Junta exige cláusulas de salvaguarda que protejan a agricultores y ganaderos ante el acuerdo UE-Mercosur

La Junta de Andalucía tiene previsto celebrar una reunión el miércoles 14 en la sede de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural para poner en marcha una mesa de interlocución agraria, donde representantes del sector y autoridades autonómicas analizarán el impacto del reciente acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Esta iniciativa busca identificar riesgos y necesidades específicas para agricultores y ganaderos regionales, con la intención de idear posibles medidas compensatorias frente a los retos derivados de dicho pacto comercial. La noticia principal gira en torno a la exigencia que la administración andaluza plantea al Gobierno de España para que defienda activamente los intereses del campo ante este nuevo escenario internacional.

Según publicó el medio, el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Ramón Fernández Pacheco, declaró en Almería que la administración autonómica respalda de forma explícita al sector agroalimentario andaluz y demanda al Ejecutivo central la inclusión de “cláusulas de salvaguarda que protejan a los agricultores y ganaderos de Andalucía”. El acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Mercosur el pasado viernes aguarda la ratificación del Parlamento Europeo, después de obtener mayoría en el Consejo, y ha suscitado preocupación por sus posibles repercusiones desiguales sobre los distintos subsectores agrarios y ganaderos.

Fernández Pacheco enfatizó, según consignó el medio, que la Junta entiende la inquietud de los productores y reclamó “una respuesta firme” al Gobierno de España. La administración andaluza remarcó la necesidad de imponer medidas estrictas que salvaguarden los mercados locales ante potenciales desequilibrios. El consejero detalló su posición: “El temor de agricultores y ganaderos es real y vamos a exigir al Gobierno de España que, ante esta nueva situación, haga lo posible y lo imposible por hacer valer cláusulas de salvaguarda que eviten perturbación en los mercados”.

El medio informó que una de las principales demandas de la Junta consiste en la prohibición de importaciones o ayudas específicas a sectores afectados, además de la exigencia de reciprocidad normativa en los ámbitos sanitario, ambiental y laboral. El Ejecutivo autonómico también subraya la necesidad de reforzar los controles en frontera para garantizar que todos los productos que accedan al mercado cumplan los estándares comunitarios acordados.

La Junta también resaltó que el sector agroalimentario andaluz apoya los acuerdos comerciales internacionales siempre y cuando estos resulten “justos y equilibrados”. Según detalló Fernández Pacheco, el Gobierno andaluz permanecerá especialmente atento a la evolución del acuerdo y atenderá las inquietudes expresadas por todos los sectores implicados. El Ejecutivo regional se dispone a escuchar las demandas de las organizaciones agrarias y a diseñar medidas compensatorias dentro de las posibilidades autonómicas.

De acuerdo con el medio, el encuentro del próximo miércoles 14 aspira a ser la primera de varias reuniones orientadas a determinar el alcance real del acuerdo sobre el sector primario andaluz. El objetivo de estas mesas de interlocución es la formación de un diagnóstico compartido junto a los representantes del campo, para definir estrategias que permitan afrontar tanto los nuevos desafíos como potenciales oportunidades derivadas del pacto con Mercosur.

La preocupación trasladada por la Junta al Gobierno central se relaciona con el posible efecto que el acuerdo podría provocar en la competitividad del sector local, en particular si los productos procedentes de países del Mercosur no cumplen con las mismas exigencias normativas que se aplican a los productores europeos. El Ejecutivo andaluz considera prioritario que el proceso de importación incluya un sistema de controles reforzados, así como la imposición de medidas que eviten prácticas desleales.

Según remarcó Fernández Pacheco, Andalucía plantea que cualquier ayuda o salvaguardia relevante debería activarse en los casos en que se detecte un perjuicio real para los productores andaluces. El consejero subrayó que el Gobierno regional se mantendrá vigilante durante el proceso de ratificación y durante la posterior puesta en marcha del acuerdo, reiterando el “más firme respaldo” al sector andaluz.

El medio especificó que esta postura se produce en un contexto de preocupación generalizada entre los agricultores y ganaderos autonómicos, quienes han alertado sobre posibles pérdidas económicas y desequilibrios comerciales debido a la nueva competencia internacional. La Junta pone el acento en la defensa de un “trato justo” para el campo andaluz y solicita al Gobierno de España que actúe como garante ante las instituciones europeas para velar por condiciones equitativas en el acceso al mercado.

La administración autonómica insiste en que la inclusión de cláusulas de salvaguarda en el acuerdo comercial podría ser clave para evitar “perturbaciones en los mercados” y garantizar la viabilidad de los sectores implicados en el ámbito regional. Según el medio, la próxima mesa de interlocución agraria aspira a consolidar la colaboración entre la Junta y las organizaciones representativas del sector, reforzando el compromiso conjunto para afrontar los retos surgidos tras el pacto UE-Mercosur.