Trump vuelve al poder duro y arranca en Venezuela su proyecto expansionista y energético en América Latina

El papel asumido por Delcy Rodríguez como presidenta interina en Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro responde tanto a una estrategia interna de subsistencia del chavismo como a una apuesta de Estados Unidos por mantener los resortes de poder operativos durante la intervención. Rodríguez, junto con su hermano Jorge Rodríguez, que continúa al frente de la Asamblea Nacional, ha recibido el respaldo institucional tanto del Tribunal Supremo de Justicia como del Ejército, ambos pilares fundamentales del sistema chavista según consignó el medio El País. Este sostenimiento de la elite originaria del régimen marca el nuevo enfoque adoptado por la administración Trump, cuyas prioridades en la región hacen referencia menos al cambio de régimen que al acceso y control sobre las vastas reservas petroleras venezolanas.

El arresto de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses en Caracas y el anuncio inmediato de Donald Trump acerca de la gestión directa de Estados Unidos en la industria petrolera venezolana reconfiguran el escenario regional, tal como publicó El País. El mandatario estadounidense declaró públicamente que su propósito central radica en asegurar la explotación de los más de 300.000 millones de barriles de crudo que, pese a situar a Venezuela como detentora del 17% de las reservas mundiales, han permanecido infrautilizados, en gran medida por las sanciones internacionales y la corrupción, elementos que también provocaron un marcado colapso en la producción.

De acuerdo con el periódico español, la operación militar, considerada ilegal por organismos como Naciones Unidas, ha dejado por lo menos un centenar de víctimas fatales y ha despertado cuestionamientos sobre la legitimidad del actual despliegue militar estadounidense, el más grande en el Caribe en décadas bajo el argumento oficial de la lucha antidrogas. Esta intervención supuso un viraje respecto a la retórica previa de Trump, quien en diversas ocasiones defendió una postura menos intervencionista en política exterior. Según publicó El País, la acción refleja un objetivo inmediato: reorientar el negocio petrolero hacia las compañías estadounidenses, que durante años vieron desplazados sus intereses a favor de grupos rivales como China y Rusia.

La reacción de la oposición venezolana y de figuras como María Corina Machado fue interpretada por analistas como una muestra del mensaje ambivalente de la Casa Blanca. Tras el arresto de Maduro, Donald Trump manifestó escaso reconocimiento al liderazgo de Machado y su peso dentro de la política venezolana. El propio presidente estadounidense restó importancia a la capacidad organizativa de la oposición y remitió la prioridad exclusiva al sector energético. Según reportó El País, fuentes próximas al exmandatario señalaron que la concesión a Machado del Premio Nobel de la Paz incomodó a Trump, quien percibió el gesto de la opositora de compartir el reconocimiento como un intento de congraciarse con la nueva administración interventora estadounidense.

El apoyo de Washington a parte de la estructura chavista existente se traduce en una política pragmática frente a la posibilidad de garantizar el funcionamiento de la industria y acelerar la recuperación del sector petrolero. El País detalló que Delcy Rodríguez comenzó a implementar políticas que buscan, según sus propias palabras, diversificar las relaciones internacionales y profundizar la cooperación con los nuevos actores en Caracas. En respuesta a exigencias de “signos de paz” formuladas por Trump, Rodríguez ordenó la liberación de varios prisioneros, con la salida de cinco ciudadanos españoles como gesto destacado, considerando la amenaza explícita de la Casa Blanca de intensificar la acción militar en caso de intransigencia. Trump calificó esta medida como “inteligente” al referirse al giro adoptado desde Miraflores, y la utilizó para justificar un freno temporal a nuevos bombardeos en territorio venezolano.

El esquema propuesto por la administración estadounidense establece tres fases, según relató El País. El secretario de Estado, Marco Rubio, identificado como uno de los artífices del operativo, precisó que la primera etapa buscará estabilizar producción y exportaciones, acopiando entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo destinados al mercado internacional, y cuya gestión de ingresos quedará bajo supervisión directa de Washington. Rubio también insistió en que la industria venezolana deberá acondicionarse a estándares de explotación que permitan la rápida comercialización, aunque según advirtió el diario, los niveles de producción actuales no llegan siquiera al 1% de la cuota global debido a la obsolescencia de infraestructuras, la especificidad del crudo (pesado y costoso de refinar), y los largos periodos de desinversión.

La segunda fase del plan estadounidense, de acuerdo con las declaraciones recogidas por El País, prevé la apertura equitativa del sector petrolero nacional a compañías estadounidenses y occidentales, con el objetivo de asegurar una recuperación sostenida y el retorno de inversiones extranjeras. Solamente en la tercera etapa se prevé una apertura paulatina hacia un proceso de reconciliación política, amnistía para líderes opositores y eventuales liberaciones, aunque el cronograma para este desenlace permanece indefinido y vinculado a la consolidación de los dos primeros tramos.

Mientras tanto, la región enfrenta un cambio de paradigma en sus relaciones con Washington. Según publicó El País, la intervención en Venezuela ha intensificado la percepción de regreso de Estados Unidos a una posición hegemónica en Latinoamérica, inspirado por lo que algunos medios denominan el “Corolario Trump” dentro del renovado plan nacional de seguridad estadounidense. Las nuevas directrices se enmarcan en una reinterpretación moderna de la Doctrina Monroe, aspirando afirmar de nuevo el control estratégico sobre el continente americano.

Entre las consecuencias inmediatas del operativo destaca la reconfiguración de vínculos diplomáticos y políticos con antiguos aliados. Antes de la intervención, Trump ya había intervenido abiertamente en los procesos electorales de países como Honduras, Argentina o Chile, condicionando la colaboración bilateral a la afinidad política de los gobiernos electos, según recuerda El País. En Colombia, fuerzas políticas calificadas de progresistas denunciaron interferencias estadounidenses en la previa a las elecciones presidenciales. Esta política de presión exterior, junto a los acontecimientos en Venezuela, refuerza la crítica sobre el rol autodenominado tutelar de Washington en la política latinoamericana reciente.

El posicionamiento de la Casa Blanca también implica el abandono del respaldo total a la oposición venezolana y el fracaso del impulso internacional hacia figuras como Juan Guaidó, que no consiguieron articular un bloque unificado capaz de reemplazar al chavismo en los últimos años. Según recuerda El País, ni en los momentos de mayor crisis del régimen anterior se formó una alternativa de consenso, lo que allanó el camino a la estrategia actual de pragmatismo selectivo estadounidense en favor de la continuidad y operatividad institucional para el sector energético.

El desmantelamiento inmediato del aparato chavista no figura entonces como una prioridad para la nueva intervención estadounidense. Washington ha preferido asegurar primero el control y la explotación económica de las reservas y la estabilización mínima del país para propiciar inversiones y reflujo de capital. Solo a largo plazo, y dependiendo de los resultados en materia de “estabilización” y “recuperación” enunciados por Marco Rubio y otros funcionarios, podría iniciarse el proceso de transición política que incluya la apertura democrática y posibles amnistías a la oposición, según la hoja de ruta publicada por El País.