
Entre las principales pruebas analizadas por las autoridades australianas figuran grabaciones almacenadas en teléfonos y otros dispositivos digitales que muestran a Sajid y Naveed Akram efectuando prácticas de tiro en zonas rurales de Nueva Gales del Sur y recitando versos coránicos horas antes del ataque en Bondi Beach. Estas evidencias, detalladas por el medio ABC, desempeñaron un papel decisivo para que la Policía concluyera que el atentado perpetrado el 7 de diciembre fue planificado y ejecutado sin intervención extranjera, resultado de un proceso de radicalización interna y desarrollo ideológico realizado enteramente en suelo australiano.
Tal como reportó ABC, el análisis forense abarcó archivos de video, mensajes electrónicos, fotografías y otros registros digitales. El trabajo permitió reconstruir no solo el día del atentado, sino además las rutinas previas de los implicados, documentos vinculados a la logística y materiales ideológicos vinculados al extremismo religioso y político de los atacantes. Las distintas piezas obtenidas a partir de los dispositivos sustanciaron la acusación judicial, al evidenciar cómo se gestó la motivación, la organización y la ejecución del operativo sin rastros de injerencia internacional.
La cooperación entre los diversos cuerpos policiales australianos se potenció luego de que autoridades filipinas negaran cualquier conexión entre los hermanos Akram y grupos activos en Filipinas, según consignó ABC. Esta negativa contribuyó a consolidar la hipótesis oficial sobre la ausencia de vínculos extranjeros y reforzó el enfoque en la radicalización dentro del propio país. El flujo de información entre las fuerzas de seguridad australianas y sus pares de otros países ayudó a delimitar la naturaleza exclusivamente interna del ataque.
Durante la investigación, los peritos identificaron mensajes originales en los dispositivos electrónicos de los agresores con mensajes hostiles hacia la comunidad "sionista". ABC explicó que estos contenidos se interpretaron como un nexo directo entre la radicalización religiosa y la decisión de seleccionar la festividad judía de Janucá como marco temporal para el atentado, en una playa que concentró ese día a cerca de dos mil personas. Además, la revisión de los registros digitales documentó la preparación y manipulación de armas, así como la planificación de tiempos y sitios para el ataque.
ABC reportó que el ataque armado dejó un saldo de quince fallecidos y cuarenta y dos heridos. Estas cifras, hasta entonces sujetas a restricciones judiciales, se dieron a conocer tras la apertura de la investigación. El propio Sajid Akram murió durante el enfrentamiento con la policía en la playa, mientras que Naveed Akram fue capturado y actualmente enfrenta cincuenta y nueve cargos vinculados a delitos de terrorismo, tenencia ilegal de armas y organización de actos violentos, según la evidencia digital recolectada.
El operativo demostró el uso de tres armas de fuego y cuatro artefactos explosivos improvisados que, según fuentes consultadas por ABC, no llegaron a activarse, lo que impidió que la cantidad de víctimas fuera superior. Especialistas subrayaron que de haberse detonado los explosivos, el resultado trágico habría sido mucho mayor y, por tanto, el análisis de estos materiales cobró relevancia en la evaluación de la capacidad operativa y maliciosa de los responsables.
El canal ABC indicó que los hallazgos forenses fueron fundamentales tanto para las imputaciones judiciales presentadas contra Naveed Akram como para la comprensión por parte de las autoridades australianas respecto al proceso de radicalización doméstica. Los expertos lograron distinguir fases de adoctrinamiento, cambios en las comunicaciones electrónicas y la estructuración de ideas orientadas a la violencia, así como la selección y seguimiento de potenciales blancos en territorio australiano.
La investigación evidenció que las etapas del extremismo de los hermanos Akram comenzaron a manifestarse en intercambios digitales y grabaciones de actividades cotidianas, facilitando la tarea policial en la detección de patrones y señales de alerta. ABC señaló que estas pautas derivaron en nuevas guías para la prevención del terrorismo, con atención especial a la vigilancia de comunicaciones electrónicas, videos y perfiles digitales en redes, que ahora forman parte del esquema habitual de monitorización de amenazas internas.
Como respuesta al caso, las agencias de seguridad, justicia y las instancias estatales revisaron y actualizaron procedimientos, protocolos de coordinación y capacitación de agentes orientados a la detección y neutralización de amenazas similares. El caso forzó el debate sobre la suficiencia de los sistemas preventivos disponibles antes del hecho y motivó una revisión exhaustiva de manuales, esquemas de formación y protocolos de actuación conjunta, según detalló ABC.
Las recomendaciones surgidas a partir del análisis de la investigación permiten reforzar el monitoreo de señales de radicalización y dotan a las fuerzas de seguridad de mayores recursos para actuar ante alertas generadas por actividades sospechosas detectadas en plataformas digitales. ABC reportó que el caso de los hermanos Akram se integró como base de ejemplo en la instrucción de equipos policiales y la elaboración de nuevas directrices orientadas específicamente a la identificación y neutralización de extremismos de origen nacional.
Organismos de seguridad e instituciones judiciales consideraron este evento un punto de inflexión en la elaboración y fortalecimiento de los sistemas de prevención de amenazas terroristas locales. Desde entonces, la estrategia del Estado australiano prioriza la recopilación y el análisis minucioso de registros digitales para anticipar posibles atentados y mejorar la reacción ante potenciales casos de radicalización interna. Según lo publicado por ABC, el ataque en Bondi Beach se ha consolidado como referente para la actualización constante de protocolos nacionales y de la cooperación interinstitucional en la prevención, identificación y respuesta ante nuevos escenarios de terrorismo doméstico.
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