Lula veta la ley que reduce las penas por golpismo en el tercer aniversario de los ataques del 8 de enero

Durante la conmemoración del tercer aniversario de los ataques contra las instituciones en Brasilia, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, decidió vetar la iniciativa legislativa que preveía la reducción significativa de las penas para las personas condenadas por su participación en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023, según publicó el medio Europa Press. Lula formalizó el veto tras un acto oficial en el Palacio del Planalto, el mismo lugar atacado durante los hechos de 2023. Al finalizar el evento, el mandatario remarcó que “quienes cometieron crímenes contra la democracia tendrán que pagar”.

La propuesta legislativa, que ahora retorna al Congreso tras el veto presidencial, contemplaba reducciones de hasta el 70 por ciento en las sentencias para los implicados en el asalto a las sedes de los tres poderes en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia. Tal como informó Europa Press, entre las personas que podrían haberse beneficiado del proyecto se encuentra el expresidente Jair Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión. En el caso de aplicarse la reducción contemplada en el texto, el régimen cerrado de al menos siete años podría haber quedado en poco más de dos años y cuatro meses.

Lula justificó la decisión recordando el peligro que representó la intentona golpista, que incluyó un plan para atentar contra su vida y la de otras autoridades nacionales. “El ocho de enero está marcado en la historia como el día de la victoria de nuestra democracia. Victoria sobre quienes intentaron tomar el poder por la fuerza, despreciando la voluntad popular”, sostuvo el presidente durante su discurso, donde elogió la labor del Tribunal Supremo en el procesamiento de los cabecillas e instigadores de los hechos, según detalló Europa Press. Destacó además que el proceso judicial ofreció a los acusados todas las garantías de defensa bajo un sistema descrito como transparente y sustentado en “fuertes pruebas”.

Durante su pronunciamiento, Lula enfatizó también una postura contraria frente a cualquier forma de dictadura, ya fuera civil o militar. Hizo referencia a los avances económicos y sociales alcanzados por su Gobierno desde su retorno al poder hace tres años, asegurando que las previsiones negativas difundidas tras su elección no se cumplieron. “Aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo”, advirtió Lula mientras se dirigía a quienes se encontraban reunidos junto a la sede del Ejecutivo, según consignó Europa Press.

El texto de la ley había sido aprobado por mayoría tanto en la Cámara de Diputados, con 291 votos favorables, como en el Senado, donde obtuvo el respaldo de 48 legisladores. Europa Press informó que la reacción del Congreso frente al veto ha sido inmediata. Integrantes de la oposición, como el diputado Paulinho da Força, responsable de la propuesta, calificaron la medida de Lula como un “desplante” hacia el Congreso y aseguraron que la decisión “reabre las tensiones que habían sido superadas”, proyectando ante la sociedad una imagen de confrontación institucional. Otros parlamentarios opositores, entre ellos Carlos Bolsonaro, hijo del expresidente, calificaron la decisión presidencial de “cruel” y “vengativa”, agregando que “esto no es justicia, no es democracia”.

El senador Rogério Marinho también se pronunció contra el veto y llegó a describir a los condenados como “presos políticos”, añadiendo que el presidente Lula carece de la “grandeza de esos líderes de la historia que han sabido reconciliar al país por medio de sucesivas amnistías en momentos muchos más graves”. Según Europa Press, el texto regresa al Congreso, donde podrá ser revocado si logra el apoyo de al menos 257 de los 513 diputados y 41 de los 81 senadores. Si alcanzara esos respaldos, la ley sería promulgada, aunque podría verse sometida a impugnaciones por parte del Gobierno, la Fiscalía, partidos políticos o agrupaciones de la sociedad civil.

Europa Press especificó que la decisión de Lula responde a la posición mantenida desde el inicio de su mandato sobre la protección de la democracia y la exigencia de responsabilidades a quienes actuaron contra el orden constitucional. En previas intervenciones públicas, el mandatario ya había anticipado que vetaría la normativa al momento de presentarse en su despacho, reafirmando que no existen acuerdos posibles con ninguna amnistía para quienes atacaron las instituciones y el régimen democrático del país.

El debate sobre la amnistía y las condenas por los hechos del 8 de enero sigue polarizando el panorama político brasileño. Mientras el Ejecutivo insiste en la importancia del proceso judicial llevado adelante por el Tribunal Supremo y la necesidad de preservar el estado de derecho, la oposición ha intensificado sus críticas afirmando que la postura del presidente provoca más divisiones y dificulta cualquier posibilidad de reconciliación nacional, según reseñó Europa Press. La confrontación en torno a este tema anticipa un escenario parlamentario tenso y con perspectivas de prolongarse en la agenda política hasta las elecciones de 2026 y más allá.