El Tratado de Alta Mar entra hoy en vigor con 83 ratificaciones y Corriente de Canarias como posible área protegida

Las obligaciones para proteger especies y hábitats marinos clave entrarán en vigor de inmediato tras la adopción de mecanismos legales internacionales, según informaron representantes de la High Seas Alliance en una reciente rueda de prensa. El Tratado de los Océanos, conocido como Tratado de Alta Mar o BBNJ por sus siglas en inglés, comienza a aplicarse este sábado 17 de enero tras ser ratificado por 83 Estados y firmado por 145 países. La Corriente de las Islas Canarias, situada frente a la costa atlántica de África Occidental, figura entre las áreas candidatas a convertirse en zona protegida bajo este nuevo acuerdo. De acuerdo con la información publicada por Europa Press, la entrada en vigencia del tratado requiere a los países miembros evaluar las actividades previstas tanto dentro como fuera de su jurisdicción nacional y aplicar nuevas políticas ambientales que incluyan el establecimiento de una red mundial de Áreas Marinas Protegidas en alta mar.

Según detalló Europa Press, este tratado se apoya en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, aunque introduce medidas adicionales para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina. Su estructura legal fortalece la cooperación entre países y organismos internacionales, considerada por Naciones Unidas como un elemento esencial para cumplir los objetivos tanto de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible como del Marco de Biodiversidad Global Kunming-Montreal. Una prioridad del acuerdo es garantizar el reparto equitativo de los beneficios generados por el uso de los recursos genéticos marinos y la protección de ecosistemas vitales, así como los fondos oceánicos, mediante la creación de zonas protegidas y el establecimiento de mecanismos para evaluar el impacto de la actividad humana en alta mar.

De acuerdo a lo publicado por Europa Press, entre las principales obligaciones que adquieren los Estados parte del BBNJ destaca la necesidad de realizar evaluaciones de impacto ambiental para todas las actividades que pudieran afectar a ecosistemas fuera de su jurisdicción nacional o que, desde territorios bajo su control, generen consecuencias significativas en alta mar. Además, los países firmantes deberán establecer políticas para asegurar la notificación, el reporte y la distribución justa de los beneficios procedentes de actividades relacionadas con los recursos genéticos en alta mar. El acuerdo también fomenta la colaboración internacional y el intercambio de tecnología marina, especialmente en apoyo a los países en desarrollo, facilitando el cumplimiento de los compromisos asumidos por todos los firmantes.

Según explicó la coordinadora regional para Asia de la High Seas Alliance, Reza Sakharjahukos, algunas de estas medidas serán obligatorias desde el mismo día de entrada en vigor del tratado. Sakharjahukos puntualizó en rueda de prensa que, aunque ciertas disposiciones dependen de la futura creación de instituciones y comités específicos del BBNJ, ya existen ámbitos de cooperación donde los países parte pueden aplicar medidas concretas a partir de ahora.

El texto del acuerdo establece que, tras su entrada en vigor, los países deberán celebrar su primera Conferencia de las Partes antes del 17 de enero de 2027 en Nueva York, según consignó Europa Press. Varias organizaciones internacionales, como Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han dirigido exhortaciones a los gobiernos para que actúen sin demora en la identificación de nuevas áreas marinas protegidas. Datos facilitados por Greenpeace y reproducidos por Europa Press señalan que pasar del actual "1%" de áreas de alta mar protegidas al "30%" en solo cuatro años requerirá designar áreas oceánicas más extensas que varios continentes y a un ritmo más acelerado que cualquier esfuerzo previo de conservación. Ana Pascual, responsable de la campaña de Océanos en Greenpeace, enfatizó la necesidad de que los gobiernos actúen para obligar a la industria pesquera y otros sectores económicos a priorizar la protección de los océanos.

En el contexto español, Europa Press informó que Greenpeace subraya la importancia de que el gobierno reafirme su compromiso con la protección del medio marino y tome la iniciativa en la propuesta de los primeros santuarios marinos en aguas internacionales. Por su parte, SEO/BirdLife expresó a Europa Press su objetivo de involucrar a administraciones, sectores productivos y otros actores en la designación eficaz y la gestión de nuevas áreas marinas protegidas esenciales para diversas especies marinas, incluidos mamíferos, tortugas, peces y aves marinas, y mantener la conectividad de sus rutas migratorias.

SEO/BirdLife evaluó como viable la meta de que España alcance el 30% de protección de su superficie marina para 2030, aunque señaló la necesidad de implementar planes de gestión efectivos. Según lo publicado por Europa Press, actualmente solamente algunos espacios costeros bajo competencia autonómica, junto con el monte submarino de "El Cachucho" en el Cantábrico, cuentan con planes de gestión aprobados. En este sentido, SEO/BirdLife sostiene que el impulso del nuevo tratado debe servir para avanzar en la gestión efectiva de los espacios marítimos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones internacionales por parte de España.

WWF adoptó una postura que reclama la colaboración tanto de gobiernos como de la iniciativa privada en la aplicación del tratado. Jessica Battle, experta en gobernanza y políticas oceánicas globales en la organización, declaró a Europa Press que la participación de todos los usuarios del océano resulta esencial para preservar la vida marina y los servicios ecosistémicos. Battle subrayó que la conservación solo es posible si la salud de los océanos se sitúa como prioridad en actividades como la pesca y el transporte marítimo.

El Tratado de los Océanos introduce, además, un marco financiero que respalda la implementación de las medidas adoptadas y un sistema para la resolución de conflictos derivados de su aplicación, de acuerdo con la información difundida por Europa Press. El documento incluye objetivos para la transferencia de tecnología marina y la cooperación científico-técnica, orientados principalmente a facilitar la aplicación práctica de los compromisos entre los signatarios, prestando especial atención a las necesidades de los Estados con menores capacidades en la materia.

La entrada en vigor del Tratado de Alta Mar marca el inicio de un proceso internacional enfocado en conservar aproximadamente dos tercios de los océanos del planeta y regular la explotación de sus recursos. A partir de ahora, los países adheridos asumen responsabilidades inmediatas para evaluar y limitar actividades con impacto negativo en la biodiversidad, establecer nuevas áreas protegidas e impulsar la transferencia de beneficios relacionados con los recursos genéticos marinos, según reiteró Europa Press.