Lima, 9 ene (EFE).- El Gobierno de transición de Perú, que preside José Jerí, decretó este viernes el estado de emergencia en la provincia sureña de Pisco, al sur de Lima, para enfrentar el incremento de la criminalidad.
El Ejecutivo ordenó esta medida tras recibir informes de la Policía Nacional del Perú (PNP) "sobre la afectación al orden interno y seguridad ciudadana por el accionar criminal y violencia empleada en diversas modalidades delictivas (homicidios y extorsiones)", indicó el decreto publicado en el diario oficial El Peruano.
La jurisdicción de Pisco, una provincia de la región de Ica, se suma de esa manera a otras localidades del país, como Lima y la provincia vecina del Callao, que desde octubre se mantienen en estado de emergencia para enfrentar el embate de la criminalidad, que es considerado por los peruanos como el principal problema que afronta su país.
La medida tendrá una vigencia de 60 días y se tomó tras una visita de trabajo que hizo Jerí este jueves a Pisco, una localidad costera ubicada a unos 230 kilómetros al sur de Lima, según agregó la Presidencia en un comunicado.
El decreto señaló que durante la vigencia del estado de excepción la Policía Nacional mantendrá el control del orden interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas, y determinará las zonas de intervención.
Dispuso, además, la restricción del ejercicio de derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de reunión y libertad y seguridad personales.
La norma añadió que para la realización de las actividades religiosas, culturales, deportivas y otras de carácter masivo y público, se deberá solicitar permiso a las autoridades, y ordenó la formación de un Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), así como de comités de coordinación, inteligencia, fiscalización y comunicación estratégica.
Durante la vigencia del estado de emergencia, las fuerzas de seguridad ejecutarán el control territorial en zonas consideradas "críticas" y se realizarán patrullas motorizadas, operativos de control de identidad y búsqueda y captura de requisitoriados, entre otras medidas.
El decreto fue publicado con las firmas de Jerí, del primer ministro, Ernesto Álvarez; y de los ministros de Defensa, César Díaz; Economía y Finanzas, Denisse Miralles; Interior, Vicente Tiburcio; y Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez.
Jerí visitó Pisco este jueves acompañado por varios ministros, con quienes supervisó la situación de la seguridad ciudadana, entregó equipos y armamento a la PNP y estuvo en el puerto local, así como otras instalaciones de la agroindustria.
Por su parte, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, lideró un operativo en el penal de Ica, en el que se intervino en un pabellón donde se encuentran más de 170 presos por delitos como sicariato y organización criminal.
El Gobierno que preside Jerí hasta julio próximo ha señalado que su principal tarea será la lucha contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad, además de mantener la estabilidad económica y asegurar la transparencia de las elecciones generales que se celebrarán en abril próximo. EFE
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