
Las operaciones militares ordenadas en el cierre del año han generado críticas de organizaciones humanitarias, enfocadas en el carácter de los bombardeos realizados por fuerzas estadounidenses contra embarcaciones civiles en zonas marítimas del Caribe y el Pacífico. Según publicó el Departamento de Defensa de Estados Unidos, estos incidentes se enmarcan en una estrategia orientada a combatir las rutas del narcotráfico, aunque la ausencia de información precisa sobre la ubicación y la fecha exacta de los ataques ha alimentado la polémica acerca del proceder y los criterios empleados en estas acciones.
De acuerdo con el comunicado divulgado por el Mando Sur de las Fuerzas Armadas estadounidenses y referenciado por la nota de prensa consultada, cinco personas fallecieron tras la ejecución de dos bombardeos contra lanchas identificadas como presuntos vehículos del narcotráfico. El texto, difundido en redes sociales, especificó que las embarcaciones transitaban por vías habitualmente utilizadas para el tráfico ilícito de estupefacientes. La primera de las embarcaciones sufrió la muerte de tres ocupantes y en la segunda se reportó el deceso de dos más, dando un saldo confirmado de cinco. "Un total de cinco narco-terroristas han muerto durante estas acciones, tres en la primera embarcación y dos en la segunda", señala literalmente el comunicado citado por la fuente original.
El mensaje emitido por el Mando Sur incluyó también imágenes en video captadas durante los instantes en que los proyectiles impactan cada una de las naves atacadas, según reportó el medio original. Aunque el comunicado no identifica la localización precisa ni las coordenadas donde ocurrieron las operaciones, sí aclara que tuvieron lugar en rutas recurrentes de tráfico de drogas y solamente horas antes del cierre de 2025, indicó la fuente. Adicionalmente, el texto remarca que el ataque partió de una orden directa del secretario de Guerra (Defensa), Pete Hegseth.
La estrategia militar estadounidense en aguas internacionales entre el Caribe y el Pacífico oriental ha registrado, desde septiembre y hasta el cierre de año, más de 30 bombardeos dirigidos contra embarcaciones que, de acuerdo con el gobierno de Washington, son utilizadas para el transporte de drogas ilícitas. Las cifras recopiladas por los informes oficiales y compartidas por la nota de prensa arrojan un balance de al menos 112 personas fallecidas como resultado de esta serie de bombardeos, contabilizando las cinco víctimas más recientes asociadas a los últimos dos ataques.
Estas operaciones han recibido objeciones formales por parte de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, que sostienen que la naturaleza de los bombardeos podría constituir ejecuciones extrajudiciales. A través de distintas plataformas públicas y pronunciamientos, agrupaciones humanitarias han denunciado que el empleo de fuerza letal en ataques contra embarcaciones civiles —incluso bajo sospecha de actividades ilícitas— puede vulnerar las garantías internacionales que rigen los procedimientos militares y las normas sobre enfrentamiento del delito.
El mismo comunicado de las Fuerzas Armadas estadounidenses subraya el carácter "antinarcotráfico" de las operaciones, señalando a las personas fallecidas como "narco-terroristas". No obstante, la ausencia de detalles independientes sobre la identidad de las víctimas o la posible existencia de procedimientos judiciales previos refuerza las inquietudes expresadas por los colectivos de derechos humanos, según reportó la plataforma de noticias de origen.
En todos sus reportes recientes, el Mando Sur argumenta que las acciones armadas responden a informes de inteligencia que vinculan a las embarcaciones interceptadas con redes criminales dedicadas al tráfico internacional de drogas, sostuvo la publicación de referencia. De igual manera, reiteran que la prioridad estratégica del comando radica en la interrupción y desarticulación de cadenas logísticas del narcotráfico que transitan regularmente por esa franja marítima.
Las imágenes y videos difundidos por el Departamento de Defensa en plataformas digitales se han convertido en objeto de análisis por organismos independientes, interesados en determinar el cumplimiento de protocolos internacionales en el uso de la fuerza. Esto ha reavivado un debate internacional acerca de los límites de la acción militar cuando se actúa fuera del territorio nacional y contra presuntos miembros de organizaciones criminales, enfatizó la fuente.
Diversos sectores de la sociedad civil y analistas del ámbito jurídico han manifestado preocupación por la falta de transparencia en la publicación de detalles vinculados a la identidad de los fallecidos, la justificación legal de los ataques y el seguimiento de las actuaciones tras los operativos. Estas dudas se profundizan por el carácter repetido de los bombardeos en un periodo relativamente corto y su impacto en la percepción pública sobre el respeto a las normas internacionales, refirió el medio especializado.
Mientras tanto, continúan sumándose denuncias internacionales que reclaman esclarecer si las víctimas tuvieron oportunidad de defensa o si existían alternativas a la neutralización mediante bombardeo. El ciclo de ataques lanzados por Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico durante los últimos meses mantiene en la agenda internacional la discusión sobre la legalidad y la legitimidad de las tácticas empleadas, dentro del marco de la lucha internacional contra el narcotráfico, según el informe publicado.