PSOE pide que alcalde de Móstoles acuda a Comisión de Mujer y declarar "non grata" a Millán para ser vicepresidenta

El principal partido de la oposición exige respuestas públicas ante las acusaciones de acoso en Móstoles y presiona al Parlamento regional para que niegue respaldo institucional a cargos implicados, mientras crece la controversia por la gestión política del caso

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Mar Espinar, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, afirmó que la identidad de la exedil que denunció acoso en el Ayuntamiento de Móstoles fue revelada por la propia Presidencia, lo que, según sostuvo, ha dejado a la denunciante expuesta ante los medios y sin protección ante la esfera pública. La diputada anunció que su grupo está analizando acciones legales ante lo que definió como una filtración grave, alegando que publicar datos personales de la víctima representa una vulneración que debe abordarse.

Según informó la agencia Europa Press, el principal partido de la oposición solicitó que el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, del Partido Popular, comparezca en la Comisión de Mujer de la Asamblea de Madrid. El objetivo de esta solicitud es que el regidor ofrezca explicaciones sobre su postura y gestión ante la acusación de acoso laboral y sexual presentada por una exconcejala. Espinar subrayó que Bautista debe explicar los hechos públicamente antes de tomar cualquier decisión, como su posible dimisión. La presión del PSOE también alcanzó a la vicepresidenta de la propia Asamblea, Ana Millán, a quien el grupo socialista pretende declarar “non grata” para desempeñar el cargo institucional por su papel en la controversia.

De acuerdo con Europa Press, Espinar denunció en una rueda de prensa que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no se reunió con la denunciante, pero sí mantuvo encuentros con la persona acusada, transmitiendo mensajes a través de sus diputados de confianza, Pedro Serrano y Ana Millán, quienes según la portavoz socialista, presionaron a la víctima para que guardara silencio y eliminaran mensajes que la involucraban. Espinar cuestionó abiertamente el protocolo existente en el Partido Popular para actuar ante casos de abusos dentro de sus filas y acotó: “¿Cuál es el protocolo que tiene el Partido Popular para defender a una víctima de abusos en su partido? ¿Publicar su identidad para exponerla aún más, amenazarla con lo que puede pasar si denuncia?”

El medio Europa Press detalló que, como respuesta al posible encubrimiento institucional, los socialistas también registraron dos Proposiciones No de Ley en la Asamblea. La primera exige que la Cámara declare “non grata” a Ana Millán para desempeñar la vicepresidencia y la segunda insta a la ratificación del rechazo parlamentario a la violencia de género, pidiendo que los partidos implementen protocolos claros para prevenir, detectar y combatir la violencia machista dentro de sus estructuras internas.

Durante la intervención, Espinar defendió la necesidad de consecuencias políticas para los implicados y expresó que calificar como “acoso” conductas ajenas a la simple interacción social es fundamental para visibilizar estas problemáticas: “Acoso no es ligar”, puntualizó. Sostuvo que al recomendar a la víctima que se mantuviera en silencio como “la mejor manera para protegerse”, la dirección popular demostró un comportamiento institucionalmente reprobable.

Por su parte, el Partido Popular, a través de su portavoz en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, expresó que la institución parlamentaria no tiene responsabilidad para fiscalizar la actuación de los alcaldes municipales ni de empresas privadas u otros organismos externos. Díaz-Pache insistió ante Europa Press en que la comparecencia del alcalde de Móstoles no resultaba pertinente bajo esta lógica, ya que la Asamblea convoca comparecientes solo para asesorar a los diputados en cuestiones sobre las que poseen atribuciones.

La controversia expuesta por Europa Press refleja una creciente presión política sobre la gestión de los casos de acoso dentro de las instituciones madrileñas y la reacción a nivel de partidos ante denuncias de este tipo. El PSOE insistió en la importancia de que los cargos públicos implicados rindan cuentas ante el Parlamento regional, mientras plantea que la respuesta institucional hasta ahora ha incumplido parámetros de protección y apoyo a víctimas dentro de la administración local y regional. Las propuestas legislativas presentadas buscan, según explicaron desde la formación socialista, reforzar la respuesta institucional ante cualquier forma de violencia de género y promover medidas internas de prevención que impidan la reproducción de estas situaciones en el ámbito político.

El trámite de las iniciativas impulsadas por el PSOE depende ahora de la agenda del Parlamento regional y abre un nuevo capítulo en el debate sobre la transparencia, responsabilidad y protección de víctimas en los casos que involucran a representantes públicos. Mientras tanto, la denuncia de la exedil y la gestión política de las acusaciones continúan generando debate y críticas cruzadas entre los grupos mayoritarios del poder regional, según recogió Europa Press.