RSF pide protección internacional para Diego Andrés Rosa Rosales, periodista salvadoreño detenido en España

Tras abandonar El Salvador debido a una serie de amenazas y presiones, Diego Andrés Rosa Rosales, junto a su familia, recibió imputaciones judiciales por parte de las autoridades salvadoreñas bajo cargos como “hurto por medios informáticos” y “agrupaciones ilícitas”, figuras recurrentes durante el actual régimen de excepción decretado en marzo de 2022. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras (RSF), tanto el periodista detenido en Sevilla como su madre, residente en Bolivia, y su hermano en Argentina, fueron acusados meses después de la salida del país centroamericano. RSF advirtió que el proceso penal abierto contra ellos muestra graves fallas en el debido proceso y falta de pruebas, según consta en la comunicación emitida por la organización y recogida por varios medios.

El arresto de Diego Andrés Rosa Rosales tuvo lugar el 2 de enero, cuando la Policía Nacional procedió según una orden internacional de detención activada por Interpol a petición del gobierno presidido por Nayib Bukele. Tal como comunicó RSF en una nota remitida tras el suceso, la Audiencia Nacional española decidió al día siguiente su puesta en libertad provisional, situación que se mantendrá mientras El Salvador dispone de un plazo de 40 días para formalizar un pedido de extradición. Según argumentó RSF, esta detención responde a lo que describen como una utilización incorrecta de los mecanismos de colaboración policial internacional, con la finalidad de perseguir a profesionales de prensa en el exilio y restringir la libertad de expresión.

Diego Andrés Rosa Rosales, de 25 años, desarrolló su carrera a partir de 2020 en medios como ‘La Prensa Gráfica’, el periódico digital El Faro, Infodemia y Radio YSUCA, donde cubrió información política, social y casos relacionados con derechos humanos. Según puntualizó Reporteros Sin Fronteras, durante 2025 el periodista vivió un continuo hostigamiento policial en El Salvador: entre las acciones denunciadas se encuentran visitas de agentes a su domicilio, amenazas directas y denuncias anónimas, hechos que Rosa Rosales hizo públicos ante la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Este clima de presión desembocó en su salida del país en septiembre del mismo año.

A través de RSF España, Rosa Rosales manifestó su profundo temor a regresar a El Salvador debido al contexto judicial y penitenciario del país, sobre el cual organizaciones humanitarias han documentado torturas, malos tratos y muertes bajo custodia. Según relató el propio periodista en declaraciones recogidas por RSF España, “La Fiscalía de El Salvador, controlada por el poder Ejecutivo, ha iniciado en mi contra y contra miembros de mi familia un proceso infundado, que presenta graves violaciones al debido proceso y una manifiesta ausencia de pruebas que sustenten la acusación, tal como ha ocurrido en otros casos ampliamente documentados en el país”. En su testimonio, Rosa Rosales subrayó la amenaza concreta y directa que supone el sistema penitenciario salvadoreño para quienes son privados de libertad bajo las actuales condiciones, agravada por la incertidumbre respecto a cómo y cuándo podría materializarse un daño irreversible.

Reporteros Sin Fronteras, según publicó el medio, entró en contacto con Diego Andrés Rosa Rosales tras conocerse la detención y denunció la situación tanto en sus plataformas como ante la prensa nacional. La organización instó públicamente a las autoridades españolas a considerar de forma prioritaria la solicitud de protección internacional presentada por el periodista. En palabras de Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de la sección española de RSF, “La detención de Diego Andrés Rosa Rosales no debe verse como un hecho aislado, sino como parte de un patrón de criminalización de la crítica y del trabajo periodístico que pone en riesgo a quienes informan sobre hechos de interés público”.

RSF sostuvo que el empleo de figuras penales como las imputadas a Rosa Rosales se ha extendido bajo el estado de excepción, aprobado en marzo de 2022 y caracterizado por una aplicación restrictiva de derechos y libertades. De acuerdo con las denuncias reunidas por la organización, existe un patrón de persecución contra periodistas que investigan o reportan sobre temas sensibles, lo que ha derivado en amenazas, vigilancia policial y procesos judiciales a menudo sin soporte probatorio suficiente.

La situación del fotoperiodista en España se encuentra supeditada al avance de los procedimientos legales. Si durante los siguientes 40 días el gobierno de El Salvador no formaliza la petición de extradición, Diego Andrés Rosa Rosales podría mantener su estatus de libertad provisional mientras continúa evaluando su solicitud de protección como refugiado.

Reporteros Sin Fronteras, según detalló en sus comunicados, reafirmó su petición para que España adopte las medidas necesarias de salvaguarda y recordaron la obligación de los estados de proteger a quienes ejercen el periodismo, particularmente en escenarios donde la libertad de prensa enfrenta restricciones. La organización enfatizó también que el caso se encuadra en una tendencia más amplia donde mecanismos de cooperación policial internacional se emplean con fines represivos contra profesionales de medios exiliados.

El caso de Rosa Rosales encuentra eco en informes de otras agrupaciones de defensa de la prensa y los derechos humanos que han advertido sobre las consecuencias del actual entorno de hostilidad hacia el periodismo en El Salvador. Según el análisis de RSF, la presión y persecución judicial han aumentado en los últimos años, lo que ha provocado la salida al exilio de varios reporteros y ha generado un clima de alerta en las redacciones y asociaciones del sector.