Un tribunal de Pakistán condena a cadena perpetua a seis personas por "terrorismo digital"

El antiguo mayor del Ejército de Pakistán, Adil Raya, fue declarado "proscrito" por las autoridades de Pakistán apenas unos días antes de conocerse el veredicto judicial que impuso dos sentencias de cadena perpetua contra seis personas, entre ellas el propio Raya, en un proceso vinculado a los disturbios ocurridos tras la detención del ex primer ministro Imran Jan en mayo de 2023. El Tribunal Antiterrorista de Pakistán dictó las condenas bajo cargos de "terrorismo digital", infligiendo penas que también incluyen diferentes multas, según reportó el medio paquistaní 'Dawn'.

De acuerdo con la información difundida por 'Dawn', las personas sentenciadas comprenden al 'youtuber' Adil Raya, los periodistas Uajahat Said Jan, Sabir Shakir y Shahin Sehbai, el presentador Haider Raza Mehdi, el analista Moid Pirzada y el exmilitar Akbar Husain. La Fiscalía atribuyó a los condenados responsabilidades en una serie de actividades digitales consideradas "terrorismo digital contra las instituciones" del país, relacionadas con los desórdenes que estallaron tras el arresto de Imran Jan.

Estos incidentes involucraron asaltos a sedes de organismos oficiales e instalaciones militares por grupos de manifestantes. El gobierno calificó el día en que se produjeron estos hechos como 'Día Negro', detalló el medio anteriormente citado. Las movilizaciones se convocaron a nivel nacional y desembocaron en episodios de violencia tras la detención de Jan, quien entonces se encontraba en el centro de una crisis política nacional.

En respuesta a estos sucesos, las fuerzas de seguridad implementaron una campaña de represión, con el resultado de que civiles enfrentan procesos ante tribunales militares. La radicalización de la respuesta estatal se enmarca en el contexto de la violencia desatada en las calles, donde manifestantes derribaron barreras y accedieron a instalaciones sensibles del Estado. Esta escalada llevó a la apertura de múltiples investigaciones judiciales en paralelo a la intensificación de las medidas de control del orden público.

El procesamiento de los ahora condenados por "terrorismo digital" formó parte de una de estas investigaciones. Durante el juicio, la acusación subrayó que el uso de plataformas digitales y la difusión de contenidos en medios sociales jugaron un papel relevante en instigar y magnificar los episodios de violencia, según publicó 'Dawn'. Además de las condenas a cadena perpetua, el tribunal impuso otras penas de prisión y sanciones económicas de distinta cuantía a los acusados.

El caso se produce en un contexto político marcado por la figura de Imran Jan, quien, tras acceder al poder en 2018 mediante unas elecciones controvertidas, fue destituido en abril de 2022 por el Parlamento a través de una moción de censura. Su salida del gobierno provocó una ola de protestas y manifestaciones masivas exigiendo su retorno. Diversos de estos actos públicos acabaron en episodios violentos, que incrementaron la presión sobre las autoridades y contribuyeron a la dura respuesta estatal ante los acontecimientos de mayo de 2023.

Imran Jan ha recibido varias condenas de cárcel por corrupción y otros delitos en los meses posteriores a su detención y permanece en prisión. Tanto Jan como sus simpatizantes sostienen que los procesos en su contra tienen motivaciones políticas y buscan impedir su participación en futuras elecciones. Esta postura ha alimentado sucesivas expresiones de descontento entre sectores de la población y un clima de polarización política, según consignó el diario 'Dawn'.

El juicio y las penas dictadas por el Tribunal Antiterrorista han generado un amplio debate en torno a la aplicación de leyes relativas a delitos informáticos y su impacto en el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Los condenados, algunos de los cuales ejercían como periodistas o analistas, recibieron penas severas no solo por su supuesto papel en los enfrentamientos físicos, sino principalmente por la utilización de plataformas digitales en los días de protesta.

Las sentencias y la represión posterior a los disturbios han despertado reacciones diversas dentro y fuera del país. Distintos sectores cuestionan el empleo de tribunales antiterroristas y la militarización de la justicia contra civiles implicados en protestas políticas, una tendencia que ha cobrado fuerza en Pakistán durante los meses recientes, reportó el medio paquistaní. Este ambiente tenso sigue afectando el debate público y la situación de los derechos civiles en el país, mientras se mantiene la incertidumbre acerca del futuro político de Imran Jan y sus posibilidades en los procesos electorales venideros.