Este miércoles arranca en Toledo el juicio contra seis acusados de explotar sexualmente a siete personas

B., proveniente de la localidad colombiana de La Virginia, denunció en diciembre de 2019 a la Policía Nacional en Toledo las condiciones a las que había sido sometida tras su llegada a España, lo que desencadenó una investigación policial que permitió identificar una red de trata de personas. Según Europa Press, el juicio contra seis personas acusadas de organizar y ejecutar este entramado comienza este miércoles y se prolongará hasta el jueves en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Toledo.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, los acusados —O.O.O.R., J.J.R., A.K.P.N., G.A.O.G., L.M.M.L. y J.A.F.M.— afrontan cargos relacionados con la captación y traslado de al menos siete mujeres desde Colombia hasta diferentes ciudades españolas, con el propósito de explotarlas sexualmente. El caso estuvo previsto inicialmente para septiembre, pero se suspendió y ahora se retoma tras la conclusión de la instrucción y diligencias policiales. La investigación reveló que O.O.O.R. y A.K.P.N., vinculados sentimentalmente, se desplazaron hasta Toledo, donde planificaron el funcionamiento de la red junto a J.J.R. y G.A.O.G., hermanos de O.O.O.R., para obtener un beneficio económico a través de la prostitución de mujeres jóvenes originarias de su municipio de La Virginia, en Colombia.

El medio Europa Press detalló que J.J.R., quien residía en Colombia, contactó en mayo de 2019 con B., ofreciéndole trasladarse a España para ejercer la prostitución, argumentando que esa propuesta le permitiría superar la difícil situación económica de su entorno familiar. Le prometieron el adelanto de los costes relacionados con su desplazamiento, incluyendo la obtención de pasaporte, pasajes a España en vuelo de ida y vuelta, reserva de hotel y una entrega inicial de 1.000 euros en efectivo para que aparentara solvencia al momento de ingresar en territorio español. Una vez en España, la joven adquiría la obligación de entregar a O.O.O.R. la suma de 3.000 euros, cantidad muy superior al gasto real efectuado para posibilitar su llegada, que debía abonar mediante los ingresos generados como trabajadora sexual.

La Fiscalía, según consignó Europa Press, sostiene que los acusados replicaron este mecanismo con otras jóvenes identificadas con las iniciales C., D., E., G., H., J. y L., algunas de las cuales ingresaron en España a través de Francia y Alemania, eludiendo controles en el aeropuerto de Madrid-Barajas. Una vez en el país, las mujeres fueron instruidas sobre la promoción en línea de sus servicios sexuales y debían entregar parte de sus ganancias tanto para saldar la deuda contraída como para cubrir el alojamiento, cuyo coste semanal ascendía a 150 euros, cifra considerada por la fiscalía como excesiva en relación al valor de mercado. Además de estas cargas, las víctimas transfirieron distintas sumas de dinero a través de locutorios siguiendo instrucciones de los acusados.

Otra línea de negocio dentro de la red identificada por la investigación, según Europa Press, fue la distribución de cocaína entre los clientes de los encuentros sexuales. O.O.O.R. se ocupaba de aprovisionar la sustancia en las viviendas empleadas para la explotación y de garantizar que siempre hubiera dosis disponibles para quienes las solicitaran.

La denuncia presentada por B. el 8 de diciembre de 2019 ante la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras facilitó su identificación como testigo protegido. Recibió protección institucional, fue acogida en un recurso residencial dependiente del Centro de la Mujer de Toledo y posteriormente derivada al Centro de Atención y Valoración Integral, donde ingresó el 9 de diciembre. Estas actuaciones motivaron la apertura de diligencias y dieron origen a la investigación judicial y policial que evidenció la organización y actividades de la red.

El medio Europa Press reportó que la policía intervino en varios domicilios vinculados a los acusados el 10 de marzo de 2020. En la vivienda donde se encontraban G.A.O.G., su hijo, L. y dos mujeres, los agentes interceptaron dosis de cocaína cuando G.A.O.G. intentó deshacerse de ellas en un baño. Tras su análisis, se determinó que la sustancia sumaba 0,85 gramos de cocaína, mientras que en la habitación se halló otra dosis, de 0,28 gramos, junto a una báscula de precisión y 155 euros en efectivo.

Simultáneamente, agentes registraron la vivienda habitual de O.O.O.R., A.K.P.N. y J.J.R., donde se encontraban también H. y L.M.M.L. Ahí se localizaron 131,53 gramos de cocaína, material empleado para dosificar la droga y 1.760 euros. Un registro adicional en Algeciras permitió decomisar una segunda báscula de precisión, similar a la ubicada en el inmueble de Toledo.

La Fiscalía solicita para los procesados siete años de cárcel a cada uno por los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en concurso con un delito de explotación lucrativa de la prostitución ajena. Además, solicita un año de prisión por delito continuado contra los derechos de ciudadanos extranjeros y cuatro años y seis meses por un delito contra la salud pública. Europa Press indicó que todos los acusados son considerados responsables como coautores de la totalidad de los delitos atribuidos.

Luego de la denuncia y de las actuaciones policiales, las víctimas identificadas ejercieron la prostitución no solo en Toledo, sino también en otras ciudades como Parla, Cuenca, Albacete y Algeciras, empresas de alojamiento y otras logísticas cubiertas parcialmente, pero con cargos considerados desproporcionados para compensar lo supuestamente invertido en el traslado y manutención, según la documentación contenida en el escrito de acusación. Además, la imputación abarca las transferencias obligatorias que las mujeres enviaron desde locutorios, parte del esquema de control y enriquecimiento ilícito señalado por la Fiscalía.

De acuerdo a la información publicada por Europa Press, la instrucción del caso halló indicios de una organización jerárquica y meticulosamente estructurada, con reparto claro de funciones y mecanismos para eludir controles migratorios y policiales, tanto en España como en el país de origen de las víctimas. Las pruebas físicas incautadas, especialmente la cocaína, el efectivo y los instrumentos de precisión para la manipulación de estupefacientes, constituyen una parte relevante del sumario y de la acusación que ahora se someterá a juicio.