Durante la última reunión extraordinaria de la Taula Agrària, la coordinadora nacional de Unió de Pagesos (UP), Raquel Serrat, destacó la necesidad de que las autoridades catalanas implementen estrategias efectivas para salvaguardar la producción agrícola regional frente a los acuerdos internacionales, especialmente el pacto comercial entre la Unión Europea y los países de Mercosur. Esta petición se enmarca en el contexto de una serie de movilizaciones convocadas en diversas localidades del país para exigir un respaldo institucional real a los agricultores, reportó la agencia Europa Press.
El medio Europa Press especificó que UP solicitó expresamente al Govern de la Generalitat un compromiso concreto en favor del sector agrario, apuntando que, aunque la administración autonómica no tiene competencias directas sobre los tratados internacionales como el de Mercosur, sí dispone de capacidad para desarrollar medidas que fortalezcan la producción local, tanto catalana como española. Serrat subrayó que la defensa de los intereses agrícolas no debe quedar limitada por las competencias formales, sino que el ejecutivo puede y debe desplegar estrategias proactivas para apoyar al sector.
Tal como detalló Europa Press, el sindicato confirmó oficialmente la organización de dos jornadas de protesta, la primera en Camp de Tarragona el 19 de enero y la segunda en Terres de l’Ebre, prevista para el 22 de enero. Ambas acciones culminarán con una manifestación de ámbito nacional que tendrá lugar en Madrid el 11 de febrero, donde se prevé la presencia de tractores catalanes sumándose a la movilización frente al Ministerio. UP reclama que la reforma de la Política Agrícola Común (PAC) incluya ayudas efectivas para los agricultores y solicitan que se revisen y rechacen las partes perjudiciales de los tratados internacionales, con la intención de impedir su implementación si afectan negativamente al sector.
La coordinadora nacional del sindicato afirmó, según consignó Europa Press, que las protestas están orientadas a exigir “ayudas reales” y medidas correctoras ante el posible impacto de los recortes contemplados en la nueva PAC. En palabras de Serrat, la manifestación nacional también buscará que se propicie “rectificar la parte que les toca de estos tratados internacionales para bloquearlos”.
El ámbito político también ha influido en las declaraciones del sindicato. Europa Press informó que, ante las elecciones agrarias programadas para el 27 de febrero, UP expresó su sorpresa por la ausencia de una candidatura de Revolta Pagesa, grupo responsable de las recientes protestas en las carreteras catalanas. Serrat manifestó que la participación en los procesos democráticos es fundamental para garantizar una representación legítima de los agricultores y subrayó el apoyo de UP a este modelo democrático, aunque reconoció que cada organización es libre de elegir su forma de acción colectiva.
La reunión de la Taula Agrària convocada por el conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, sirvió para que la administración expusiera las distintas iniciativas en curso destinadas al sector agrario. Europa Press informó que este espacio permitió el intercambio de posturas entre los representantes del gobierno autonómico y el sindicato, que optó por insistir en la urgencia de desplegar políticas concretas para salvaguardar la soberanía alimentaria y la viabilidad de las explotaciones locales.
La demanda de Unió de Pagesos pone sobre la mesa la preocupación por los posibles efectos económicos y sociales que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur podría generar en la agricultura catalana. El sindicato teme que la apertura de mercados a productos extracomunitarios en condiciones consideradas desiguales repercuta en la competitividad de los productores locales, ya afectados por cambios normativos y limitaciones derivadas de la normativa de la PAC.
Según lo publicado por Europa Press, UP mantiene su compromiso de ejercer presión tanto a nivel autonómico como estatal, no solo frente al Govern, sino también ante el gobierno central en Madrid, para garantizar un entorno legislativo y de apoyo financiero que permita la sostenibilidad del sector a largo plazo.
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