
El jefe del consejo municipal de Bazariya, Hazem Yasine, calificó la reciente operación militar en la localidad como un “crimen atroz”, declaración reproducida por la agencia de noticias palestina WAFA, la cual también informó que la demolición se efectuó con maquinaria pesada. Según WAFA, la vivienda derribada estaba vinculada a Malik Salem, uno de los dos palestinos señalados como responsables de un ataque mortal registrado el pasado 10 de julio contra un guardia de seguridad israelí, identificado como Shalev Zvuluny, de 22 años.
De acuerdo con el anuncio del Ejército de Israel, la demolición tuvo lugar este miércoles en Cisjordania y tenía como objetivo la residencia de Salem en Bazariya. Las autoridades militares israelíes atribuyeron la acción a los hechos ocurridos en un supermercado de los asentamientos de Gush Etzion, ubicados entre Jerusalén y Hebrón, donde Zvuluny, de 22 años, falleció tras ser apuñalado por los supuestos atacantes.
El medio WAFA detalló que el ataque se desarrolló cuando dos palestinos, identificados como Mahmud Abed y Malik Salem, atacaron a Zvuluny frente a un supermercado, lograron quitarle su arma y se enfrentaron a disparos con un soldado presente en el lugar. Según lo reportado por las fuerzas israelíes y reproducido por el mismo medio, ambos presuntos atacantes murieron durante este enfrentamiento armado.
La intervención del Ejército israelí incluyó el uso de una excavadora para demoler la vivienda en cuestión, según especificaron tanto el propio Ejército en su comunicado como fuentes consultadas por WAFA. Las autoridades locales y residentes expresaron su rechazo a la operación, tildándola de represalia colectiva y enfatizando el impacto de estas medidas sobre la población civil. WAFA recogió también la postura palestina, que puntualizó que Salem perdió la vida el 10 de julio en la zona sur de Belén, debido a disparos de las fuerzas israelíes.
La práctica de demoler viviendas de acusados de ataques con resultado de muerte ha sido defendida por el Ejército de Israel como un método disuasorio, aunque organizaciones de derechos humanos y representantes palestinos han cuestionado la legalidad y la eficacia de estas acciones, argumentando sus repercusiones para los familiares y vecinos de los señalados. El caso de la casa en Bazariya se suma a una serie de demoliciones similares efectuadas en los últimos años a raíz de ataques en zonas cercanas a asentamientos y otros puntos de conflicto.
Tal como consignó WAFA, el despliegue militar y la destrucción de la casa originaron manifestaciones de condena entre autoridades municipales y residentes de la localidad. Las declaraciones de Yasine reflejaron el malestar de la población, que denunció el suceso como un agravio grave durante un periodo de tensiones y enfrentamientos recurrentes en la región.
El Ejército israelí, por su parte, subrayó la relación directa entre la residencia demolida y el ataque del pasado julio. En su comunicación oficial, remarcó que los autores del apuñalamiento resultaron muertos durante el intercambio de disparos posterior al atentado, acontecimiento al que vinculan la demolición llevada a cabo.
El suceso ha intensificado el debate sobre las medidas de seguridad y las respuestas militares dentro de Cisjordania, donde las demoliciones de viviendas continúan generando críticas y llamados a la moderación por parte de diversas organizaciones y portavoces. En este contexto, informó WAFA, la población de Bazariya afronta las consecuencias materiales y sociales de la demolición, mientras persisten las disputas en torno a las políticas de seguridad israelíes y su impacto sobre las comunidades palestinas.
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