El Tratado de los Océanos entra en vigor el 17 de enero tras ratificarlo 81 países y sin el apoyo de EE.UU.

El tratado internacional impulsado desde 2004 para reforzar la protección de la alta mar experimentó un giro decisivo tras completar el número mínimo de ratificaciones necesarias, según consignó Europa Press. El 17 de enero marca la entrada en vigor del Tratado Global de los Océanos, también conocido como Tratado de Alta Mar o BBNJ (por sus siglas en inglés), tras ser ratificado por 81 Estados. No obstante, esta puesta en práctica se realiza sin el respaldo definitivo de Estados Unidos, que aún no ha completado la ratificación pese a haber firmado el documento en la administración de Joe Biden.

De acuerdo con Europa Press, la adopción de este tratado —que ya cuenta con la firma de 145 países— se produce en un contexto de desafíos geopolíticos y ambientales, acentuados por la retirada de Estados Unidos de diversas estructuras multilaterales orientadas a la protección ambiental, durante el mandato de Donald Trump. La ausencia del apoyo estadounidense plantea interrogantes en torno a la implementación práctica y el alcance global del acuerdo.

El pacto se estructura sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y fortalece el andamiaje jurídico internacional para la salvaguarda y explotación sustentable de la biodiversidad marina fuera de las jurisdicciones nacionales. Entre sus medidas incluye la creación de zonas protegidas en áreas oceánicas internacionales, el establecimiento de sistemas de evaluación para actividades que puedan afectar a los océanos y la promoción de mecanismos de cooperación y transferencia tecnológica —especialmente destinada a países menos industrializados— para garantizar el cumplimiento de sus disposiciones. Europa Press reportó que también está previsto un fondo específico para financiar estas acciones y un procedimiento para dirimir controversias entre las partes.

Una de las aspiraciones centrales del BBNJ reside en asegurar “un reparto justo de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos en beneficio de la humanidad en su conjunto”, según recoge el texto. Esta visión de equidad se incorpora tanto en las cláusulas sobre distribución de recursos como en los procedimientos para la adopción de decisiones colectivas; en casos donde no sea posible llegar a un consenso, las resoluciones se aprobarán por mayoría de tres cuartas partes, de acuerdo con lo informado por la asesora de la Alianza de Alta Mar, Nathalie Rey.

Representantes de organizaciones como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), la propia Alianza de Alta Mar y Greenpeace han valorado el tratado como un avance. Heidi Weiskel, gerente sénior del Programa de Océanos de la UICN, subrayó la importancia de la gestión de la alta mar en la preservación de la vida humana y destacó que “si no protegemos la alta mar, ponemos en peligro no solo el océano y sus especies, sino también nuestro propio bienestar. No podemos sobrevivir en la Tierra sin un océano sano. Nos proporciona alimentos marinos y productos de los que dependemos para nuestra supervivencia, y además regula nuestro clima”. Weiskel puntualizó la diferencia entre los desafíos de la protección oceánica y los vinculados al clima, remarcando que los primeros resultan más tangibles para la ciudadanía.

El acuerdo impulsará el establecimiento de áreas marinas protegidas y obligaciones para evaluar los impactos de actividades como la pesca, el transporte marítimo o las exploraciones mineras sobre los ecosistemas oceánicos, según detalló Europa Press. El BBNJ busca acelerar la creación de estos espacios, lo que podría permitir proteger hasta el 30% de los mares en 2030. La portavoz de la campaña de Océanos de Greenpeace, Ana Pascual, reiteró la necesidad de alcanzar este objetivo, lo que requerirá proteger una superficie equivalente a más de doce millones de kilómetros cuadrados anuales, semejante al territorio de Canadá cada año.

Europa Press recogió que España figura entre los países que han liderado la ratificación, siendo el primero de la Unión Europea en formalizar el proceso, lo que se concretó el 4 de febrero con la participación institucional conjunta de la ministra de Transición Ecológica y ONG como Greenpeace. Las organizaciones ambientales han señalado zonas prioritarias para la protección, incluyendo un área situada frente a la costa occidental de África, en la convergencia de las corrientes de Canarias y Guinea. Desde Greenpeace han pedido al gobierno español que impulse o respalde la protección de ese espacio y otras áreas en riesgo.

El tratado también incorpora disposiciones para reducir conductas ilegales en alta mar, como el exceso de velocidad y ruido en los corredores migratorios, que afectan a la biodiversidad marina. Según la doctora Weiskel, la implementación del acuerdo podría traer mejoras evidentes en la recuperación de comunidades y especies marinas si disminuyen algunas presiones directas, ya que en ocasiones los resultados pueden observarse en plazos relativamente cortos. “Sé que es muy optimista verlo en un par de años, pero es notable la rapidez con la que algunas comunidades y especies marinas se recuperan cuando se liberan de esas presiones inmediatas tan intensas”, expresó, según citó Europa Press.

La gestión práctica del tratado recaerá en la Conferencia de Partes, cuya primera edición se prevé celebrar en el plazo de un año. Aún quedan definiciones técnicas y logísticas pendientes, como admitió Weiskel, aunque, según el medio, existe una amplia expectativa entre gobiernos y organizaciones para presentar propuestas concretas de áreas protegidas.

Nathalie Rey, asesora de la Alianza de Alta Mar y coordinadora de la Unión Europea, resaltó la fuerza del texto como ejemplo de multilateralismo y ponderó el equilibrio entre conservación y equidad, sosteniendo ante Europa Press que este componente ha sido esencial para sumar apoyos intergubernamentales. “No sólo gira en torno a la conservación, sino también a la equidad, la justicia y la distribución de beneficios, y creo que eso también ha sido una fuerza impulsora clave”, manifestó Rey.

Aunque la implementación de los acuerdos ambientales globales suele tomar décadas para alcanzar los resultados propuestos, algunas voces técnico-científicas estiman que el BBNJ podría producir beneficios en plazos más acotados, especialmente si se logra frenar las amenazas más apremiantes que enfrentan ciertas especies. A juicio de las organizaciones involucradas, el tratado representa una oportunidad inédita para coordinar la protección, uso racional y acceso equitativo a los recursos de la alta mar, subrayó Europa Press.

La entrada en vigor del BBNJ coincide con una etapa en la que, según varias ONG, la agenda climática mundial se ha visto relegada o bloqueada por posiciones gubernamentales como las de Estados Unidos durante la presidencia de Donald Trump. A pesar de estos obstáculos, la consolidación del tratado se interpreta como un logro de la diplomacia multilateral y de la actuación concertada entre países, organismos internacionales y sociedad civil, que vienen impulsando el marco legal para la preservación de los océanos y su biodiversidad desde hace casi dos décadas.

El texto del tratado ofrece instrumentos para resolver disputas entre estados parte y establece un modelo financiero para apoyar su implementación, incorporando específicamente la cooperación tecnológica como vía para fortalecer capacidades en los países en desarrollo. De acuerdo con Europa Press, el BBNJ busca alinear sus metas con los objetivos globales como la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible y el Marco de Biodiversidad Global Kunming-Montreal, reforzando el compromiso multilateral con la protección de los océanos y el reparto equitativo de los beneficios derivados de los recursos marinos.