Un tribunal de Corea del Sur prorroga otros seis meses la orden de detención contra el expresidente Yoon

Las sospechas sobre indicios de destrucción de pruebas han sido determinantes en la decisión judicial que extiende la detención del expresidente surcoreano Yoon Suk Yeol, quien permanece arrestado en tanto avanza su proceso por insurrección y abuso de poder. Según detalló la agencia surcoreana Yonhap, el Tribunal del Distrito Central de Seúl resolvió ampliar por seis meses el arresto preventivo contra el exmandatario, cuya orden previa estaba a punto de vencer el 18 de enero.

El tribunal consideró que persistía el riesgo de que Yoon interfiriera en la recolección de evidencia clave para la investigación, lo que motivó la prórroga solicitada por el fiscal especial Cho Eun Suk. De acuerdo con lo consignado por Yonhap, las acusaciones contra el expresidente incluyen la imposición de la ley marcial en diciembre de 2024, medida que precipitó su destitución y desencadenó una profunda crisis política en Corea del Sur.

Como reportó Yonhap, la fiscalía sostiene que Yoon habría ordenado en octubre de 2024 el envío de drones hacia Corea del Norte, con el objetivo de provocar represalias por parte del régimen norcoreano y usar esos incidentes como justificación política para declarar la ley marcial. Según los fiscales, el exjefe de Estado emitió esas instrucciones directamente al responsable de la operación de los vehículos aéreos no tripulados, sin comunicarlo oficialmente al Ministerio de Defensa ni al Estado Mayor Conjunto.

La ofensiva judicial impulsada por Cho Eun Suk integra estos cargos en la histórica acusación por insurrección y abuso de poder, que convierte a Yoon en el primer líder surcoreano procesado bajo esta figura estando privado de libertad y suspendido en sus funciones. El procedimiento judicial representa un hito en la política contemporánea del país, al poner en el centro del debate el uso de atribuciones presidenciales durante situaciones de crisis.

Durante las audiencias del proceso, los fiscales han remarcado, según publicó Yonhap, que el despliegue de drones no solo pretendía exacerbar la tensión con Corea del Norte, sino que fue ejecutado deliberadamente sin la autorización de los órganos militares competentes. Este hecho figura como evidencia crucial para sostener la acusación de insurrección, dado que se trata de acciones consideradas al margen de la legalidad institucional surcoreana.

El proceso judicial continuará en los próximos meses bajo la supervisión del Tribunal del Distrito Central de Seúl, que mantendrá bajo custodia a Yoon Suk Yeol mientras se dilucidan las circunstancias que llevaron a la instauración de la ley marcial. Según describió Yonhap, este contexto ha originado intensos debates dentro de la sociedad surcoreana acerca del alcance del poder presidencial y la respuesta del sistema judicial ante supuestos excesos en el ejercicio del cargo.

La agencia Yonhap señaló que la prórroga de la detención ha sido recibida con expectación debido al carácter sin precedentes del caso. Además de enfrentar cargos por insurrección, Yoon afronta acusaciones de violación de protocolos institucionales y abuso de autoridad, hechos que contribuyeron a su desafuero y posterior arresto.

El caso sigue acaparando la atención tanto dentro como fuera de la península coreana, ya que la continuidad del arresto y las investigaciones reflejan la dimensión de la crisis política surgida tras los hechos de diciembre de 2024. La posición del expresidente Yoon y de las autoridades judiciales surcoreanas continuará definiéndose en el marco de un extenso proceso legal, según han venido reportando diversos medios y analistas en el país asiático.