La preocupación de los productores acerca de la dependencia alimentaria de países terceros se reflejó en la reunión sostenida entre el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid y representantes de las principales asociaciones rurales, quienes alertaron sobre los posibles riesgos derivados del reciente acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. Según detalló la Comunidad de Madrid en un comunicado recogido por el medio fuente, la inquietud se centró en el hecho de que los proveedores externos no tengan la obligación de cumplir los mismos requisitos sanitarios exigidos a los productores europeos. Dentro de este contexto, se estableció un pacto entre el Ejecutivo autonómico y diversas agrupaciones agrícolas y ganaderas para poner en marcha controles reforzados y exigir garantías que amparen la competitividad y la seguridad del sector primario de la región.
De acuerdo con la información publicada, el acuerdo surge tras la formalización del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur, rubricado esta semana. El Gobierno regional y organizaciones como Asaja Madrid, Ugama, AGIM-COAG, UPA Madrid y la Unión de Cooperativas Agrarias Madrileñas suscribieron un documento conjunto, cuyo punto principal consiste en establecer mecanismos coordinados para preservar tanto la rentabilidad como la viabilidad de la agricultura y la ganadería madrileñas. El pacto contempla la implementación de controles más estrictos en los puntos fronterizos y la vigilancia en los países de origen de las importaciones, como parte de las acciones prioritarias para salvaguardar los estándares sanitarios vigentes en la Unión Europea.
El acuerdo fija además que el respaldo a la ratificación del tratado con Mercosur dependerá de la observancia del principio de reciprocidad normativa. En declaraciones recogidas por la Comunidad de Madrid, el consejero Carlos Novillo subrayó que "nuestros agricultores necesitan competir en igualdad de condiciones para evitar desequilibrios en la producción europea que pongan en peligro su trabajo". Los firmantes pactaron que los productores afectados por el comercio transatlántico deberán sujetarse a requisitos idénticos en términos medioambientales, sociales, de control y trazabilidad, tanto en Europa como en los países integrantes de Mercosur.
Las agrupaciones de productores transmitieron al Ejecutivo autonómico su preocupación ante la posible falta de garantías. Por ello, el acuerdo incluye el compromiso de exigir compensaciones operativas en caso de que las medidas adoptadas resulten insuficientes para proteger al sector. Según publicó la fuente, estos mecanismos buscan actuar en caso de perjuicio directo derivado de la apertura comercial, con el objetivo de evitar pérdida de ingresos y garantizar la continuidad del suministro local.
La Comunidad de Madrid apuntó que estas acciones pretenden garantizar tanto la seguridad alimentaria como la autosuficiencia, promocionando un intercambio de productos "equitativo" entre ambas regiones del Atlántico. Entre los compromisos asumidos figura la defensa de una Política Agraria Común "sólida", dotada de una financiación considerada adecuada y sustentada en un modelo productivo considerado justo para el sector. El consejero Novillo utilizó la ocasión para enfatizar el papel estratégico de la autosuficiencia alimentaria en la Unión Europea y la equiparó en relevancia a la seguridad defensiva, afirmando que una industria agroalimentaria sólida resulta imprescindible para el funcionamiento del conjunto social y económico.
Durante la reunión entre las autoridades regionales y los representantes de las organizaciones agrícolas y ganaderas, se abordaron vías de colaboración permanentes destinadas a garantizar la rentabilidad y la sostenibilidad del sector ante la nueva realidad comercial propiciada por el acuerdo UE-Mercosur. El Ejecutivo madrileño subrayó su intención de salvaguardar tanto las normativas sanitarias como la trazabilidad en todo el ciclo de producción.
El encuentro puso en evidencia los retos que implica la liberalización comercial para las explotaciones agrícolas y ganaderas de Madrid, dada la heterogeneidad de los sistemas regulatorios y los estándares de calidad exigidos en los distintos bloques económicos. La Comunidad de Madrid reiteró la necesidad de que cualquier avance en la integración comercial entre Europa y Mercosur esté supeditado a un escrupuloso respeto a los marcos legales y regulatorios en materia agrícola, para evitar posibles desventajas frente a operadores externos que no estén sujetos a las mismas exigencias.
Según informó la fuente, el pacto impulsado desde el Ejecutivo autonómico incorpora el monitoreo de los flujos de importaciones y la evaluación continuada de los efectos del tratado sobre las explotaciones locales. Representantes de los productores manifestaron la importancia de contar con garantías efectivas y mecanismos de compensación para eventuales impactos adversos, y reiteraron que la defensa del sector primario constituye una prioridad para las agrupaciones firmantes.
Finalmente, el documento ratificado por las partes incluye el compromiso de mantener un diálogo constante para valorar de manera conjunta el desarrollo de los acontecimientos vinculados al tratado UE-Mercosur y adecuar las medidas de protección a las necesidades emergentes del sector agrícola y ganadero de la Comunidad de Madrid.
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