Gestha estima que la reforma de la financiación autonómica debería incrementarse en 16.000 millones más

La gestión eficiente de los fondos públicos vuelve a estar en el centro del debate sobre la financiación autonómica, tras la advertencia del sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) respecto al criterio de ordinalidad, una cuestión que, según su comunicado, no constituye un principio recogido por la Constitución ni aparece contemplada en la actual normativa de financiación autonómica. Gestha advirtió también del posible riesgo de inconstitucionalidad de dicho criterio y recalcó que el objetivo principal de las negociaciones debe centrarse en asegurar la operatividad del Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, mecanismo que procura un nivel mínimo homogéneo en la prestación de servicios esenciales en todas las comunidades autónomas. Según el comunicado, mantener la equidad en la financiación de estos servicios básicos es un reto prioritario para las administraciones regionales y el Gobierno central.

Según detalló el medio, Gestha estima que las futuras reformas del modelo de financiación autonómica requerirán un incremento superior al previsto inicialmente. En concreto, los técnicos de Hacienda consideran que el aumento debería situarse en 16.000 millones de euros adicionales respecto a los 20.975 millones propuestos hasta ahora. De alcanzarse estas cifras, sumadas a los 23.119,45 millones de euros que han aumentado las entregas a cuenta entre los años 2023 y 2025, las comunidades autónomas podrían contar con un incremento total de 60.000 millones de euros respecto a 2023. El impacto de esta propuesta supondría una subida del 32% en los recursos disponibles y permitiría acercarse a los 250.000 millones de euros, cantidad que los técnicos consideran necesaria para evitar déficits estructurales de financiación y moderar el crecimiento de la deuda autonómica.

De acuerdo con el análisis publicado por Gestha, el volumen de recursos públicos de que dispondrán las comunidades autónomas hace imprescindible fortalecer su responsabilidad sobre los ingresos tributarios y la estabilidad financiera de las cuentas regionales. El sindicato defiende la necesidad de mejorar los mecanismos de corresponsabilidad fiscal, una demanda recurrente en los informes técnicos y en las recomendaciones de expertos reunidos durante los últimos años para debatir el futuro de la financiación territorial.

En el ámbito de los ingresos, Gestha propone la implantación de reglas comunes que vinculen de manera directa las decisiones fiscales adoptadas en cada territorio —como la fijación de tipos impositivos, la determinación de bases tributarias o la eficacia en el control del fraude— con su capacidad de financiación. Esto supone que las comunidades autónomas asuman plenamente las consecuencias de sus políticas en materia de ingresos y contribuyan de forma estable al equilibrio presupuestario general. Para los técnicos del Ministerio de Hacienda, la heterogeneidad actual, unida a la falta de coordinación, ha resultado en fenómenos de competencia fiscal, conocidos como dumping, que, según Gestha, es necesario frenar mediante la fijación de umbrales mínimos de imposición sobre los tributos cedidos.

El comunicado del sindicato recoge la posición expresada reiteradamente por diversos especialistas en fiscalidad y financiación autonómica, quienes han insistido en la urgencia de combatir el dumping fiscal entre comunidades autónomas. Para Gestha, un sistema de reglas comunes evitará una competencia desordenada y permitirá a los gobiernos autonómicos ejercer su potestad normativa dentro de un marco regulado y equitativo.

Por otro lado, los técnicos de Hacienda subrayan que las comunidades autónomas de régimen común gestionan el 36,3% del gasto de todas las Administraciones Públicas. Desde esta perspectiva, el organismo sostiene que es indispensable reforzar las exigencias en materia de estabilidad presupuestaria y elevar los niveles de eficiencia y transparencia en el destino de los fondos públicos. Según publicaron, resulta fundamental que las inversiones y desembolsos de las comunidades respondan a criterios de rentabilidad social, sometiéndose a controles fortalecidos para asegurar la correcta aplicación de los recursos y la consecución de sus objetivos.

El abordaje de la financiación autonómica, en juicio de los técnicos del Ministerio de Hacienda, obliga a contemplar tanto el reparto de recursos como la rendición de cuentas y la transparencia. En relación a la ordinalidad, Gestha remarcó que este criterio, que establece que ninguna comunidad autónoma debería perder posiciones relativas tras la distribución de fondos, no cuenta con respaldo constitucional ni está regulado actualmente, lo que suscita dudas jurídicas y operativas. El sindicato reiteró que el verdadero desafío reside en proteger la suficiencia y la igualdad en la distribución de fondos, tal como lo hace el Fondo de Garantía de Servicios Públicos Fundamentales, que garantiza niveles similares de acceso a servicios esenciales —como sanidad, educación o dependencia— en todas las regiones.

En sucesivas declaraciones, Gestha alertó de la necesidad de limitar los riesgos de fragmentación y desequilibrios en el sistema, recordando que la estabilidad y eficacia de la financiación regional repercute de forma directa en la calidad de los servicios públicos y en la cohesión territorial. El sindicato insistió en que los incrementos propuestos y las nuevas reglas deben enfocarse tanto en el refuerzo de la corresponsabilidad fiscal como en el establecimiento de nuevas pautas para la planificación presupuestaria y la fiscalización del gasto autonómico.

De acuerdo con el análisis de Gestha, el proceso de reforma de la financiación autonómica requiere no solo recursos adicionales sino también cambios estructurales en la forma en que se gestiona tanto el ingreso como el gasto a nivel regional. La propuesta de incremento global hasta los 250.000 millones de euros representa una modificación profunda respecto a los esquemas actuales, y su implementación dependerá tanto de la voluntad política como del consenso técnico entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Como advirtieron los técnicos, el equilibrio presupuestario y la transparencia seguirán siendo los pilares fundamentales para una nueva etapa en la financiación regional.