Túnez, 8 ene (EFE).- El Tribunal de Primera Instancia de Gabes, en la costa este de Túnez, aplazó este jueves, para el 22 de enero, el veredicto sobre el cese de la producción en un complejo químico contaminante en la localidad, a la espera de su desmantelamiento definitivo, como exige la acusación, tras causar daños respiratorios a cientos de personas.
Es la sexta vez, desde el pasado octubre, que se posterga el fallo, pese a tratarse de un caso calificado como "urgente", debido a los problemas de salud que las factorías del complejo han ocasionado a la población desde principios de septiembre, por el incremento de fugas de gases contaminantes.
Este nuevo aplazamiento se produjo, según declaraciones del jefe de la oficina regional de abogados de Gabes, Munir al Adouni, a petición del "mediador de disputas estatales", para "profundizar" en el estudio de la solicitud de paralización de actividades.
Ante esta decisión, decenas de manifestantes protestaron frente al tribunal, donde reiteraron la urgencia de desmantelar las unidades de producción -dedicadas, fundamentalmente, a la industria del fosfato-, al considerar que su continuidad "incrementará los problemas de salud por daños respiratorios" en la zona.
Cuando finalmente sea emitido el veredicto, si resulta favorable a la acusación, las factorías deberán paralizar sus labores de inmediato, a la espera de una resolución posterior para su cierre definitivo.
Los reclamos populares, recurrentes desde hace más de una década, se intensificaron en los últimos tres meses, con manifestaciones multitudinarias y una huelga general llevada a cabo el pasado 21 de octubre en la región.
Por el momento, el Gobierno no ha planteado públicamente la posibilidad de desmantelar las instalaciones, sino que propuso reactivar seis proyectos por valor de 200 millones de dinares (59 millones de euros) para poner fin a las emisiones de gases tóxicos y que las factorías continúen la producción.
El Consejo Regional de Médicos de Gabes, que calificó de "inaceptable" la continuidad de las actividades, alertó de los "catastróficos y graves efectos para la salud" y los daños "evidentes" causados "a lo largo de sucesivas décadas", acentuados desde el pasado septiembre.
El planteamiento del gremio sanitario fue respaldado por más de medio centenar organizaciones y asociaciones de todo el país, así como de sindicatos y empresas de la zona afectada.
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