Las autoridades sanitarias de EEUU rebajan la recomendación de vacunas infantiles contra meningitis y gripe

La decisión del secretario de Salud estadounidense, Robert F. Kennedy Jr., de cesar en junio a 17 integrantes de la comisión de vacunación de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) por supuestos conflictos de interés marcó un giro relevante en la política de inmunización infantil de Estados Unidos. Según informó el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos, el nuevo calendario vacunal elimina la obligatoriedad para una serie de inmunizantes dirigidos a la población pediátrica, consecuencia directa de la revisión impulsada por la Casa Blanca.

Tal como publicó el medio consignado, las nuevas directrices dejan en manos de un acuerdo entre médicos y familias la recomendación de vacunas contra el rotavirus, el meningococo y la gripe. A partir de la actualización, estas inmunizaciones solo se aplicarán cuando exista consenso entre el profesional sanitario y los tutores legales del menor, desplazando el anterior enfoque que establecía una recomendación universal.

El medio detalló que las vacunas que mantienen la recomendación derivada del “consenso internacional” son la del sarampión, la poliomielitis, la tos ferina y el virus del papiloma humano. Según los CDC, esto se justifica por la existencia de respaldo científico ampliamente aceptado a nivel global. La inmunización contra la varicela también se mantiene como recomendación firme en el nuevo calendario.

El anuncio de los cambios, de acuerdo con la información proporcionada por el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos, deriva de una orden del presidente estadounidense, Donald Trump, quien impulsó una revisión del calendario bajo el argumento de que algunas vacunas no tienen utilidad demostrada a su juicio. Como resultado, se retiró la recomendación aplicada desde 1991 de administrar la vacuna de la hepatitis B a recién nacidos. Esta decisión marca un cambio en la política aplicada durante casi tres décadas.

Según publicó el medio citado, las autoridades aluden a una alineación con los esquemas vacunales de otros países industrializados, mencionando de manera explícita el ejemplo de Dinamarca, Alemania y Japón. Esta referencia pretende mostrar que la relajación de las recomendaciones para ciertas vacunas se equipara a las políticas adoptadas por estos países, donde no todas las inmunizaciones son obligatorias o universalmente recomendadas.

El escenario político y administrativo que acompaña estos cambios ha tenido como consecuencia el reemplazo del liderazgo en los CDC. El Gobierno designó a Jim O’Neill como subsecretario del Departamento de Sanidad y director de los CDC en sustitución de Susana Monarez. Según informó el medio de referencia, Monarez fue acusada por la Administración Trump de mentir poco después de denunciar presiones en torno a la aceptación de las tesis antivacunas respaldadas por miembros del Gobierno.

Robert F. Kennedy Jr., protagonista destacado de esta nueva etapa, ha puesto en duda en múltiples ocasiones la eficacia de diversas vacunas, incluyendo la desarrollada para combatir la COVID-19, a la que calificó como “la más letal jamás fabricada”, según informó la fuente. Kennedy también ha respaldado repetidas veces teorías conspirativas sobre la relación entre la vacunación y el autismo, posiciones que han generado debate tanto en el ámbito sanitario como en la opinión pública.

El proceso de revisión del calendario de vacunación, impulsado directamente por el Ejecutivo, responde a una estrategia de priorizar la toma de decisiones compartida entre sanitarios y familias en lugar de mandatos generales, de acuerdo con la nueva normativa difundida por el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos. Mientras tanto, los expertos ajenos a la nueva comisión han quedado fuera de la estructura oficial, tras el cese de junio señalado por el citado departamento y recogido por medios nacionales.

El comunicado oficial de los CDC, citado por la prensa estadounidense, insiste en que las recomendaciones que se mantienen reflejan prácticas amparadas por consenso internacional y evidencia científica consolidada. Para las vacunas que han dejado de recomendarse universalmente, los responsables apuntan al modelo seguido en varios países desarrollados europeos y asiáticos, donde el calendario vacunal contempla menores obligaciones.

Estas modificaciones han generado fuertes controversias entre profesionales sanitarios. Voces críticas argumentan, según recogen distintos medios, que la relajación de las recomendaciones puede traducirse en una menor cobertura inmunitaria, con posibles repercusiones para la salud pública. Los responsables federales mantienen que la decisión busca ajustar el esquema vacunal nacional a realidades científicas revisadas y armonizar las recomendaciones con las de otros países.

La nueva política de vacunación enfatiza la importancia del diálogo cualificado entre los profesionales médicos y las familias. Según el comunicado del Departamento de Sanidad y Servicios Humanos, cualquier decisión respecto a la administración de las vacunas ahora catalogadas bajo acuerdo clínico dependerá del contexto particular del paciente y las recomendaciones individualizadas del profesional responsable.

El reemplazo de los integrantes de la comisión y los nombramientos de funcionarios alineados con la actual administración reconfiguran el panorama de las políticas públicas de inmunización. Según consignó el medio de referencia, las posturas críticas hacia algunas vacunas, incluso aquellas con una larga tradición de uso en la prevención de enfermedades, se han visto reflejadas en la modificación de las guías nacionales, alejándose de la política previa que subrayaba la universalidad de la inmunización infantil.

El debate sobre la eficacia y la necesidad de ciertas vacunas, así como la influencia de opiniones políticas en la elaboración de las recomendaciones oficiales, constituye un eje central de la discusión científica y social en el país. El nuevo esquema será objeto de seguimiento por parte de organizaciones internacionales y sociedades médicas, según lo publicado por diversos portales y organismos, ante la posibilidad de que afecte los niveles de protección frente a enfermedades prevenibles por inmunización.