes del ICE no podrán realizar detenciones en vehículos sin que exista una sospecha clara y razonada de que los conductores o pasajeros estén interfiriendo por la fuerza con la labor de los agentes federales. La restricción permanecerá vigente mientras continúe activa la Operación Metro Surge.

La medida judicial responde, según detalló Europa Press, a varios testimonios sobre el comportamiento de los efectivos federales en el marco de las protestas. Diversos declarantes mencionaron amenazas de arrestos, incluso teniendo conocimiento de que los implicados eran ciudadanos estadounidenses. Otros afirmaron que los agentes federales los intimidaron con romper las ventanas de los vehículos y que los siguieron desde los lugares de detención hasta sus domicilios o registros vehiculares, manifestándoles saber la ubicación en la que residían. El dictamen de la jueza recoge estos relatos con el objetivo de frenar prácticas consideradas perturbadoras durante y después de las detenciones.

Europa Press detalló que la Operación Metro Surge inició el mes pasado y ha intensificado la presencia y actividades del ICE en Minnesota, incrementando la tensión entre la comunidad y las autoridades federales. Tras la muerte de Renee Good, la intervención policial fue duramente rechazada por amplios sectores sociales, lo que llevó a un aumento de la vigilancia y el control institucional sobre los procedimientos de los agentes federales en la región.

Frente a este escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, caracterizó este viernes las manifestaciones en Minnesota como acciones llevadas a cabo por "alborotadores" a quienes definió como "bien pagados", y reiteró su apoyo abierto al proceder de los agentes del ICE, según consignó Europa Press. El mandatario defendió públicamente las operaciones migratorias en curso y la postura de su gobierno frente a las protestas, en contraposición con la resolución adoptada por la jueza Menéndez.

Por su parte, la magistrada subrayó que las restricciones impuestas buscan salvaguardar los derechos de libre expresión y reunión de quienes protestan de forma pacífica, en tanto continúan las investigaciones y la monitorización de las acciones del ICE bajo el alcance de la Operación Metro Surge. La decisión judicial actúa, de acuerdo con lo reportado por Europa Press, como respuesta a la creciente preocupación por la seguridad y los derechos civiles en el contexto de la política migratoria de la administración federal en Minnesota.