Según declaraciones recientes de Jorge Torres, director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) de Costa Rica, el Ministerio Público recibió formalmente una denuncia ante la existencia de un presunto contrato para asesinar al presidente Rodrigo Chaves. Esta acusación, presentada a menos de tres semanas de las elecciones presidenciales y parlamentarias, se basa en información confidencial que apunta al involucramiento de al menos dos personas, según informaciones brindadas por la cadena televisiva Teletica.
El reporte oficial, recogido por Teletica, indica que la Policía adscrita a la Presidencia tomó conocimiento en la víspera sobre un posible intento de homicidio contra el mandatario. La información recibida describe que una mujer habría contactado a un presunto sicario, y las autoridades ya identificaron tanto a la posible intermediaria como al supuesto ejecutor. Esta acción llevó a los encargados de seguridad presidencial a iniciar una serie de actuaciones, incluido el refuerzo inmediato del resguardo al entorno cercano del presidente y de su familia.
Torres puntualizó, según consignó la televisora local, que sostuvo una reunión directa con el jefe de Seguridad del Palacio Presidencial para coordinar las próximas acciones. La defensa de Chaves, así como de sus allegados, quedó bajo supervisión directa de este último. El esquema de protección incluye tanto el incremento de unidades policiales como la actualización de los protocolos preventivos aplicados en el perímetro de la residencia y los desplazamientos oficiales.
De acuerdo con Teletica, las autoridades enfatizaron la gravedad del asunto por la cercanía de los comicios nacionales, lo que incrementó el nivel de alerta institucional. La información confidencial canalizada a las fuerzas de seguridad detalló el presunto pago al sicario y las circunstancias en que se habría planeado el ataque. Tanto la Fiscalía como los equipos de inteligencia trabajan, según detalló el medio, en la validación y seguimiento de los datos obtenidos, y en la identificación de posibles motivaciones detrás del supuesto plan.
La denuncia ha generado una serie de reuniones entre los altos mandos de seguridad del país, en las que participan tanto la DIS como la Policía presidida y los responsables de la sede gubernamental. Fuentes oficiales citadas por Teletica confirmaron que el objetivo principal actualmente consiste en mantener la integridad física del presidente y garantizar la continuidad de sus actividades sin interrupciones, aún en un contexto de riesgo inusualmente elevado.
A la par, el Ministerio Público supervisa la investigación judicial que busca esclarecer si el caso constituye una amenaza real, y mantiene bajo reserva algunos aspectos de la indagatoria para no entorpecer las pesquisas. Según consignó Teletica, las autoridades optaron por no difundir públicamente detalles puntuales sobre los sospechosos identificados o el origen concreto de la información confidencial, con el objetivo de preservar la eficacia de la investigación y la seguridad de las personas potencialmente involucradas.
La situación, según lo reportado por el canal costarricense, marca un hecho sin precedentes en la dinámica preelectoral reciente del país. El despliegue de recursos adicionales para proteger la figura presidencial y su entorno inmediato permanece vigente durante el desarrollo de las investigaciones, hasta que las autoridades puedan descartar o confirmar la viabilidad de la amenaza recibida. Todas las actuaciones están siendo coordinadas con los organismos nacionales de seguridad, bajo la dirección de la DIS y en estrecha colaboración con la Fiscalía General.
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