El comunicado de Amnistía Internacional dirigido a la situación en Venezuela incluyó una demanda concreta: que se ponga fin no solo a las detenciones calificadas como arbitrarias, sino también a la revictimización de quienes han sido excarcelados mediante la continuidad de investigaciones y procesos judiciales que, según reporta la organización, resultan discriminatorios y carecen de fundamento. De acuerdo con lo expresado por Amnistía Internacional este viernes, los recientes actos de liberación de presos políticos, realizados el jueves anterior, representan un alivio necesario pero resultan insuficientes mientras sigan existiendo centenares de personas encarceladas por razones políticas.
Según información publicada por Amnistía Internacional, la directora para las Américas, Ana Piquer, sostuvo que toda detención arbitraria que concluye supone un importante alivio y es esperada por las víctimas y sus familias, pero insistió en que esto no representa una solución total ante la persistencia de más casos similares. Piquer expresó además la urgencia de liberar de forma inmediata a la totalidad de personas detenidas por motivos políticos y de garantizar que las familias de las aproximadamente mil personas que continúan privadas de libertad, según datos de organizaciones venezolanas, reciban las garantías de justicia y reparación correspondientes.
El medio detalló que Amnistía Internacional explicó que la continuidad de investigaciones y procedimientos penales sin sustento perpetúa un ciclo de temor y lleva a la revictimización de quienes han sido detenidos. Tales medidas, de acuerdo con la declaración de Piquer difundida por organizaciones de sociedad civil, refuerzan el llamado de la ONG a que toda liberación deba ir acompañada del cierre definitivo e incondicional de los procesos penales abiertos contra las personas afectadas.
De acuerdo con las declaraciones recogidas en el boletín, Amnistía Internacional señaló que la política de represión ejercida por el Gobierno de Venezuela no ha cambiado sustancialmente y que, previo a las recientes excarcelaciones, se recibieron reportes sobre nuevas detenciones que la organización calificó también como arbitrarias. En este sentido, la organización puso en evidencia la existencia de lo que denomina una “puerta giratoria”, donde la liberación de algunos reclusos es simultánea a la aprehensión de otros, lo que anula el efecto positivo de las liberaciones e impide la consolidación de progresos reales en materia de derechos humanos.
El pronunciamiento de Amnistía Internacional incluyó además la demanda de que las autoridades venezolanas investiguen y, de ser el caso, sancionen a las personas que hayan participado en la comisión de violaciones graves a los derechos humanos, incluidos responsables que ocupen cargos de alto nivel. Según consignó el medio, Piquer insistió en la urgencia de una rendición de cuentas genuina frente a los crímenes de lesa humanidad y abogó por un sistema de justicia que provea tanto reparación a las víctimas como garantías de no repetición.
El informe divulgado por Amnistía Internacional reiteró que la prueba de una política sostenida de represión por parte del Estado venezolano incluye tanto la persistencia de detenciones arbitrarias como las investigaciones y procesos judiciales considerados arbitrarios y discriminatorios. La organización fundamenta su preocupación en datos provistos por agrupaciones independientes venezolanas, quienes estiman que al menos mil personas continúan encarceladas bajo cargos motivados por razones políticas.
La directora para las Américas de la organización subrayó que la sociedad venezolana permanece envuelta en un ambiente de temor debido a la repetición de detenciones arbitrarias y la incertidumbre que se genera en torno al futuro legal de los excarcelados. Según el comunicado, este contexto afecta tanto a los directamente implicados como a sus familiares y al conjunto de la sociedad civil, que teme nuevas olas represivas.
Las demandas expuestas por Amnistía Internacional buscan que las excarcelaciones no solo constituyan gestos aislados sino pasos efectivos hacia la erradicación de la política de represión denunciada. Para la organización, estos pasos incluyen medidas legales que garanticen el cierre incondicional de expedientes judiciales abiertos, así como la implementación de mecanismos de reparación integral destinados a las víctimas y sus allegados.
En la declaración, Piquer argumentó que la liberación física de los presos políticos debe ser acompañada de garantías contra su revictimización futura y de una investigación exhaustiva de toda cadena de mando involucrada, alcance que para la organización incluye tanto responsables directos como altos funcionarios. El medio confirmó además que la ONG entiende que solo mediante tales acciones se podrá evitar la repetición de violaciones a los derechos humanos en Venezuela y establecer bases para la justicia y el respeto a las garantías fundamentales.
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