La ministra de Sanidad, Mónica García, afirmó que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reducido los derechos de las mujeres madrileñas y cuestionó que la región sigue operando fuera del marco legal. García advirtió que esta situación representa el retroceso de derechos que tardaron años en ser alcanzados, dando paso a consecuencias directas para quienes buscan ejercerlos. A partir de esta problemática, el Ministerio de Sanidad llevó a cabo una actuación legal contra el gobierno regional.
Según Europa Press y en declaraciones recogidas por el programa ‘Al rojo vivo’ de La Sexta, el Ministerio de Sanidad presentó un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en respuesta a la falta de presentación del registro de médicos objetores de conciencia en materia de interrupción voluntaria del embarazo por parte del Ejecutivo madrileño. De acuerdo con esta información, la Comunidad de Madrid se mantiene como la única en España que no ha elaborado ni entregado dicho registro, requerido para garantizar el acceso al aborto en la región.
El medio detalló que, conforme a lo estipulado, el Gobierno regional contaba con un plazo de un mes para remitir el listado de profesionales sanitarios que rechazan participar en la práctica de interrupciones del embarazo. Mónica García enfatizó que este registro no sólo representa una medida para asegurar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo por parte de las mujeres, sino que también responde a la protección de los derechos de los profesionales que desean ejercer la objeción de conciencia.
En sus declaraciones, García sostuvo que Madrid “vive al margen de la ley” y definió la actitud del Ejecutivo regional como una muestra de “trumpismo cañí”. La titular de Sanidad explicó que, frente a la situación de incumplimiento, el Gobierno central optó por emplear los recursos jurídicos disponibles para garantizar tanto el acceso de las ciudadanas al aborto como la salvaguarda de los derechos de objeción. La ministra recalcó: “Nosotros, obviamente, vamos a defender los derechos de las mujeres y a utilizar todas las herramientas jurídicas a nuestro alcance, y una de ellas es este contencioso”.
Tal como publicó Europa Press, la ausencia de este registro por parte de la Comunidad de Madrid contraviene lo dispuesto en la legislación nacional, que estipula la obligatoriedad de que las autonomías faciliten este tipo de listados. Según hizo referencia García, esta omisión implica directamente un incumplimiento de la ley, y condiciona el derecho efectivo de las mujeres madrileñas a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema sanitario público.
A lo largo de sus declaraciones, la ministra subrayó que la elaboración de este registro sirve no sólo para identificar a los profesionales dispuestos a ejercer la objeción de conciencia, sino también para organizar adecuadamente los recursos humanos y garantizar que quienes soliciten la prestación encuentren un profesional disponible. Además, García remarcó que la carencia de este listado obliga a las mujeres a enfrentar obstáculos adicionales en el ejercicio de un derecho reconocido y legislado.
De acuerdo con lo difundido por La Sexta y Europa Press, la acción legal emprendida por el Ministerio simboliza la determinación del Gobierno central de velar por el cumplimiento de la ley en todo el territorio y de evitar que situaciones similares se repitan en otras comunidades autónomas. Finalmente, García manifestó que la falta de este registro afecta a los propios profesionales sanitarios, quienes también ven comprometido su derecho a la objeción de conciencia, pues carecen de las garantías administrativas necesarias.
La situación denunciada por el Ministerio de Sanidad señala una fractura entre el Ejecutivo central y la Comunidad de Madrid en torno al abordaje de los derechos reproductivos de la ciudadanía y la coordinación de políticas sanitarias en el marco del ordenamiento legal vigente.
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