Una ONG informa de la liberación del dirigente de Vente Venezuela Melquiades Pulido García

El líder opositor Melquiades Pulido García, de 70 años y diagnosticado con Parkinson, fue liberado tras cinco días de detención en Caracas, un periodo en el que su estado de salud se agravó por falta de atención médica especializada. Así lo informó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, que también detalló que Pulido enfrentaba complicaciones adicionales por problemas de coagulación durante su reclusión. La organización enfatizó que, aunque la familia y sus allegados políticos celebraron la excarcelación, las circunstancias que originaron su detención persisten y continúan encendiendo las alarmas sobre las garantías procesales en el país.

Según publicó la ONG, la detención de Pulido, coordinador de Gestión Pública del partido Vente Venezuela, se realizó sin orden judicial propiamente emitida. El medio consignó que tanto la agrupación opositora liderada por María Corina Machado como diversas organizaciones de la sociedad civil catalogaron el arresto como arbitrario y responsabilizaron directamente al gobierno de Nicolás Maduro por las condiciones de reclusión y el riesgo físico para Pulido. Vente Venezuela exigió una supervisión constante de organismos internacionales sobre los procesos penales iniciados contra actores críticos del gobierno y solicitó protección integral para líderes opositores.

La liberación reciente del sindicalista José Patines, quien estuvo desaparecido durante dos días y recobró su libertad tras la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la presión ejercida por colectivos sindicales, evidenció la influencia que los organismos internacionales y la sociedad civil ejercen en casos catalogados como detenciones arbitrarias. Según reportó Justicia, Encuentro y Perdón, la intervención de la CIDH resultó fundamental en la obtención de medidas cautelares que permitieron la liberación tanto de Patines como en otros casos similares.

La situación legal de defensores de derechos humanos y representantes sindicales permanece sujeta a preocupaciones constantes. Justicia, Encuentro y Perdón informó que, al mismo tiempo que se producía la liberación de Pulido, se revocó la medida cautelar que protegía la libertad de Omar Escalante, presidente de Fetracarabobo y miembro de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. La ONG interpretó este hecho como prueba de que persisten presiones sobre quienes lideran demandas laborales y sociales.

La organización y los medios digitales reseñaron un patrón reiterado en procedimientos de detención: se realizan sin garantías del debido proceso y suelen carecer de atención apropiada a la salud y derechos de las personas privadas de libertad. El caso de Pulido, junto con el de Patines, ilustra cómo la intervención de actores multilaterales puede alterar la suerte de los detenidos, aunque la persistencia de tácticas represivas expone a nuevos líderes a riesgos similares.

Según datos aportados por Foro Penal y replicados en los reportes consultados, 893 personas permanecen encarceladas en Venezuela por motivos políticos, y 63 han sido identificadas como desaparecidas forzadamente. Estas cifras alimentan la exigencia planteada tanto por Justicia, Encuentro y Perdón como por otros colectivos civiles de detener la criminalización del disenso y revisar los procedimientos judiciales bajo los que se investigan a miembros de la sociedad civil y figuras opositoras.

La organización expresó ante los medios: “Hasta tanto no se desarticule el aparato represivo y cese la persecución por razones políticas, Venezuela seguirá un conteo cruel de nuevas víctimas de prisión política”. En su postura, la entidad subrayó que tanto la presión interna de la sociedad civil como el apoyo y la vigilancia de organismos multilaterales son determinantes para impulsar la excarcelación de detenidos arbitrarios, aunque reconoció obstáculos estructurales que dificultan modificaciones profundas en el sistema judicial y penitenciario.

El monitoreo internacional se consolidó como pieza fundamental en la estrategia para proteger a líderes sociales y políticos. Según Justicia, Encuentro y Perdón y otras organizaciones señaladas en los comunicados citados, la cooperación entre movimientos internos y entes multilaterales permite documentar y denunciar las restricciones al ejercicio de derechos fundamentales, incrementando la visibilidad de cada caso ante la comunidad internacional.

De acuerdo con los reportes, los riesgos para quienes asumen liderazgos sindicales, políticos o sociales en Venezuela siguen elevados. Este contexto alimentó el llamado de colectivos nacionales y entidades globales a intensificar la observación y exigir garantías judiciales y protección efectiva para quienes defienden derechos fundamentales.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón reiteró en sus más recientes comunicaciones, reflejadas por medios digitales, que solo un seguimiento internacional sostenido junto con la coordinación estrecha con la sociedad civil venezolana permitirá hacer frente a los patrones restrictivos vigentes y evitar nuevas judicializaciones consideradas arbitrarias. La excarcelación de Melquiades Pulido García reavivó el debate público sobre la protección de los derechos y la situación de los presos políticos, colocando nuevamente en primer plano la demanda de reformas estructurales que incluyan garantías procesales y vigilancia internacional constante.