Lula veta la ley que reduce las condenas por golpismo en el tercer aniversario de los ataques del 8 de enero

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, alertó durante la conmemoración de los ataques ocurridos el 8 de enero que quienes participaron en actos contra la democracia enfrentarán las consecuencias establecidas por la ley, reafirmando su rechazo a cualquier intento de dictadura, ya sea civil o militar. El mandatario eligió este escenario para oficializar el veto a una propuesta legislativa que buscaba reducir de manera considerable las condenas para los responsables de la intentona golpista de 2022, iniciativa que incluía implicados de alto perfil, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro. Según informó el medio, Lula intervino durante un acto realizado en el Palacio del Planalto, enfatizando la importancia de preservar el Estado de derecho y de mantener la transparencia en el sistema judicial brasileño.

De acuerdo con la información publicada, la propuesta vetada había sido aprobada en 2025 por amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso, con 291 votos a favor en la Cámara Baja y 48 en el Senado. El texto preveía beneficios significativos para los condenados por los ataques del 8 de enero de 2023, ofreciendo reducciones de pena de hasta el 70 por ciento en algunas situaciones específicas. Para Jair Bolsonaro, la norma habría implicado pasar de un mínimo de siete años en régimen cerrado a dos años y cuatro meses, dentro de su condena total de 27 años de prisión.

Tal como consignó la fuente, Lula comunicó con antelación su intención de rechazar el proyecto legislativo: “Con todo el respeto al Congreso Nacional, en cuanto llegue a mi despacho, lo vetaré, no es ningún secreto”, expresó el presidente en referencia a la propuesta que consideró contraria al espíritu democrático. Además, destacó que “quienes cometieron crímenes contra la democracia brasileña tendrán que pagar por los actos contra el país”.

Durante su participación en el acto en la plaza de los Tres Poderes, el mandatario calificó la fecha del 8 de enero como un hito en la historia nacional, al representar, según sus palabras, “el día de la victoria de nuestra democracia”. Recordó que la intentona golpista incluyó planes de asesinato tanto en su contra como hacia otras altas autoridades del Gobierno. Lula resaltó la respuesta institucional como factor determinante para contener la subversión, subyacente en la labor desempeñada por el Tribunal Supremo Federal durante la instrucción y el procesamiento de los implicados.

El medio detalló que el jefe de Estado subrayó la legitimidad del proceso judicial, afirmando que “posiblemente la prueba más contundente del vigor de la democracia brasileña sea el juicio a los golpistas por el Tribunal Supremo”, e insistió en que todos los acusados tuvieron acceso a un proceso de defensa transparente basado en “fuertes pruebas”. Lula remarcó además el papel del Tribunal, que enfrentó diversas presiones durante el proceso judicial y consideró que la solidez democrática impidió la consumación del golpe.

El texto rechazado debe ahora regresar al Congreso Nacional, donde el Legislativo tiene la opción de revocar el veto presidencial. Según reportó la fuente, esta acción requiere el respaldo de 257 de los 513 diputados federales y 41 de los 81 senadores. En caso de una eventual revocación y promulgación de la ley, el texto podría ser objeto de impugnación por parte del Poder Ejecutivo, la Fiscalía, partidos políticos o entidades de la sociedad civil.

Durante su discurso, Lula también abordó el contexto posterior a su retorno al poder, en el que numerosas predicciones de inestabilidad económica y social no se materializaron. El presidente enfatizó el cumplimiento de sus compromisos y señaló lo que consideró la derrota de los escenarios pesimistas pronosticados tras su regreso hace tres años. Al dirigirse a la oposición de cara a las elecciones de este año, el mandatario advirtió que “si siguen apostando por el pesimismo, perderán otra vez”.

Antes de finalizar su intervención, Lula concluyó recordando la importancia de la memoria histórica para evitar repeticiones de hechos similares: “Aquellos que no recuerdan el pasado, están condenados a repetirlo”. Tras el evento oficial, el mandatario salió a saludar a simpatizantes reunidos en las inmediaciones del Palacio del Planalto, espacio que hace tres años fue escenario de las acciones que desencadenaron el proceso penal vigente.

El medio señaló que el Gobierno mantiene su rechazo frontal a cualquier iniciativa legislativa que implique alterar la aplicación de las sanciones impuestas a los cabecillas de la intentona subversiva. El trámite legislativo prevé la posibilidad de sucesivas impugnaciones e intervenciones judiciales si prospersan reclamos de inconstitucionalidad u objeciones por parte de diferentes actores institucionales.

La cobertura destacó que desde el retorno de Lula a la presidencia, la narrativa en defensa de la democracia se ha mantenido como eje principal, especialmente en el contexto de los procesos judiciales relacionados con los acontecimientos del 8 de enero. Tal como se desprende de los mensajes del Ejecutivo, la defensa de la institucionalidad y la memoria de los hechos buscan reforzar las garantías democráticas y preservar el funcionamiento regular de las instituciones del Estado brasileño.