El Gobierno consigue mantener el fin del subsidio al diésel en el nuevo decreto acordado con los sindicatos

Mario Argollo, dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), solicitó a sus afiliados y a quienes participaron en los bloqueos carreteros durante varias semanas que depusieran las medidas de presión, destacando que la movilización había producido resultados concretos. La principal noticia, según detalló el medio El Deber, es el acuerdo entre el Gobierno de Bolivia y la COB respecto al controvertido Decreto 5503: las protestas se suspenden, pero se mantiene la eliminación del subsidio al combustible dispuesta en la normativa oficial.

De acuerdo con El Deber, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, comunicó la noche del domingo la firma del nuevo acuerdo nacional tras reunirse en la ciudad de El Alto con representantes de la COB y varios miembros de su gabinete. La Central Obrera Boliviana, que había impulsado desde el 6 de enero bloqueos indefinidos en carreteras de seis de los nueve departamentos del país, expresó su conformidad tras semanas de conflictividad social en rechazo a la supresión del subsidio al diésel y la gasolina.

El Gobierno, según publicó El Deber, defendió que la mantención del fin del subsidio a los carburantes es central para asegurar la estabilidad económica. Rodrigo Paz aseguró que la economía boliviana logró estabilizarse tras la implementación del decreto, motivo por el cual, indicó, inicia una nueva etapa con medidas adicionales. Entre los puntos acordados figuran el incremento del 20% en el salario mínimo nacional y la incorporación de ayudas sociales para adultos mayores y estudiantes, incluidos en un próximo decreto que será promulgado, según subrayó Paz, en un plazo de 48 horas.

El mandatario enfatizó, además, que el proceso de negociación con las organizaciones sociales y sindicatos fue determinante para alcanzar el consenso. "Necesitamos un nuevo decreto. Bolivia necesita orden, control y estabilidad, pero sobre todo crecer, por ese motivo comenzará la etapa que dará lugar a un nuevo decreto para consolidar nuestras conquistas económicas y sociales, para consolidar el crecimiento de la patria", declaró públicamente, con el respaldo de los ministros.

En sus declaraciones, Paz relacionó el contexto del conflicto con organizaciones que, en palabras del presidente, "promueven el conflicto". Señaló la disposición del Ejecutivo de no ceder "ante las mafias" y reiteró que "Bolivia no retrocede ni un paso ni para el impulso en sus conquistas económicas ni sociales. Bolivia no negocia con los corruptos, por eso ya estamos metiendo a varios a la cárcel", según recogió El Deber. Estas afirmaciones fueron parte del mensaje dirigido a la población tras la negociación, presentando la resolución como parte de una estrategia de gobierno basada en el diálogo y la responsabilidad.

El dirigente sindical Mario Argollo, de acuerdo con El Deber, llamó a cesar los bloqueos y expresó que los trabajadores podían considerarse satisfechos con el desenlace: "Hoy puede sentirse alegre, su lucha rindió frutos y el país se los va a agradecer". Tras el anuncio, una treintena de los 70 bloqueos establecidos durante la protesta permanecían activos, dificultando el transporte por carretera entre las principales ciudades del país, como La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, además de otras regiones, según detalló el medio boliviano.

Las movilizaciones, según consignó El Deber, ocasionaron problemas significativos en la circulación de productos y personas. Las autoridades señalaron que los bloqueos generaron interrupciones graves en el suministro de alimentos, combustibles y otros bienes esenciales dentro del mercado interno. Los operadores logísticos y transportistas experimentaron complicaciones en la distribución a los principales centros urbanos y rurales, lo que derivó en el desabastecimiento de productos básicos y pérdidas económicas cuantiosas.

Las jornadas de protesta se extendieron casi un mes y representaron uno de los episodios más tensos en la relación entre el Gobierno y el principal sindicato del país. El detonante fue la publicación del Decreto 5503, que dispuso la eliminación de los subsidios a los carburantes, una política considerada clave para la economía nacional durante años previos. El rechazo de sectores sindicales y sociales a esta medida motivó la convocatoria a paros y bloqueos desde la primera semana de enero, afectando seis departamentos.

El Deber informó que la resolución de la crisis incluyó el compromiso de las autoridades de sostener, junto con la COB, mesas de diálogo permanentes para monitorear el impacto de las nuevas políticas y salvaguardar los derechos laborales y sociales. De igual manera, el gobierno manifestó su intención de mantener la coordinación con sectores productivos y sindicales para facilitar la implementación de los compromisos asumidos en el nuevo decreto.

Durante el periodo de bloqueos, los gremios transportistas documentaron dificultades severas en el acceso a combustible, con colas en estaciones de servicio de varias ciudades. Paralelamente, comerciantes y consumidores reportaron una disminución en el suministro de productos esenciales y alza de precios en mercados de abasto, de acuerdo con testimonios recopilados por El Deber.

La medida gubernamental de poner fin al subsidio al diésel y la gasolina responde, según el discurso oficial, a la necesidad de sanear las finanzas públicas y promover el crecimiento económico. La respuesta inmediata de la COB y otros sindicatos consistió en exigir la revocación del decreto, alegando el impacto negativo sobre los trabajadores y los sectores vulnerables.

El pacto alcanzado tras la reunión en El Alto medió la suspensión de los bloqueos sin revertir la decisión económica, sino acompañando la transición con incrementos salariales y políticas de asistencia social. El Gobierno confirmó la inminente promulgación del nuevo marco regulatorio, en el que se integran las medidas negociadas cuya ejecución quedará bajo vigilancia de las partes firmantes.

A lo largo de las semanas de crisis, tanto líderes sindicales como miembros del Ejecutivo intercambiaron declaraciones públicas sobre posibles escenarios y consecuencias de una prolongación del conflicto, advirtiendo sobre mayores daños económicos y sociales. El levantamiento progresivo de los bloqueos y la normalización del tráfico terrestre se presentan ahora como resultado del pacto alcanzado, según puntualizó El Deber en su cobertura.