Sánchez llama a la "desescalada" en Venezuela y garantiza la operatividad de la Embajada española

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España intensificó el monitoreo de la situación en Venezuela tras el anuncio del traslado de Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores fuera del país, luego de una operación militar estadounidense que incluyó ataques en zonas civiles y militares de Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Según reportó el medio de comunicación, el Gobierno español, encabezado por Pedro Sánchez, aseguró la plena operatividad de la Embajada de España y sus consulados en territorio venezolano. En la misma jornada, Sánchez hizo público su llamado a la "desescalada" de la tensión y destacó la "responsabilidad" internacional ante la crisis, reafirmando la importancia de proteger al personal diplomático y de mantener el respeto al Derecho Internacional y los principios consagrados por la Carta de Naciones Unidas. Así lo detalló, entre otros mensajes, a través de su cuenta oficial en la red social X, según publicó el medio citado.

De acuerdo con la información difundida por la fuente, el Ejecutivo español declaró que el monitoreo de los acontecimientos en Venezuela se realiza en estrecha coordinación con socios europeos y países del entorno regional. Sánchez enfatizó el compromiso de España con la protección de sus ciudadanos y funcionarios en el exterior, mientras se desarrolla la crisis iniciada por la operación militar estadounidense. El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación también confirmó públicamente su participación en estas labores de seguimiento en constante contacto con los organismos internacionales y aliados.

El medio señaló que durante el operativo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el Ejército de su país logró la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes posteriormente fueron trasladados fuera del territorio venezolano. La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, declaró que el Gobierno actualmente desconoce el paradero de ambos dirigentes y exigió a la administración norteamericana una prueba de vida que confirme su estado. El Gobierno de Venezuela calificó estos hechos como una "gravísima agresión militar", apuntando hacia ataques aéreos dirigidos contra infraestructuras y población civil y militar en las localidades antes señaladas.

Tal como consignó la fuente, el Ejecutivo venezolano denunció ante la comunidad internacional la serie de bombardeos estadounidenses argumentando una violación flagrante de la soberanía nacional. El Gobierno de Caracas condenó la operación como un acto hostil que impacta a la población civil y solicitó reacciones multilaterales en el marco del Derecho Internacional.

Por otra parte, la presidencia de Pedro Sánchez subrayó en sus declaraciones la relevancia de evitar una escalada de violencia en Venezuela y de buscar mecanismos políticos y diplomáticos que encaucen la situación. El medio detalló que Sánchez insistió en la necesidad de acatar la legalidad internacional y de mantener operativos los canales diplomáticos mientras persiste la incertidumbre sobre el destino de los principales líderes venezolanos.

En el desarrollo de los acontecimientos, distintas instituciones de la Unión Europea se mantuvieron en contacto con Madrid, intercambiando información acerca de la protección consular y la asistencia a ciudadanos comunitarios residentes en Caracas y otras zonas afectadas. De acuerdo con la cobertura del medio, la Embajada española y los consulados ratificaron su funcionamiento pese al clima de inestabilidad generado por el operativo militar y la detención de Maduro.

El medio reportó que tanto el Ministerio de Asuntos Exteriores español como la oficina de la presidencia conservaron la postura de estudiar de forma continua la evolución de los hechos, en especial ante la preocupación por la seguridad de los ciudadanos españoles en Venezuela. Las comunicaciones oficiales subrayaron la coordinación regional e internacional y la disposición a contribuir desde la diplomacia a la resolución de la crisis.

La vicepresidenta venezolana solicitó además que Estados Unidos aporte pruebas fehacientes sobre el paradero y las condiciones físicas del presidente Maduro y de la primera dama. Exigió a Washington el respeto a los convenios internacionales de protección a dirigentes aprehendidos y confirmó la apertura de vías diplomáticas para tratar la situación. Todo esto, según informaciones recabadas por el medio mencionado.

En última instancia, Sánchez reiteró su llamamiento a la comunidad internacional para que actúe en consonancia con los principios de la ONU y refuerce su apoyo a soluciones pacíficas, evitando cualquier acción que agrave la situación humanitaria y política en Venezuela. Entre tanto, la operación militar estadounidense marcó un nuevo punto de tensión en las relaciones internacionales en la región, con repercusiones directas para la seguridad de las representaciones diplomáticas extranjeras y de la población local.