El CGE asevera que la suspensión cautelar de la guía enfermera para infecciones urinarias aumentará la demora en sanidad

El Consejo General de Enfermería advierte que la decisión judicial de frenar las indicaciones enfermeras en tratamientos de infecciones urinarias agravará los retrasos en la atención y perjudicará la continuidad de los cuidados a mujeres pacientes según el organismo

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El Consejo General de Enfermería sostiene que permitir a las enfermeras indicar y autorizar el tratamiento de las infecciones urinarias en mujeres adultas agilizaría la solución de un problema de salud frecuente, ya que la mitad de las mujeres lo padecerán al menos una vez en su vida, con un abordaje terapéutico bien establecido. De acuerdo con la información publicada por el medio, el CGE ha manifestado que la reciente decisión de la Audiencia Nacional, que suspende de manera cautelar la guía que habilitaba a las enfermeras para la indicación, uso y autorización de medicamentos en estos casos, impactará negativamente en el funcionamiento del sistema sanitario.

Según informó el Consejo General de Enfermería este martes, el auto judicial —que da la razón a la solicitud de la Organización Médica Colegial (OMC)— impide que dicha guía se aplique hasta que el contencioso administrativo se resuelva, tras la publicación de la Resolución de 9 de agosto de 2024 por la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud en el Boletín Oficial del Estado. El organismo enfermero expresó en un comunicado que la paralización de esta norma provocará un aumento de las esperas y afectará la eficiencia del sistema, especialmente en lo que respecta a la atención y continuidad de los cuidados ofrecidos a las pacientes.

De acuerdo con lo publicado, el presidente del CGE, Florentino Pérez Raya, afirmó que las guías suspendidas, al igual que otras que regulan distintas áreas sanitarias, buscan agilizar la asistencia, reducir la saturación y aumentar la seguridad jurídica de la actuación enfermera. Pérez Raya subrayó que el objetivo primordial de estas medidas pasa por garantizar el beneficio de los pacientes, sin pretender limitar ni restar valor a las competencias médicas.

El CGE insiste en que otorgar capacidad de indicación y dispensación de determinados fármacos a los enfermeros permitiría manejar con eficacia este tipo de patologías prevalentes, optimizando los flujos asistenciales y fortaleciendo tanto la prevención como el seguimiento terapéutico de las pacientes. El organismo subrayó que la prescripción enfermera, cuando se realiza dentro del marco de sus competencias, favorece la mejora continua en la atención y facilita la integración de los cuidados en el sistema público de salud.

El comunicado también recoge una crítica directa a lo que califica como un motivo "puramente corporativista" por parte de la Organización Médica Colegial, a quien atribuyen la voluntad de restringir la capacidad de actuación de los profesionales de enfermería en materia de prescripción bajo argumentos que, a juicio del CGE, no se aplican con igual rigor a otros colectivos. Según detalló el Consejo General de Enfermería, la OMC argumenta que la prescripción de medicamentos constituye un acto médico, para el que se requiere una formación específica de grado y especialización en medicina, pero el CGE señala que odontólogos y podólogos también actúan como prescriptores conforme a la legislación sanitaria vigente, a pesar de contar, según remarcan, con menor formación farmacológica que las propias enfermeras.

El Consejo General de Enfermería considera que la focalización de la medida sobre el colectivo enfermero resulta injustificada y constituye una discriminación específica respecto a otros profesionales sanitarios que, con distinto tipo de formación, sí pueden prescribir. Además, el CGE advierte de los riesgos derivados de la judicialización y la paralización de avances en la gestión sanitaria, así como de la posible afectación directa a los pacientes y a la operatividad del sistema nacional de salud.

Según publicó el CGE, una de las soluciones propuestas frente a este escenario reside en la reforma de la Ley del Medicamento —cuyo anteproyecto prevé reconocer a las enfermeras como profesionales con plena capacidad prescriptora dentro de su ámbito de actuación, en condiciones equiparables a otros colectivos sanitarios—. Para el Consejo, la aprobación de esta reforma se muestra necesaria para aportar valor añadido al sistema nacional de salud y garantizar la seguridad jurídica de las enfermeras en su actividad diaria.

El presidente Florentino Pérez Raya remarcó, según reportó el comunicado, la importancia de agilizar la atención sanitaria y de mantener la función garantista que otorgan las guías avaladas por el Ministerio de Sanidad, desarrolladas por equipos multidisciplinares en los que participan médicos, farmacéuticos y enfermeros. Pérez Raya reclamó el respeto a la profesión de enfermería y la necesidad de ceñirse a la legalidad vigente, al tiempo que denunció el menoscabo que supone recurrir contra estas guías y dejar fuera de la discusión a los profesionales implicados en su elaboración.