
El señalamiento directo hacia Gustavo Petro como “responsable político” del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay se intensificó a través de una publicación en la red social X, donde Miguel Uribe Londoño, padre de la víctima, reiteró su postura luego de que el presidente compartió extractos de una entrevista que sugerían presiones internas en el partido Centro Democrático como factor determinante en el caso. Según informó Europa Press, la controversia giró en torno a las declaraciones cruzadas entre el padre de Uribe Turbay y el mandatario colombiano que tuvieron como eje la responsabilidad política del magnicidio ocurrido el 7 de junio.
De acuerdo con Europa Press, el intercambio comenzó después de que el presidente Petro publicara un fragmento de la entrevista concedida por Uribe Londoño a Telemundo 51. En ese extracto se subrayó que el precandidato sufrió “parte del hostigamiento” de tres compañeras precandidatas dentro del partido Centro Democrático, lo que motivó que realizara campaña en la vía pública y quedara así expuesto al riesgo que derivó en su asesinato. El mandatario escribió: “Mucho tiempo duraron diciendo que el responsable del crimen del senador Uribe Turbay era yo, y resulta que su padre ahora acusa a otras personas ajenas a mi Gobierno. Es la Fiscalía la responsable de clarificar y acusar”. En este mensaje, Petro enfatizó la función de la justicia en el esclarecimiento de los hechos.
Europa Press reportó que tras esa publicación, Uribe Londoño replicó directamente en X: “Señor Petro, no hay ninguna duda que usted es el responsable político del magnicidio de mi hijo Miguel. No desvíe la atención confundiendo lo que aquí dije”. Esta postura sostuvo la acusación hacia el mandatario colombiano, a pesar de que las declaraciones originales del padre de la víctima aludían también a presiones internas provenientes de figuras relevantes del partido Centro Democrático.
La entrevista con Telemundo 51, recogida también por Europa Press, reveló que el senador Uribe Turbay habría recibido presiones de las entonces precandidatas María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia. Según Uribe Londoño, estas integrantes del partido lo obligaron a llevar su campaña a la calle, actuando así porque "les iba ganando" en la competencia interna. Estas presiones, de acuerdo con el testimonio del padre, no solo influyeron en la estrategia política del precandidato, sino que terminaron exponiéndolo y contribuyeron a la cadena de circunstancias que culminaron en su muerte.
Europa Press puntualizó que, finalmente, la designación de la candidatura para las elecciones presidenciales de 2026 recayó en Paloma Valencia, una de las figuras mencionadas como protagonistas del supuesto hostigamiento dentro del partido. Al reflexionar sobre el proceso interno que llevó al asesinato de su hijo, Uribe Londoño manifestó su desacuerdo con la exclusión de Uribe Turbay tras quedar descartado en la carrera por la candidatura, y consideró “injusta” esta decisión del partido. Estas declaraciones expandieron el conflicto interno del Centro Democrático, evidenciando fisuras y tensiones que alcanzaron una alta exposición pública con la tragedia.
El medio Europa Press también explicó que la reacción de la familia Uribe no se limitó a cuestionar el manejo interno del partido. Las respuestas del presidente Petro, quien desvinculó a su Gobierno de cualquier responsabilidad y trasladó la obligación de aclarar el caso a las instancias judiciales, motivaron que la familia reiterara públicamente sus acusaciones contra el jefe de Estado en redes sociales y entrevistas. Mientras tanto, desde la Presidencia se mantuvo el argumento de que recae en la Fiscalía General de la Nación la autoridad para investigar, identificar responsables y procesar judicialmente el caso.
Las circunstancias del asesinato de Miguel Uribe Turbay continúan rodeadas de debate público, con diversas voces señalando tanto disputas partidistas internas como supuestas responsabilidades políticas más allá del ámbito del Centro Democrático. El cruce de señalamientos y las declaraciones de los protagonistas delinean un escenario complejo en la política colombiana, donde la familia de la víctima se mantiene firme en sostener el reclamo de una responsabilidad política al más alto nivel. El caso sigue abierto y bajo indagación de las autoridades judiciales, mientras la controversia se traslada tanto a los medios de comunicación como a las redes sociales, generando un intenso escrutinio sobre las prácticas políticas del país, según resumió Europa Press.
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