
La previsión de la agencia Fitch Ratings indica que la deuda pública de Colombia alcanzará un 62,8% respecto al PIB en 2027, superando el promedio de su categoría crediticia ‘BB’, fijado en 53,8%. Esta estimación surge tras el reciente informe de la agencia, que considera que el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno de Gustavo Petro impactará de manera significativa en las finanzas públicas del país. Según publicó Fitch Ratings, la decisión de incrementar el salario mínimo en un 23% generará mayores compromisos para la administración central, al elevar presiones fiscales y de inflación, a la vez que podría incidir en el desempeño económico general.
De acuerdo al más reciente reporte de Fitch Ratings consultado por medios internacionales, este aumento del salario beneficiará a unos 2,5 millones de empleados en Colombia. La medida fue adoptada por orden ejecutiva tras el fracaso de las negociaciones entre empleadores y sindicatos sobre el porcentaje de incremento salarial, lo que llevó al Gobierno a decretar el alza del 23%. Además, la decisión seguirá con un aumento adicional del 9,5% en 2025, también anunciado por decreto.
El informe de Fitch Ratings advierte que la elevación en los salarios y en determinadas pensiones –debido a mecanismos automáticos de indexación– se traducirá en una mayor presión sobre el presupuesto estatal. El impacto de estas políticas, consigna la agencia, se proyecta en mayores costos de endeudamiento para el Ejecutivo y podría obstaculizar la generación de empleo en el sector formal, afectando así las condiciones del mercado laboral local.
Una de las principales advertencias de la agencia calificadora se centra en el efecto de la decisión gubernamental sobre la política monetaria. El análisis sostiene que el alza de los sueldos podría conllevar incrementos en la tasa de interés de referencia, con repercusiones directas sobre el crecimiento económico del país. A juicio de Fitch, el entorno fiscal colombiano podría volverse más complejo en la medida en que el aumento salarial acelere la inflación y demande ajustes adicionales por parte del Banco Central.
La agencia también examinó los objetivos fiscales del Gobierno para los próximos años. Según consignó Fitch Ratings, el déficit fiscal previsto por la administración Petro para 2026 –establecido en un 6,2% del PIB– resultaría inalcanzable, ya que la agencia anticipa un déficit mayor que llegaría al 7,5%. Esta diferencia se atribuye a las nuevas obligaciones financieras surgidas tras el ajuste salarial y a las dificultades para aumentar los ingresos tributarios.
Fitch Ratings ya había rebajado la calificación de la deuda soberana de Colombia a mediados de diciembre, situando al país en la categoría ‘BB’. La evolución de la política fiscal colombiana posterior a 2026 estará determinada en gran parte por el Congreso que se realizará en marzo, así como por el resultado de las elecciones presidenciales programadas para mayo, con una potencial segunda vuelta en junio. El medio internacional informa que, según la agencia, la persistencia de un escenario político fragmentado exigiría que el próximo presidente llegue a acuerdos con múltiples partidos en el Congreso para avanzar en reformas legislativas.
En su análisis sobre las reformas estructurales, Fitch Ratings prevé que aunque una eventual nueva reforma tributaria podría implementarse, sus resultados estarían por debajo del 1% del PIB. Frente a esta perspectiva, la agencia señala que sería imprescindible realizar esfuerzos sostenidos y de largo plazo para evitar una mayor escalada en la deuda pública y estabilizar las finanzas nacionales. De esta manera, el informe subraya la complejidad que enfrentará la administración colombiana en la gestión de sus recursos y en la planificación fiscal hacia el futuro inmediato, considerando no solo los compromisos laborales, sino también el entorno inflacionario y el panorama político nacional.
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