La defensa del exministro tunecino Ali Larayedh ha denunciado que la condena de 34 años en su contra se inscribe en una campaña de difamación y desinformación por parte de las autoridades de Túnez. Según informó Europa Press, Larayedh permanece privado de libertad desde 2022 y su sentencia responde a acusaciones de facilitar la salida de ciudadanos tunecinos hacia zonas de conflicto como Siria, quienes posteriormente habrían ingresado a organizaciones como el Estado Islámico.
La situación de Larayedh coincide con una protesta protagonizada por destacados políticos del partido Ennahda. Tal como detalló Europa Press, los líderes Rachid Ghanuchi y Ali Larayedh, junto a Said Ferjani, todos encarcelados, han iniciado una huelga de hambre en respaldo al abogado Ayachi Hammami. Hammami, activista y defensor de los derechos humanos, lleva varios días sin ingerir alimentos tras ser condenado a cinco años de prisión bajo cargos que él mismo y su entorno consideran de motivación política. La protesta colectiva, declarada desde prisión, tiene como principal exigencia que Hammami pueda acceder a un juicio que reúna las garantías procesales adecuadas.
El partido Ennahda dio a conocer la acción en sus redes sociales, recalcando que los tres dirigentes permanecerán sin consumir alimentos hasta el 24 de diciembre. Según reportó Europa Press, Hammami fue arrestado a principios de diciembre en su domicilio en Ben Arus. En un video colgado en su perfil de Facebook, el propio Hammami expuso su situación: “Si ven este video, significa que yo, Ayachi Hammami, he sido arrestado por las autoridades de (el presidente del país) Kaïs Saied y encarcelado en una prisión de Túnez para ser condenado a cinco años de prisión por el delito de pertenencia a una organización terrorista. Esta es una forma de castigo impuesta por el juez del tribunal de apelación, pero en realidad es una decisión política de Kaïs Saied y su Gobierno”, manifestó el opositor.
El contexto en el que ocurren estas protestas incluye una serie de detenciones y procesos judiciales que, de acuerdo con el partido Ennahda, constituyen una ofensiva política más amplia desde la intervención del presidente Kaïs Saied el 25 de julio de 2021. Tras esa fecha, Saied asumió poderes extraordinarios, suspendió el Parlamento y convocó nuevas elecciones, circunstancias que generaron un panorama de profunda confrontación institucional en Túnez. Europa Press detalló que la oposición acusa al mandatario de instaurar un régimen autoritario. Las elecciones presidenciales programadas para 2024 han sido calificadas por diversos sectores críticos como una puesta en escena sin legitimidad y marcadas por una mínima participación ciudadana.
Sobre la situación jurídica de Rachid Ghanuchi, el medio Europa Press consignó que el ex primer ministro, encarcelado desde abril de 2023, enfrenta varias condenas por presuntos delitos de conspiración contra el Estado, financiación ilícita del partido Ennahda, apología del terrorismo y corrupción. La formación política sostiene que las investigaciones y las sentencias en su contra, así como el tratamiento recibido por otros referentes de la oposición y la sociedad civil, responden a una estrategia de eliminación de voces disidentes y no a procesos judiciales basados en pruebas objetivas.
Ferjani, también comprometido con las filas de Ennahda, se unió a la huelga como muestra de respaldo a Hammami y en protesta contra lo que consideran una aplicación arbitraria del sistema judicial. Las organizaciones nacionales e internacionales han alertado, según publicó Europa Press, sobre la situación de los derechos humanos y la falta de garantías de los procesos en el país. La defensa legal de los manifestantes sostiene que estas acciones buscan poner de manifiesto “una serie de juicios políticos contra todos los sectores del espectro político y la sociedad civil desde el golpe”.
En su conjunto, las denuncias de persecución política y las protestas de los dirigentes encarcelados han generado preocupación sobre la independencia del sistema de justicia tunecino y la capacidad del régimen actual para garantizar el debido proceso. Las declaraciones difundidas por Europa Press muestran un clima de desconfianza respecto a la posibilidad de que los opositores políticos reciban juicios basados en el respeto a las garantías fundamentales. La repercusión de este conflicto traspasa el ámbito local y alimenta el debate internacional sobre la deriva política del país en los últimos años.
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