La investigación de seis meses liderada por el fiscal especial Cho Eun-suk identificó que el expresidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, realizó una reestructuración en las filas del Ejército en octubre de 2023, colocando en posiciones clave a oficiales que después quedarían implicados en el intento de instaurar la ley marcial. Esta conclusión surge del informe publicado por la Fiscalía surcoreana, que sostiene que Yoon planificó la medida por lo menos un año antes de que decretara el estado de excepción el 3 de diciembre de 2024. Según detalló la agencia EFE, los resultados de la pesquisa fueron compartidos con la prensa este lunes, aportando datos que conectan los preparativos realizados por la administración de Yoon con posterioridad a su salida del ejecutivo.
De acuerdo con lo consignado por EFE, el equipo investigador afirmó que el exmandatario no solo anticipó su intención de imponer la ley marcial, sino que también intentó justificar la decisión mediante la manipulación de tensiones en la península. Según la Fiscalía, Yoon habría ordenado el envío de drones hacia Corea del Norte con la intención de desencadenar una respuesta militar que legitimara la instauración del régimen de excepción. Este plan no se materializó en un aumento de hostilidades, pues Pyongyang no respondió a la provocación, lo que impidió que el gobierno surcoreano consolidara los argumentos necesarios para sostener el estado marcial.
Tal como publicó la agencia EFE, Yoon enfrenta cargos de dirigir una insurrección, abuso de poder, obstrucción a la justicia, colaboración con un enemigo y perjurio. Todas estas acusaciones están relacionadas directamente con su intento de imponer la ley marcial, que oficialmente se justificó bajo la premisa de proteger al Estado frente a “fuerzas antiestatales”. Según el reporte judicial, el plan contemplaba no solo la manipulación del aparato militar sino también el uso sistemático de estructuras del Estado para consolidar el liderazgo de Yoon durante un período de crisis.
La Fiscalía también destacó, según informó EFE, que en total se ha acusado a 24 personas vinculadas con la imposición del estado de excepción de diciembre de 2024. Entre ellas figuran altos funcionarios como el entonces primer ministro, Han Duck-soo, el exdirector del Servicio Nacional de Inteligencia y el exministro de Defensa, además de mandos militares involucrados en la preparación de las medidas de emergencia. Han Duck-soo será el primero en enfrentar una sentencia judicial, prevista para finales de enero.
Yoon Suk-yeol decretó la ley marcial el 3 de diciembre de 2024, acción que fue revocada por la Asamblea Nacional surcoreana solo horas después de su entrada en vigor. Este hecho provocó una crisis institucional que llevó al Parlamento a destituir a Yoon en abril de 2025. Posteriormente, se celebraron elecciones presidenciales en junio, marcando el cierre de la crisis generada por el intento de instaurar un régimen de excepción.
De acuerdo con EFE, el informe del fiscal Cho Eun-suk subrayó que los movimientos en el alto mando militar efectuados por Yoon a finales de 2023 formaron parte de una estrategia deliberada para asegurar el control sobre las fuerzas armadas en caso de declarar medidas excepcionales. Las acusaciones recogen testimonios, documentos y evidencias que demuestran cómo la administración del expresidente planificó acciones que buscaban generar las condiciones internas y externas necesarias para justificar la acción extraordinaria del Estado.
El caso ha adquirido relevancia en la agenda pública coreana, tras conocerse el número de altos cargos implicados y el impacto de las decisiones adoptadas en el seno del gobierno y la seguridad nacional. Los procedimientos judiciales siguen su curso, con perspectivas de nuevas revelaciones a medida que se desarrollan los procesos pendientes y se valoran las pruebas recopiladas por el equipo que lidera el fiscal especial. La agencia EFE ha seguido informando sobre las consecuencias políticas y legales derivadas de este caso, que continúa generando atención tanto a nivel nacional como en observadores internacionales interesados en la estabilidad política de Corea del Sur.
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