Las autoridades de Uganda cortan el acceso a internet en vísperas de las elecciones presidenciales

La interrupción del acceso digital ordenada a nivel nacional afecta la comunicación, la información pública y millones de ciudadanos, en un ambiente señalado por la ONU como represivo hacia adversarios políticos, activistas sociales y reporteros locales

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La orden emitida por la Comisión de Comunicaciones de Uganda prohíbe, además, en los días previos a las elecciones, la venta y el registro de nuevas tarjetas SIM y la prestación de servicios de itinerancia de datos, de acuerdo con una misiva firmada por el director ejecutivo de la Agencia, Nyombi Thembo, y citada por el medio ugandés Daily Monitor. Uganda ha paralizado el acceso público a internet y restringido funcionalidades básicas de comunicación digital, alterando la cotidianidad de millones en el territorio nacional. Según informó Daily Monitor, desde las 18:00 horas de este martes, los ciudadanos no pueden utilizar plataformas de redes sociales, navegación web, servicios de mensajería, correo electrónico personal ni transmisión de vídeo, al aplicar la autoridad la suspensión en vísperas de los comicios presidenciales.

Tal como consignó el diario, la medida parte de una recomendación firme del Comité de Seguridad Interinstitucional, ante lo que las autoridades argumentaron la necesidad de “mitigar la rápida propagación de desinformación en línea, fraude electoral y riesgos relacionados, así como para prevenir la incitación a la violencia que podría afectar la confianza pública y la seguridad nacional durante el período electoral”. Thembo señaló que únicamente algunos servicios y sistemas esenciales, necesarios para la supervisión y gestión de la red, quedan exentos de las restricciones, bajo una lista estrictamente definida y “para salvaguardar la seguridad pública, las funciones nacionales críticas y la integridad operativa de la infraestructura de comunicaciones”.

Esta directiva del gobierno ugandés sucede pocos días después de otra decisión restrictiva: la eliminación de la emisión en directo de eventos considerados como “disturbios”, ya anunciada nueve días antes de las elecciones, y en un entorno donde todavía repercute el señalamiento de la Organización de las Naciones Unidas sobre persecución y presión directa contra adversarios políticos, activistas sociales y periodistas del país. Según publicó Daily Monitor, Naciones Unidas denunció el viernes anterior una situación persistente de “represión generalizada e intimidación” que afecta a la oposición política, a quienes defienden derechos civiles y a los trabajadores de la prensa local.

El actual presidente, Yoweri Museveni, buscará prolongar su permanencia al frente del Ejecutivo, después de cerca de cuarenta años en el poder, en unos comicios donde volverá a enfrentarse al principal líder opositor, Robert Kyagulanyi, conocido como Bobi Wine. En el contexto previo a la consulta electoral, Wine declaró públicamente que había sido agredido por efectivos de seguridad estatal durante una actividad oficial de su campaña. De acuerdo con Daily Monitor, estas agresiones ocurrieron dos semanas después de la detención de unas treinta personas identificadas como simpatizantes del movimiento opositor, también en el marco de un mitin político.

La justificación ofrecida por las autoridades resalta la “seguridad nacional” y la integridad del proceso electoral como argumentos centrales detrás de la suspensión de servicios digitales. El Ejecutivo, según la carta de Thembo recogida por Daily Monitor, busca así contener posibles incidentes surgidos de la difusión de contenidos en línea que puedan afectar la estabilidad y percepción sobre la legitimidad de la elección.

El contexto político de Uganda se encuentra marcado por una prolongada administración presidencial de Museveni, quien ha mantenido el cargo desde mediados de la década de 1980 y que avanza hacia una nueva reelección. Las restricciones recientes sobre el acceso a internet y la comunicación digital amplían el espectro de medidas tomadas por las autoridades nacionales para controlar el flujo de información en momentos críticos, como lo representan los comicios presidenciales.

La Comisión de Comunicaciones insistió en que la exclusión de ciertos servicios digitales busca garantizar la operatividad solo de los sistemas “esenciales”, una categoría limitada, según explicó el funcionario, a la supervisión y administración técnica de las redes. Entretanto, la mayoría de los ciudadanos y organizaciones sociales han visto cerradas vías fundamentales para la comunicación, la información pública y la participación ciudadana en el ambiente preelectoral.

El antecedente inmediato de prohibir la transmisión en vivo de “disturbios” y la respuesta de la ONU vinculan este escenario de restricciones con el entorno político previo, en el que figuras de la oposición y periodistas han sido objeto de seguimiento y acciones punitivas por parte de actores estatales. El medio Daily Monitor agregó que los hechos recientes se insertan en una coyuntura vigilada por la comunidad internacional, ante inquietudes sobre la apertura democrática y la protección de derechos civiles básicos, como la libertad de información y la expresión política.

Las disposiciones sobre la venta y el registro de nuevas tarjetas SIM y sobre los servicios de itinerancia de datos forman parte de un paquete integral para limitar la conectividad e impedir la organización y movilización de sectores adversos al gobierno en medio de la jornada electoral. Tras la orden de suspensión, varias plataformas digitales y servicios de mensajería han dejado de estar disponibles en todo el país africano, lo que afecta tanto a usuarios particulares como a actores del sector privado y la sociedad civil, quienes dependían de estos canales para actividades cotidianas y logísticas.

Daily Monitor reportó que el gobierno presentó estas decisiones bajo el argumento de evitar incidentes de seguridad y garantizar procesos electorales no afectados por el poder viral de las plataformas digitales. Pese a esta fundamentación, la medida ha generado preocupación entre organismos internacionales y grupos locales de defensa de derechos, quienes insisten en la afectación sobre garantías fundamentales en un periodo clave para el futuro político del país.

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