El PP ve el sistema de financiación una "traición a los españoles" y reta a Page y Barbón a votar 'no' en el Congreso

Las declaraciones posteriores al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) dejaron en evidencia el enfrentamiento abierto entre las principales formaciones políticas acerca del nuevo modelo de financiación autonómica. El debate, que giró en torno a acusaciones de que el Ejecutivo ha priorizado pactos con formaciones independentistas por encima del consenso autonómico, situó en el centro de la discusión a los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias y puso sobre la mesa las exigencias de la oposición para que los representantes autonómicos socialistas respalden con hechos sus críticas al acuerdo. Así lo recogió el medio Europa Press.

Según reportó Europa Press, el Partido Popular advirtió sobre la presunta imposición del Gobierno de Pedro Sánchez al intentar implementar un sistema de financiación que, en palabras del comunicado difundido por la formación de Alberto Núñez Feijóo, "orilla el consenso" y conlleva una "deslealtad institucional". El PP subrayó que el modelo nace “viciado” debido a un acuerdo previo entre el Ejecutivo central y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), representada por Oriol Junqueras, y criticó lo que considera una traición a la igualdad entre ciudadanos de distintas regiones del país.

Durante la jornada en la que se celebró el CPFF, los consejeros autonómicos participantes, excepto el representante catalán, expresaron de manera unánime su rechazo al plan presentado por el Gobierno, según consignó Europa Press. Las críticas no se limitaron a los gobiernos autonómicos gestionados por el PP. También desde comunidades administradas por el PSOE se manifestó rechazo al modelo, lo que fue destacado por los populares en su declaración pública, donde señalaron que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quedó "sola" en la defensa de la propuesta.

La respuesta de la ministra Montero recogida por Europa Press incluyó una negación expresa de que existan privilegios o tratos de favor hacia Cataluña con el nuevo sistema de financiación. Montero afirmó: “Aquí no se obliga a nadie. El que quiera seguir con un modelo previo porque cree que le va mejor, no hay problema. Correremos en paralelo con los dos modelos”. De este modo, recalcó la posibilidad de que cada comunidad autónoma tome la decisión de aplicar o no el modelo propuesto, restando peso a las acusaciones de imposición.

El Partido Popular, de acuerdo con la información de Europa Press, instó públicamente a Emiliano García-Page y a Adrián Barbón, máximos responsables autonómicos en Castilla-La Mancha y Asturias, respectivamente, a votar en contra del modelo cuando llegue al Congreso. En el comunicado enfatizaron que “no bastan las palabras, se necesitan hechos” y exigieron que los líderes autonómicos socialistas “alcen la voz y rechacen una negociación que se ha hecho de espaldas al conjunto de las comunidades autónomas y un modelo de financiación que quiebra la igualdad de los ciudadanos que les han votado”.

La oposición desarrolló la crítica sobre las consecuencias del acuerdo, destacando que “golpea los principios de igualdad y solidaridad, pilares fundamentales del ordenamiento jurídico de la Constitución Española, y rompe la cohesión de las comunidades y de los servicios que prestan a los ciudadanos”, según recoge el mismo comunicado difundido por el PP y citado por Europa Press. El partido denunció un ataque “directo” contra la autonomía fiscal autonómica, al afirmar que el nuevo sistema impediría a los territorios bajar impuestos y limitaría la capacidad de las comunidades para aliviar la presión fiscal sobre sus habitantes.

La confrontación política cobró mayor relevancia tras recordar los populares que las comunidades gobernadas por su partido presentaron en septiembre de 2024 una propuesta mayoritaria en busca de una renovación del sistema de financiación autonómica. Ese plan, según el PP, quedó al margen de la negociación, mientras el Gobierno central optó por el acuerdo con ERC. Los dirigentes del PP insistieron en que la postura del Ejecutivo responde a un interés por mantener a Pedro Sánchez en la presidencia, por encima del orden en los principios constitucionales y el bienestar general.

Europa Press precisó que el PP subrayó la representatividad de las comunidades autónomas gestionadas por su formación, ya que abarcan al 70% de la población española. Los populares cuestionaron la legitimidad del procedimiento utilizado por el Ejecutivo para alcanzar el acuerdo, reiterando que prefiere negociar con Esquerra Republicana en vez de debatir con las regiones que concentran la mayoría de habitantes del país.

En palabras del comunicado, el PP se refirió a la actuación del Gobierno como “deslealtad institucional y traición a los españoles” y atribuyó la iniciativa a la voluntad de Sánchez de priorizar su “permanencia en La Moncloa”. Además, advirtió de la amenaza que supone para la igualdad, el desarrollo y el futuro de los ciudadanos, en la medida en que una reforma del sistema de financiación que excluya a la mayoría autonómica generaría desequilibrios entre regiones.

El debate sobre el modelo de financiación plantea, según Europa Press, una nueva prueba para el bloque socialista, en particular para los dirigentes territoriales que han planteado dudas o rechazo respecto al pacto con los independentistas. La estrategia del PP busca visibilizar la confrontación entre el Ejecutivo central y los intereses de los presidentes autonómicos socialistas, enfatizando que el rechazo al nuevo sistema debe manifestarse de forma explícita en la votación parlamentaria.

A lo largo de las declaraciones recogidas por el medio, los populares insistieron en que la reforma propuesta por el Gobierno de Sánchez no solo afecta los recursos económicos de las regiones, sino también la capacidad de decisión sobre la política fiscal y el acceso equitativo de los ciudadanos a los servicios públicos. Todas estas consideraciones convergen en el foco de la disputa política, a la espera del debate y la votación en el Congreso sobre una reforma que divide a las formaciones políticas y plantea interrogantes sobre la futura cohesión autonómica.