Durante la presentación de la propuesta, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, destacó que más de 15.000 millones de los 20.975 millones de euros que el Estado prevé transferir a las comunidades autónomas corresponderán a regiones administradas actualmente por el Partido Popular. Esta cifra forma parte del nuevo modelo de financiación autonómica que el Gobierno español ha puesto a consideración de las comunidades y cuyo contenido ha motivado reacciones críticas de varios gobiernos regionales, según informó el medio que proporcionó la información.
El encuentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), presidido por Montero, estuvo centrado en la revisión de la propuesta para una reforma del sistema de financiación autonómica. Según consignó la fuente, la ministra subrayó que el nuevo modelo sería de aplicación voluntaria, negando que esté diseñado para beneficiar de manera particular a Cataluña o para responder a las demandas de partidos independentistas. "No hay ningún tipo de privilegio ni de trato de favor con ninguna comunidad autónoma", afirmó Montero, tal como reportó el medio. Recalcó que la mayor parte de los fondos extra favorecerá a regiones bajo administración de partidos opuestos al Gobierno central, frente a las acusaciones que señalaban un posible sesgo hacia Cataluña.
Durante la reunión, los consejeros de todas las comunidades autónomas, a excepción de Cataluña, expresaron críticas a la propuesta. A pesar de la oposición, la ministra defendió la iniciativa y subrayó que no existen razones objetivas para que alguna comunidad se resista a este modelo, según expresó en declaraciones recogidas por el medio que cubrió la información. Montero lamentó que las discusiones se centraran más en argumentos políticos que en elementos técnicos del sistema de financiación.
El proyecto ha suscitado rechazo tanto en regiones con administración del Partido Popular como en sectores socialistas, principalmente debido a la percepción de que las negociaciones previas con Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) pudieran haber condicionado el contenido del modelo, detalló la fuente. En respuesta a estas críticas, Montero aludió a las acusaciones sobre la existencia de un supuesto "cupo separatista". Según la ministra, estas afirmaciones carecen de fundamento y respondió: "Los partidos políticos a los que se refiere el Partido Popular querían un cupo en Cataluña. Y estamos hablando de una reforma del modelo común, del conjunto de comunidades autónomas, así que todos los titulares y las afirmaciones que se han hecho sobre mi persona, sobre el presidente, respecto a que estábamos pactando un cupo separatista, se pone de manifiesto que era mentira".
El nuevo sistema no cambia el trato entre comunidades, de acuerdo con lo que sostiene el Gobierno. El medio detalló que la reestructuración propuesta busca reforzar la financiación de los servicios públicos, sin asignar ventajas particulares según orientación política o ubicación territorial. La ministra recalcó que si alguna formación política se verá más beneficiada por la transferencia de recursos será la que controla una mayor parte del territorio nacional, en referencia al Partido Popular.
La aplicación voluntaria del nuevo modelo supone que cada comunidad tendrá la opción de adherirse a este esquema de financiación, lo que, según explicó Montero, responde a las necesidades diferenciadas de las regiones e intenta evitar la imposición de un marco único sin consenso. Insistió en que el diálogo con todas las comunidades sigue abierto y que la propuesta busca garantizar la estabilidad financiera, especialmente en un contexto donde la prestación de servicios públicos depende de la suficiencia y la equidad en la distribución de recursos estatales.
De esta manera, pese a las discrepancias y a las tensiones políticas reflejadas en el CPFF, la titular de Hacienda dejó en claro que el Ejecutivo español mantiene su postura de equidad y rechaza los señalamientos de trato privilegiado hacia Cataluña o cualquier otra comunidad, recogió el medio.
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