El escrito presentado por la defensa de Donald Trump ante la fiscalía del estado de Georgia cita una ley recientemente aprobada en esa jurisdicción, la cual estipula el reembolso de los costos legales a los acusados cuando se constata una conducta indebida por parte de los fiscales encargados del caso judicial. Según publicó Bloomberg, la solicitud concreta del expresidente estadounidense asciende a 6,2 millones de dólares, lo que supera los 5,3 millones de euros, y corresponde a los gastos derivados de su defensa en el proceso por supuesta interferencia electoral durante las elecciones presidenciales de 2020 en Georgia.
Trump dirigió esta petición a la Fiscalía del Distrito de Georgia, que previamente lo había acusado formalmente de intentar anular los resultados electorales que dieron la victoria al demócrata Joe Biden en ese estado. De acuerdo con la información de Bloomberg, la exigencia económica se respalda en una legislación estatal que contempla esta posibilidad en los casos donde el fiscal haya sido apartado por conducta inapropiada y la investigación legal sobre el acusado haya quedado sin efecto.
La investigación original en cuestión se inició en 2023, bajo la dirección de Fani Willis, fiscal del condado de Fulton. Willis lideró la acusación que imputaba a Trump y a varios de sus colaboradores de campaña por conspirar para cometer delitos vinculados a una presunta interferencia en el proceso electoral de acuerdo a las normativas de Georgia. Dentro del expediente, figuraban grabaciones de conversaciones donde Trump instaba a funcionarios estatales a actuar para revertir los resultados en su contra.
Posteriormente, como reportó Bloomberg, el caso se vino abajo al descubrirse que Fani Willis mantenía una relación personal con el abogado encargado del caso, lo que llevó a cuestionar la imparcialidad del procedimiento. En 2024, un tribunal de apelación de Georgia tomó la decisión de apartar a Willis de la causa ante la evidencia de un posible conflicto de intereses. Esta situación debilitó la posición de la fiscalía y abrió el camino a la desestimación del proceso.
Durante el avance del caso, Trump negó haber cometido actos ilegales y sostuvo públicamente que era objeto de una persecución política, un discurso que mantuvo desde el inicio de la investigación y que reiteró tras la presentación de las acusaciones. Bloomberg detalló que, ante el desarrollo de los acontecimientos, el fiscal sustituto Pete Skandalakis presentó en noviembre una solicitud formal para cerrar el caso, argumentando que no resultaba viable continuar con la persecución judicial, especialmente al considerar el avance paralelo de una investigación federal.
Según consignó el mismo medio, Skandalakis manifestó: "Considero que, a pesar de la evidencia disponible, buscar la acusación de todos los involucrados en el caso (...) sobre bases esencialmente federales sería igualmente improductivo". Su informe destacó la existencia de una pesquisa liderada por el fiscal especial Jack Smith a nivel federal, la cual también analizaba los supuestos intentos de reversión electoral por parte de Trump.
En etapa avanzada del proceso, el fiscal especial Jack Smith puso fin también a sus cargos contra Trump hacia el cierre de 2024, después de que el expresidente lograse la reelección para la presidencia de Estados Unidos, según indicó Bloomberg. Este desenlace terminó por consolidar el fin de las acciones legales relacionadas con el caso de Georgia y respaldó la reclamación actual de Trump en busca de la compensación económica.
La acción de Trump se produce en un marco legal habilitado recientemente por los legisladores estatales de Georgia, que diseñaron la norma para resarcir a quienes hayan sido objeto de acusaciones improcedentes vinculadas a faltas éticas acreditadas de los fiscales. El caso de Willis y las circunstancias de su apartamiento se inscriben dentro de los supuestos previstos por dicha ley, lo cual sustenta la reclamación financiera informada por Bloomberg.
A lo largo del proceso judicial, tanto la defensa de Trump como sus aliados argumentaron que la querella no tenía fundamento jurídico y que respondería a motivaciones políticas. El hecho de que la investigación haya terminado desestimada refuerza la estrategia del expresidente, quien busca ahora revertir los costos que le habría generado la defensa frente a una causa judicial que perdió validez tras el apartamiento de la fiscal.
La petición de Trump ante la fiscalía de Georgia y las implicaciones de la legislación invocada centran la atención en el debate sobre los límites y las consecuencias de actuaciones fiscales consideradas irregulares, según recogen los datos proporcionados por Bloomberg y la documentación presentada por la parte demandante.
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