VÍDEO: El PP anuncia la creación de una comisión en el Senado para saber si la SEPI "pagó favores" a Maduro

El anuncio de una nueva Comisión de Investigación en el Senado ha coincidido con la citación a altos funcionarios del Gobierno español para que respondan ante posibles irregularidades detectadas en la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), así como con los recientes arrestos y registros realizados a instancias de la Audiencia Nacional. Según consignó Europa Press, la portavoz del Partido Popular (PP) en la Cámara Alta, Alicia García, informó que esta comisión estará orientada a esclarecer si existieron beneficios o pagos de favores relacionados con el Gobierno venezolano de Nicolás Maduro, en operaciones empresariales de entidades españolas como el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Europa Press detalló que la decisión se hizo pública tras una rueda de prensa ofrecida por Alicia García, en la que explicó que el nuevo órgano parlamentario se ocupará de examinar el papel de la SEPI en diversas operaciones empresariales, particularmente aquellas que pudieran estar vinculadas con el Ejecutivo venezolano. García indicó que el grupo popular ha solicitado la comparecencia, en un pleno extraordinario convocado para el próximo 15 de enero, de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien también ostenta la responsabilidad política sobre la SEPI, así como de la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen. Según explicó la portavoz, ambos departamentos ministeriales han quedado bajo la lupa debido a los indicios recogidos en la denominada “trama de hidrocarburos que pudo haber beneficiado a Maduro”.

Las acciones del Partido Popular se producen poco después de que, en diciembre de 2025, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil procedió a la detención de la exmilitante del PSOE Leire Díez, del expresidente de la SEPI Vicente Fernández y del empresario Antxon Alonso. De acuerdo con Europa Press, estos arrestos se inscriben en las diligencias de la Audiencia Nacional, organismo judicial que coordina una investigación sobre supuestas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos relacionados con la SEPI.

Tras estas detenciones, la Guardia Civil acudió a solicitar información y documentación en diversas sedes institucionales, que incluyeron Correos y los ministerios de Hacienda y Transición Ecológica. El objetivo de estas actuaciones, según reportó Europa Press, consistió en recabar datos adicionales vinculados con las pesquisas judiciales que trata de determinar posibles vías de corrupción o actuaciones ilícitas dentro de la administración pública.

La posible relación entre el rescate de empresas como Plus Ultra y el entorno del Gobierno de Nicolás Maduro constituye uno de los ejes centrales de la investigación impulsada. Europa Press puntualizó que el pleno convocado y la comisión de investigación persiguen dilucidar si la intervención de la SEPI en este tipo de operaciones pudo haber tenido motivaciones políticas o externas a los intereses generales del Estado español.

Además, estas medidas del grupo popular tienen lugar tras la reciente detención del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, quien deberá declarar por acusaciones asociadas a “narcoterrorismo” y al tráfico de drogas, según la información publicada por Europa Press. Este hecho ha añadido presión sobre las instituciones españolas para esclarecer cualquier posible vínculo entre representantes públicos y la administración venezolana.

El medio subrayó que las imágenes y declaraciones correspondientes a estos acontecimientos, incluyendo la rueda de prensa ofrecida por Alicia García, están disponibles en Europa Press Televisión. La difusión de los hechos ha generado un debate dentro del Senado sobre la necesidad de garantizar la transparencia en la gestión de las empresas públicas, así como la importancia de esclarecer si existieron tratos de favor en las operaciones empresariales impulsadas por la SEPI en el marco de las relaciones bilaterales con Venezuela.

Alicia García reiteró que la creación de la comisión responde a la sospecha de que ciertas decisiones empresariales pudieron haber favorecido a particulares o responsables políticos a través de mecanismos de rescate financiero, lo que habría perjudicado la imagen y la integridad de la administración pública española. Europa Press recogió que tanto el Ministerio de Hacienda como el de Transición Ecológica serán requeridos para aportar toda la información pertinente, con la finalidad de identificar si las anomalías detectadas corresponden a actuaciones aisladas o forman parte de una estructura de corrupción más amplia.

El desarrollo de la investigación parlamentaria se produce en un contexto en el que la SEPI, como principal tenedora de participaciones industriales del Estado, desempeña un papel clave en la intervención y el rescate de empresas consideradas estratégicas. Según explicó Europa Press, el caso de Plus Ultra se ha convertido en ejemplo paradigmático al concentrar las sospechas sobre posibles intereses extraterritoriales o políticos, en particular, por la relación histórica de la aerolínea con el Gobierno venezolano.

En las próximas semanas, la propia SEPI, sus anteriores responsables y representantes de entidades bajo su órbita, estarán sujetos a comparecencias y solicitudes de información en sede parlamentaria y judicial. Estos requerimientos buscan esclarecer tanto la legalidad de los procedimientos seguidos como las eventuales conexiones entre los responsables administrativos y agentes externos al Estado. Europa Press puntualizó que la investigación continuará ampliándose a medida que surjan nuevos elementos derivados de las pesquisas judiciales y parlamentarias.