Josh Hawley y Todd Young retomaron posiciones alineadas con la mayoría republicana en una votación decisiva que evitó aprobar una medida para restringir al presidente estadounidense la posibilidad de ordenar operaciones militares en Venezuela. Según múltiples fuentes legislativas citadas por The Hill, ambos senadores cambiaron su voto respecto a una instancia anterior y dejaron atrás el apoyo que habían brindado a la resolución planteada en el Senado, lo que generó un empate técnico de 50 votos a favor y 50 en contra. Tal como consignó el portal estadounidense, el vicepresidente JD Vance intervino para inclinar el resultado a favor del actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, quien ganó así una victoria legislativa.
El medio The Hill había reportado que la resolución buscaba limitar el margen de maniobra de Trump para ordenar acciones militares “en o contra” territorio venezolano sin el consentimiento explícito del Congreso. La votación ocurrió menos de una semana después de que Hawley y Young, junto a otros tres republicanos, habilitaran el avance del texto en la Cámara Alta, sumando una mayoría de 52 senadores que permitió poner la medida en consideración del pleno. Tras ese movimiento, el presidente Trump criticó desde sus redes sociales la decisión de los legisladores, calificando sus votos de “estupidez” y exhortando a que “nunca deberían volver a ser elegidos”. De acuerdo con The Hill, la presión también se manifestó mediante llamadas telefónicas dirigidas a estos senadores desde el Ejecutivo.
Según detalló The Hill, la resolución no habría interferido con la capacidad del presidente Trump para responder ante ataques directos a Estados Unidos o a efectivos estadounidenses, sino que pretendía reafirmar las atribuciones del Congreso bajo el Artículo I de la Constitución, reclamando debate y autorización legislativa previa en el caso de compromiso militar relevante en Venezuela. Los senadores Rand Paul, Lisa Murkowski y Susan Collins mantuvieron el respaldo inicial a la iniciativa, argumentando la necesidad de preservar la supervisión del Legislativo sobre el uso de la fuerza.
Todd Young se refirió públicamente al giro en su postura mediante mensajes en redes sociales, citados por The Hill. Allí sostuvo que se mantiene “profundamente escéptico sobre el envío de tropas estadounidenses para estabilizar Venezuela” y afirmó creer “firmemente que cualquier compromiso de las fuerzas estadounidenses en Venezuela debe ser objeto de debate y autorización en el Congreso”. Young declaró haber recibido seguridades de que “no hay tropas estadounidenses” en la nación sudamericana y garantías de que la Administración solicitaría la aprobación legislativa previa si se contemplase un despliegue militar significativo. Además, celebró que el secretario de Estado, Marco Rubio, asumiera el compromiso de comparecer haciendo una actualización ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.
En el grupo de senadores republicanos que mantuvieron su voto a favor de restricciones, Lisa Murkowski explicó también por redes sociales que, independientemente de la argumentación acerca de la falta de efectivos estadounidenses en Venezuela, “las fuerzas y activos estadounidenses permanecen plenamente desplegados en la región”. Murkowski insistió, citada por The Hill, en que la resolución “no prejuzga los resultados de las políticas ni disminuye la capacidad del presidente para responder a un ataque contra Estados Unidos o nuestras Fuerzas Armadas. En cambio, reafirma la responsabilidad del Congreso, según el Artículo I, de autorizar hostilidades y garantiza que decisiones de esta magnitud reciban el debate y la supervisión adecuados”.
El senador Rand Paul, por su parte, señaló haberse comunicado directamente con el presidente Trump sobre la cuestión. Según publica The Hill, Paul indicó que expresó al mandatario que este asunto “supera” a ambos, porque se trata de una cuestión constitucional. Paul, junto a Murkowski y Collins, figura entre los legisladores republicanos que permanecen a favor de mecanismos de control parlamentario ante posibles operaciones armadas en el exterior.
Durante las discusiones legislativas recogidas por The Hill, Jim Risch, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado y senador republicano por Idaho, argumentó que la resolución “intenta detener algo que no está sucediendo”. Risch sostuvo que, en la actualidad, “no hay fuerzas estadounidenses combatiendo en Venezuela”, ya que, de acuerdo a su explicación, la incursión para capturar a Nicolás Maduro resultó “de alcance limitado” y de “corta duración”.
La definición ajustada en la Cámara Alta, resuelta por la intervención del vicepresidente, refleja la divisoria interna en el Senado respecto al rol del Legislativo ante posibles decisiones de Washington vinculadas con América Latina. The Hill enfatizó que la presión ejercida desde la Casa Blanca, las declaraciones públicas del presidente y la intervención del gabinete influyeron en la dinámica de la votación. La postura de los senadores que mantuvieron la exigencia de debate parlamentario añade una dimensión particular al control de los poderes de guerra presidencial y sostiene vigentes los cuestionamientos internos sobre la transparencia y el alcance de la política exterior estadounidense ante la crisis venezolana.
Las explicaciones dadas por Young y los compromisos asumidos por funcionarios del gobierno, revelados por The Hill, dejan en evidencia la negociación sostenida entre el Ejecutivo y los senadores de su propio partido. La promesa de acudir al Congreso en caso de eventuales operaciones militares y la comparecencia del secretario Marco Rubio modificaron el escenario previo e incidieron en el desenlace de la votación, según documentos y declaraciones recogidas por ese medio.
La decisión del Senado de rechazar la resolución mantiene abierta la posibilidad de operaciones militares estadounidenses en Venezuela bajo la orden presidencial directa, siempre que no se concrete una acción en el Congreso que establezca límites formales. Este desarrollo legislativo, cubierto extensamente por The Hill, resalta tanto la división entre republicanos como la capacidad de influencia de la presidencia sobre los procesos de fiscalización parlamentaria. Además, refuerza el papel del Congreso como árbitro en el control del uso de la fuerza a nivel internacional, en un contexto en que persisten tensiones y controversias sobre la política exterior de Estados Unidos en la región latinoamericana.
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